El hombre que trabaja en la entidad declaró el martes y quedó imputado de formar parte de la asociación ilícita junto a un juez, su secretario, dos abogados y un martillero. frondosa causa avanza en los Tribunales provinciales y tiene a un juez en la antesala del jury.
La Capital |
La investigación judicial de las estafas con desvío de fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal de Rosario giró ayer en torno a la declaración del responsable del área informática de esa entidad, quien reconoció que "todo el personal" tenía acceso a la base de datos de las cuentas. El martes declaró y quedó imputado de formar parte de la asociación ilícita —junto a un juez, su secretario, dos abogados y un martillero— un hombre que también trabaja en la institución, señalado de pasar datos clave para orquestar las escandalosas maniobras.
El proceso judicial que se sustancia para establecer las responsabilidades penales del juez Alejandro Martín (afronta un jury de enjuiciamiento); su secretario Ricardo Lavaca, los abogados Jorge H. y Luciano G.M, el martillero Oscar K. y el empleado del banco Tomás M.E por las estafas con fondos judiciales sumó ayer la declaración testimonial de un agente responsable del área informática de la institución.
A la vista. En su exposición ante la jueza de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti, Carlos S. describió que las cuentas con fondos judiciales inmovilizados están digitalizadas en una base de datos a la que pueden acceder "todos los empleados", dato que abre una abanico impensado de posibilidades respecto a la circulación de esa información.Dijo además que no tenía vínculo ni trato con ninguno de los imputados y que apenas los conocía de nombre por trámites de rigor que alguno de ellos realizó en el banco. Sobre la operatoria con los oficios judiciales, relató que sólo tenían la obligación de cotejarlos con el juzgado si excedían los 100.000 pesos, de lo contrario se chequeaba con los registros del banco (número de cuenta y carátula) y se pagaban a sus portadores.
También se le tomó declaración a otro empleado "de mostrador", quien se limitó a describir su trabajo. No obstante, son coincidentes las referencias respecto al rol de Tomás E., otro empleado señalado como el nexo del grupo. Ese hombre declaró el martes, se despegó de la acusación, pero igualmente quedó imputado de ser integrante de la asociación ilícita.
Hasta el momento se menciona al martillero Oscar K. como organizador y es el único detenido en la resonante causa. Precisamente, la defensa del rematador, encabezada por los abogados Froilán Ravena y Germán Mahieu, aguardó ayer en vano que la jueza hiciera lugar al pedido de sustitución de prisión, trámite que Lamperti resolvería el lunes a más tardar, según confiaron fuentes judiciales.
Los profesionales también solicitaron que se le tome una ampliación de la declaración testimonial al gerente general del Banco Municipal.
A su vez, para el lunes está previsto que declaren como testigos los empleados de los juzgados civiles y comerciales Nº 17 y Nº1, despachos de los cuales se autorizaron los cuestionados oficios con los cuales se orquestó la estafa.
Juicio breve.En tanto, tras reconocer su participación en el hecho y endilgarle al martillero el rol de jefe de la organización delictiva, los abogados Jorge H. y Luciano G.M formalizaron un pedido para acceder a un juicio abreviado, que acarrea una reducción de la pena en suspenso.
El grupo se valió de datos precisos para absorber el dinero a través de oficios que, mayoritariamente, fueron autorizados desde el juzgado civil y comercial Nº 17, a cargo de Martín, donde los profesionales sustanciaban juicios ejecutivos falsos. Fueron un total de 57 movimientos de los que se valieron para cobrar cerca de un millón 50 mil pesos. Las maniobras fueron denunciadas por las autoridades del banco ante la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2012.
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