Tal como anunció el gobernador Antonio Bonfatti en la apertura del 131° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobierno envió a ese cuerpo el proyecto de Ley de Uso del suelo y hábitat, el cual promueve un conjunto de herramientas que contribuyen a la consolidación de un marco legal más igualitario en materia de acceso al suelo, habilita a los municipios y comunas a adherir a la misma, permite avanzar en la construcción de soluciones habitacionales, así como prevenir y revertir situaciones de informalidad urbana.
La iniciativa representa una continuidad en la política habitacional desarrollada por el Ejecutivo provincial, que creó una Secretaría de Estado abocada específicamente al tema. Asimismo, en agosto de 2012 se lanzó "Mi Tierra, Mi Casa", un programa estratégico que apunta a la generación de lotes urbanizados destinados a sectores medios.
El gobernador ha señalado en más de una ocasión que "todo ser humano necesita un nido donde cobijarse y formar una familia", al tiempo que analizó que los planes de vivienda llave en mano "siempre van detrás de la demanda". Por el contrario, "cuando uno tiene la tierra hay más posibilidades de construir la casa con esfuerzo propio", sostiene.
En este sentido, el envío del proyecto apunta a reforzar esta estrategia, ampliando el marco jurídico con el que cuenta la provincia para garantizar el derecho constitucional a la vivienda y el hábitat digno. "Tal objetivo se alcanza a partir de la creación de instrumentos de gestión social, urbana y fiscal, que permiten la construcción de un nuevo orden urbano por parte del gobierno provincial y de los municipios y comunas que adhieran a la presente", expresa el texto.
Al respecto, el secretario de Estado del Hábitat, Gustavo Leone, expresó que la iniciativa busca dar respuesta a una realidad caracterizada por "el crecimiento desequilibrado de las ciudades, el aumento del valor del suelo y de la especulación inmobiliaria, la falta de soluciones habitacionales para sectores de nivel de ingreso medio y medio bajo, y el desarrollo de loteos periféricos con problemas de infraestructura y servicios".
"Por ello -prosiguió el funcionario- estamos promoviendo a través de este proyecto, distintos instrumentos para ampliar la oferta de soluciones para la demanda, priorizando el acceso al suelo con servicios".
Leone planteó, asimismo, que el objetivo de la normativa propuesta es "redistribuir ingresos y recursos de aquellos sectores que ahorran en términos de bienes inmobiliarios de alta gama a sectores que no cuentan con suelo y vivienda".
El proyecto promueve la instalación de procesos de gestión democrática que permitan la redistribución de las cargas y beneficios del desarrollo urbano y aporta herramientas legales que facilitan la regularización de los asentamientos irregulares a la vez que posibilitan el acceso a un lote urbano a familias que hoy no logran acceder a un hábitat digno.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA
El proyecto de ley avanza en la definición y establecimiento de diversas herramientas de aplicación por parte de los gobiernos locales. En este marco, establece posibilidades de fijar normas especiales de urbanización, parcelamiento, uso y ocupación del suelo que permitan mejor aprovechamiento de los recursos físicos y de capital social afectados a política de hábitat.
Asimismo, regula la posibilidad de ejercer el denominado derecho de preferencia en favor del Estado para la adquisición de inmuebles cuando existan fundamentos en la regularización dominial de asentamientos irregulares y/o de ejecución de programas de interés social y urbano.
De igual modo, la iniciativa regula la fijación de requerimientos especiales de aporte y/o cesión (el equivalente a un 10% de la superficie urbanizada descontada calles) para aquellos emprendimientos de desarrollo urbano de gran escala (con parcelas mayores a los 10.000m2), estableciendo que la misma podrá ser en suelo, infraestructura o valor equivalente y para el uso exclusivo de urbanizaciones de interés social.
Asimismo, regula nuevas formas asociativas entre el sector público y respecto de éste y el sector privado, orientadas a generar suelo con servicios básicos para disponer entre sectores que no cuentan con lote o vivienda propia.
Permite, además, que los gobiernos locales que adhieran a la ley puedan establecer el uso obligatorio de suelo vacante a través de normativas locales específicas, en las que se disuada la tenencia especulativa de suelo, fijando condiciones especiales de uso y plazos para el parcelamiento y edificación.
El proyecto normativo también establece obligaciones específicas en relación al cuidado del suelo por parte de sus propietarios y apunta al costo social del suelo degradado y en condiciones de abandono. Los suelos degradados o en condiciones de abandono por parte de sus propietarios serán considerados un costo social y ambiental para la comunidad y determinarán una obligación de remediación por parte de sus titulares registrales.
INSTRUMENTOS FISCALES
El texto enviado a la Legislatura establece un conjunto modificaciones tributarias que permiten incrementar los recursos “a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley”. Entre los principales cambios se cuenta un adicional del impuesto Inmobiliario a los propietarios de inmuebles urbanos o suburbanos, que reúnan las siguientes condiciones:
>> Inmuebles destinados a vivienda, uso comercial u otros (no industrial) cuya superficie edificada resulte superior a 300 m2 (200 m2 si es propiedad horizontal), cuya antigüedad de construcción resulte posterior al año 1980 y cuya calidad de construcción se encuentre comprendida entre las categorías 1 a 5.
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