El juez federal Reinaldo Rodríguez, de la ciudad de Santa Fe, elevó a juicio oral la "megacausa" penal en la que se investigaron durante tres años unos 30 homicidios perpetrados durante la última dictadura, y en la cual además se incluyeron casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y apremios cometidos contra militantes políticos. También se acumuló la causa por la supresión de identidad de Paula Cortassa.
La Capital |
Entre los principales imputados figuran el ex jefe del Ejército en la región capitalina, José María González; el ex jefe de Inteligencia del Ejército en el Area 212, Roberto Diab; el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Perizotti; el ex militar Carlos Enrique Pavón, y el ex juez de Menores durante la dictadura militar y luego fiscal en democracia Luis María Vera Candioti.
De acuerdo al expediente, González, quien ya recibió una condena a cadena perpetua el año pasado por crímenes de lesa humanidad, arriba a este nuevo juicio oral imputado de homicidio en perjuicio de militantes políticos y por integrar una asociación ilícita. Diab está imputado como partícipe necesario en homicidios y tormentos, mientras que a Perizotti, condenado oportunamente en la causa Brusa, se lo acusa de haber integrado una asociación ilícita y ser partícipe necesario en homicidios.
Entre los casos investigados figuran las desapariciones de Orlando Finsterwald, Antonio Silvia, Daniel Angerosa, Enrique Guastavino, Carlos Livieres Bank, Héctor Ameri, Mario Totterau, María Cristina Mattioli de Totterau, Olga Sánchez, Graciela Siryi, Luis Vuistaz, Miguel Fonseca, Evaristo Oviedo, Ana Fonseca, Antonio Bernal, Carlos Belmont, Graciela Saur, Horacio Ferraza, Silvia Coria, Alfredo Fontana, Susana Trossero y Adriana Angel.
El caso Guallane. El ex fiscal Vera Candioti y el ex militar Pavón están acusados de secuestro y supresión de la identidad de la niña Paula Cortassa, que durante 22 años vivió con el nombre de Carolina Guallane en Venado Tuerto.
El 11 de febrero de 1977 fuerzas conjuntas del Area 212 allanaron la casa donde vivían Enrique Cortassa y Blanca Zapata, un matrimonio que estaba vinculado a la organización Montoneros, y su pequeña hija Paula, y los secuestró. La mujer estaba embarazada a término y recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida y la del bebé que esperaba. Según las investigaciones judiciales, la pequeña Paula estuvo 10 días en la ilegalidad para quebrar la voluntad de Enrique Cortassa, quien aún permanece desaparecido.
Vera Candioti, entonces juez de Menores, entregó en guarda con fines de adopción a la menor de 18 meses de edad en el marco de actuaciones judiciales irregulares que fueron conformadas por el entonces magistrado. También está probado que Carlos Enrique Pavón, en su carácter de oficial de Comando de Operaciones Tácticas (COT) entregó a la niña Cortassa al juzgado de Menores.
Cabe recordar, que Carolina Guallane supo en 1998 que su verdadero nombre era Paula Cortassa y sus padres adoptivos le habían comentado las circunstancias en la que fue tramitada su guarda y su adopción. De hecho, fueron ellos los que acompañaron a la joven Carolina a conocer su verdadera identidad.
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