Una mujer quedó imputada de utilizar una orden de desalojo apócrifa para recuperar una vivienda que supuestamente había intercambiado con una vecina de esa zona.
La Capital |
Una mujer quedó imputada de utilizar una orden de desalojo apócrifa para recuperar una vivienda que supuestamente había intercambiado con una vecina en el corazón de barrio Las Flores. Sin embargo, la sospechosa podría aparecer como víctima, ya que al hacer su descargo en Tribunales dijo que el documento fue confeccionado por un estudio jurídico, al que le pagó para recibir asesoramiento.
El hecho es confuso y tiene zonas grises. Todo comenzó cuando una vecina radicada en pasaje Violeta, pleno barrio Las Flores, denunció que un auto particular con una persona que se identificó como policía llegó a su casa y le dejó una orden de lanzamiento con plazo de desalojo.
Desesperada, acudió el lunes de la semana pasada a las oficinas del Ministerio Público de la Acusación, donde radicó la denuncia porque entendía que la resolución judicial era improcedente. A simple vista los fiscales del organismo advirtieron que el documento tenía incongruencias que claramente lo ponían bajo sospecha.
El oficio estaba encabezado con un membrete del Poder Judicial de Santa Fe y hacía mención a una causa caratulada "NN/sobre usurpación" donde figuraba como reclamante Delia A., una vecina domiciliada a pocas cuadras de la anterior, en el pasaje Jazmín.
El papel contenía además un sello original del Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 2 (ver aparte), y en el cuerpo del texto se mencionaba como actuantes a un juez de Instrucción Penal (los desalojos los tramitan los Correccionales) y un secretario. Al pie, la firma de ambos, pero presuntamente adulteradas y sin los sellos oficiales que los acreditan como funcionarios judiciales.
La pata policial. Casi paralelamente a la denuncia que presentó esa vecina, personal de la subcomisaría 19º llamó telefónicamente al Ministerio Público para advertir que tenían una orden de desalojo que les parecía sospechosa, y solicitaron instrucciones para proceder.
Tras comprobar que efectivamente se trataba de un oficio apócrifo, el caso despertó la sospecha de los investigadores, ordenaron la detención de Delia A. y la convocaron a Tribunales.
En la audiencia imputativa, que presidió el juez Alejandro Negroni, la mujer dijo que había intercambiado la vivienda con su vecina, pero que como pretendía recuperarla acudió a profesionales del Derecho. Y que nada tenía que ver con la confección del oficio. En esa instancia quedó imputada de "uso de documento apócrifo" y recuperó la libertad.
Según relató, se habría presentado en calidad de cliente al menos dos veces en un estudio jurídico cuyas oficinas funcionan en un edifico de la zona de Tribunales, donde desembolsó en concepto de honorarios entre 4 mil y 5 mil pesos para que le tramitaran el desalojo.
Así, y según se desprende de las actuaciones que sustancia el Ministerio Público de la Acusación bajo investigación del fiscal Fernando Rodrigo, el caso adquiere relevancia a partir de la desprolijidad en la secuencia de los hechos, la simultaneidad entre la presentación de la denunciante y la advertencia de la seccional policial, y la mención del estudio jurídico como intermediario.
Frente a ese panorama, Rodrigo dispuso una serie de medidas, como el secuestro de los registros fílmicos del edificio donde funciona el bufet de abogados que habría contratado Delia.
El propósito es constatar si efectivamente estuvo allí, además de otras diligencias tendientes a determinar las características del vehículo y de la persona que llevó la orden de desalojo hasta la vivienda.
Esa orden dejó al desnudo una trama que desde ese día tiene a varios inquietos.
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