El juez Sebastián Casanello ordenó varias medidas de prueba en el expediente, en el que está imputado el empresario Lázaro Baéz. La Justicia volvió a allanar "La Rosadita".
Para determinar si se sacó información del edificio Madero Center, donde funcionaba la cueva "SGI" conocida como "La Rosadita", el juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación por lavado de dinero y que involucra a Lázaro Baéz, pidió que la Prefectura, que controla la zona de Puerto Madero, envíe al juzgado las imágenes de las cámaras de seguridad de ese barrio, de los días previos al primer allanamiento realizado por la Justicia.
Es que se sospecha que inclusive antes de la primera emisión del programa Periodismo Para Todos, alertados, los dueños de la financiera SGI, sacaron de las oficinas del edificio Madero Center, material comprometedor. En el allanamiento realizado hoy desde las 11 de la mañana, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se llevó unas 40 carpetas con información y algunos elementos de interés para el expediente. Llamó la atención de los investigadores que algunos libros que estaban aún en las oficinas de SGI hubieran sido cortados con un elemento filoso con una enorme precisión para eliminar algunos datos. Del allanamiento participó personal de la PSA, contadores y expertos en informática.
El allanamiento tiene como objeto ampliar la investigación sobre la actividad para borrar datos de la cueva “SGI” ya que, según las fuentes judiciales, se habría descubierto que varias empresas importantes cambiaban cheques millonarios en las oficinas que regenteaba Federico Elaskar. Casanello ordenó más de veinte medidas de prueba en la investigación por lavado de dinero en la que está imputado el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
La investigación, aseguraron fuentes judiciales, tiene tres aspectos. El enfoque patrimonial para tratar de detectar operaciones financieras, bienes y, por ejemplo, cuentas bancarias que permitiría averiguar el origen del dinero de los imputados. Una vez detectado de donde salió el dinero y dónde está depositado, se podría llegar a decretar el congelamiento de los bienes para, luego, decomisarlos y recuperarlos.
Para conseguir información para esta parte de la investigación Casanello le pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), datos de Báez, su hijo Martín Báez, del los valijeros Leonardo Fariña y Federico Elaskar, del contador de Báez Daniel Pérez Gadín y del esposo de Iliana Calabró, Fabián Rossi. Pero también Casanello pidió a la AFIP la información impositiva de todos los directores y accionistas de la firma SGI Argentina, la cueva donde se lavaba dinero.
El fiscal del caso, Guillermo Marijuán solicitó, cuando imputó a Báez, algunas de las medidas que viene realizando Casanello. A la Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió que informe sobre todas los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de los imputados, pero también de unas veinte empresas como Austral Construcciones -la nave insignia del grupo empresario de Báez- y de Helvetic Services Group, que le compró SGI a Elaskar. También el Banco Central de la República Argentina debe pedirles a todos los integrantes del sistema financiero la información a partir del año 2007, sobre los imputados y las sociedades bajo investigación.
La Inspección General de Justicia (IGJ) debe informar la constitución de más de 30 sociedades. Y la Caja de Valores tiene que explicar si los investigados desde enero de 2007 a la fecha, han tenido acciones, bonos o títulos negociables que coticen en bolsa. Casanello quiere saber si alguno de los imputados o las empresas tienen bienes afectados a una causa penal. Para eso libró oficio al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso Penal.
La Dirección Nacional de la Propiedad Automotor debe señalar qué autos tienen los imputados y si las sociedades tienen vehículos a su nombre. La Superintendencia de Seguros tiene que decirle al juez si se contrataron pólizas para dos autos Ferrari, un Audi TT, una BMW X6 y un Peugeot 206, que pertenecen a los imputados.
El Registro de la Propiedad Inmueble debe entregar los datos sobre las casas de Elaskar y Fariña. El Banco Galicia debe enviar al juzgado de Casanello toda la documentación que respalde un ROS que se hizo sobre una operación millonaria de SGI y de César Gustavo Fernández quien quedó a cargo de la cueva luego de Elaskar. La concesionaria de Mercedes Benz Lonco Hue debe informar por una compra que iba a realizar Fariña.
El segundo enfoque de la investigación no se relaciona con la actividad económica de cada uno de los imputados. Por eso la Policía Federal y el Registro Nacional de Reincidencia deben mandar al juzgado los antecedentes de los imputados. También se pidió a los juzgados penales, civiles y comerciales si existen causas judiciales abiertas.
El juez quiere saber a dónde viajaron en los últimos años Lázaro y martín Baéz, Fariña y Elaskar. Por eso la Dirección Nacional de Migraciones debe informar cuando entraron y salieron del país y en qué medio y fecha lo hicieron. La Administración Nacional de Aviación Civil y Policía de Seguridad Aeroportuaria tienen que brindar información sobre los movimientos de los imputados. También serán citados a declarar los agentes de seguridad de la empresa privada que custodiaba la financiera.
Pasaron a declarar por Tribunales Bárbara Diez, esposa de Horacio Rodríguez Larreta, quien organizó la fastuosa boda de Fariña con la vedette Karina Jelinek. También pasó por Tribunales el administrador del consorcio del edificio donde vivía Fariña en la avenida Libertador al 4300.
El tercer enfoque de la investigación se relaciona con cuestiones más generales. Le pidieron al programa Periodismo Para Todos que envíe las entrevistas en crudo a Elaskar y Fariña para conocer el material en su totalidad. Y solicitaron que la Fuerza Aérea y el aeropuerto de San Fernando brinden información sobre los imputados.
Los pedidos del fiscal y del juez van llegando de a poco a Tribunales. Mientras tanto los investigadores analizan la documentación.
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