La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) definió este viernes el proyecto de ley presentado por el kirchnerismo en la Cámara de Diputados, que dispone la expropiación de 24% de acciones de Papel Prensa y deja al Estado como socio mayoritario de la empresa, como ‘uno de los mayores peligros que ha enfrentado la prensa independiente durante las últimas tres décadas“.
Para ADEPA, se estaría en presencia de un escenario “más grave que el que vivieron los diarios no adictos hace 60 años, cuando el Gobierno monopolizaba el papel“.
Ante el avance gubernamental para hacerse del control del papel para diarios, la entidad que nuclea a los editores expresó en un crítico comunicado que “sin acceso libre al papel, no hay prensa libre“, que “sin prensa libre, no hay democracia“ y que sin ésta “no hay ciudadanos, sólo súbditos amordazados y obligados a escuchar un discurso único“.
Además, ADEPA se preguntó qué ocurriría si la distribución del papel se hiciera con la misma lógica con que el gobierno nacional reparte la publicidad oficial: “para periódicos y medianos diarios, no quedaría otra opción que el cierre y la pérdida de centenares de puestos de trabajo. Incluso para grandes medios, el impacto sería letal“, pronosticó.
También calculó que si se aplicara ese criterio, Clarín o La Nación “deberían limitarse, si quisieran mantener su circulación, a publicar sólo entre cuatro y ocho páginas de aparición semanal“.
“En cambio, otros diarios con posturas acríticas sobre la gestión estatal podrían circular todos los días con tiradas diarias de hasta 450 páginas“, añadió.
Para ADEPA, la expropiación accionaria “contradice de manera expresa“ el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que condena la restricción del derecho de expresión por vías directas o indirectas, como los controles sobre el papel para periódicos.
“En la jerga oficialista“, ironizó la entidad, “tal vez sea ‘democratizar a la prensa’“ y recordó que, a la inversa, “un periodismo independiente permite a los ciudadanos preservar sus derechos frente a eventuales abusos“.
Por otro lado, ADEPA marcó una contradicción entre el objetivo que consigna el proyecto de “desmonopolizar la producción y distribución del insumo y fomentar su reparto de manera equitativa“ y el de concentrar en el Estado “el control de toda la fabricación nacional y el ingreso del papel desde el exterior“.
Luego, el comunicado plantea una serie de interrogantes referidos a la situación de dependencia que, al respecto, pasaría a tener la prensa: “¿Puede expresarse con libertad un diario que debe imprimirse sobre un insumo cuyo acceso depende de un gobierno que ha obstaculizado de manera sistemática las importaciones, ha atacado al periodismo independiente y ha montado un gigantesco aparato comunicacional para propalar el discurso oficial? ¿Qué hizo el Gobierno desde 2011, cuando el oficialismo aprobó la Ley que declaró de interés público la producción, comercialización y distribución de papel? ¿Mejoró el abastecimiento de las pequeñas publicaciones? ¿Surgieron nuevos títulos?“, se preguntó.
Al respecto, ADEPA concluyó que “la realidad de ese sector no ha variado“, ya que los pequeños diarios y periódicos “no tienen acceso al papel de resma, no tuvieron respuesta oficial sobre las prometidas soluciones fiscales y viven con la sombra de la quiebra creciendo día tras día“.
Por último, la entidad recordó que “fiscalizar al poder y denunciar sus desvíos es la función central de la prensa dentro de un régimen democrático“ y una “garantía complementaria al equilibrio de poderes, que en estas horas corre el serio riesgo de extinguirse en la Argentina“. (DyN)
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