La denuncia quedó a cargo del juez federal Luis Rodríguez e involucra también a otros funcionarios allegados a Kicillof y al administrador de la Inspección General de Justicia, Norberto Berner.
La presentación fue formulada en una comisaría por el dirigente justicialista Juan Ricardo Mussa, a raíz de la publicación el pasado lunes en el diario La Nación de un artículo titulado: “La Cámpora pidió datos sensibles de 1.000 empresas privadas”. La nota revelaba que “en silencio y por fuera de los canales formales”, miembros de la agrupación kirchnerista que ocupan cargos clave en el Ministerio de Economía solicitaron a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sensible sobre las 1000 empresas más importantes del país, entre las cuales se incluyen los balances de compañías como Jumbo, General Motors, Shell, Coto, Walmart, Falabella, Coca-Cola, Pepsi, Nike, Massalin, Siemens, Peugeot, Fiat, Mercedes-Benz y La Caja de Seguros, entre otras. Ahora, la Justicia deberá investigar si esas gestiones pudieron haber incurrido en un delito, tal como lo denunció Mussa en el escrito. La denuncia -que el juez Rodríguez trasladará a la fiscalía para que ésta se pronuncie sobre la posibilidad de avanzar sobre un eventual delito- plantea que los funcionarios actuaron como “Justicieros” que se buscaron hacerse “de información contables de las empresas para así obligarlas a funcionar bajo la extorsión” y conseguir “de manera irregular, prebendas, beneficios económicos, tanto de orden institucionales o bajo apriete”.
“Como son comerciantes ellos no van a decir a nadie que como están en un año electoral, se los extorsionan para que ayuden a su partido el Frente Para La Victoria con dádivas tanto con mantenimiento de precios en artículos de primera necesidad o dinero”, escribió Musa y añadió que los “aprietes” incluirían inspecciones fiscales.
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