Trabajaban en la ex Drogas Peligrosas de Venado Tuerto cuando se averiguó de quienes eran los autos que seguían a Carlos Andrés Ascaíni.
La Capital |
La Justicia federal dictó la falta de mérito para seis agentes policiales que trabajaban en la ex Dirección de Drogas Peligrosas de Venado Tuerto cuando desde allí se hicieron averiguaciones para brindarle protección a Carlos Andrés Ascaíni, el vecino de Villa Cañás acusado de narcotráfico. Se trata de la misma causa por la cual el 19 de octubre renunció y luego fue detenido el ex jefe de la policía santafesina Hugo Tognoli, quien también recibió la falta de mérito en el marco de la investigación en la cual se encuentran procesados otros dos uniformados.
Según una investigación llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Carlos Andrés Ascaíni gozaba de protección policial para llevar adelante sus negocios de tráfico y comercialización de estupefacientes en el sur provincial. Para acreditar tal afirmación, los pesquisas de la fuerza de seguridad federal presentaron dos pruebas: el intercambio de mensajes vía teléfono celular entre el comisario mayor Oscar Alberto Ledesma y una mujer vinculada a la trata de personas que pedía asesoramiento para vender cocaína en su local y que recibe como respuesta que debe pagarle 30 mil pesos a Tognoli y comprar al abastecedor Carlos Ascaíni (ver aparte); y el pedido que el propio Ascaíni hizo a la comisaría de Villa Cañás en noviembre de 2009 para que le informen de quién eran los dos autos que lo perseguían y ponían "en peligro" su integridad y la de su familia y que, después se comprobaría, eran de la propia PSA.
Jefe procesado. Respecto a esta última situación, los elementos y testimonios recabados en la causa le permitieron al juez federal Carlos Vera Barros determinar que quien recibió el pedido de ayuda de Ascaíni en la comisaría de Villa Cañás fue el suboficial Carlos Alfredo Quintana, quien fue procesado dos semanas atrás.
En tanto, la averiguación concreta de a quien pertenecían los vehículos el juez se la imputó al comisario Néstor Juan Fernández, quien hasta el mes pasado fue jefe de la seccional 2ª de Rosario pero que al momento de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VIII, con jurisdicción sobre Villa Cañás, y en la cual también revistaban los policías ahora favorecidos con el falta de mérito.
Al ser indagado por el juez, el comisario Fernández admitió que era el titular y usuario de la clave "segu210183", emitida por el Registro Nacional de Propiedad Automotor, pero aseguró que la misma estaba a disposición de todo el personal de la Brigada y expuesta en un papel pegado a una computadora de la oficina. Por eso el magistrado indagó a todos los policías que dependían de Fernández en aquel momento ante la sospecha de que alguno de ellos fuera quien realizó la averiguación que favoreció a Ascaíni.
Sin elementos. Con el asesoramiento legal del abogado José Alcacer, los seis policías dieron sus explicaciones y el juez entendió que "no existen elementos suficientes como para afirmar con el grado de sospecha propio de esta etapa procesal, su responsabilidad penal por los hechos que se les imputan. Ello, toda vez que no se pudo establecer si alguno y/o en su caso cual de ellos, participó en la supuesta connivencia policial". En efecto, agrega Vera Barros, "no consta mención alguna por parte de Carlos Andrés Ascaíni en relación a ninguno de ellos".
No obstante, el juez reconoce en su dictamen que "la clave era conocida y utilizada por todo el personal (conforme surge de lo declarado casi por unanimidad) y se suma a ello que el 25 de noviembre de 2009 a las 18.08 (cuando se hizo la consulta al Registro Automotor) se encontraban presentes en la repartición" el jefe Néstor Juan Fernández y otros cuatro agentes, "todo lo cual habilita la posibilidad de inferir que alguno de ellos hubiera efectuado las consultas. Sin emabrgo, el hecho de no haberse acreditado dicha circunstancias sumado a lo declarado por el perito L. en cuanto a que técnicamente el acceso se encontraba habilitado sólo al titular de la clave, debilita la posibilidad de sostener con el grado de sospecha requerido para esta etapa su responsabilidad por los hechos que se les imputan".
Así, el magistrado decide dictarle la falta de mérito a los agentes Cristian A. Zamero, Sergio Ariel González, Héctor Ariel Berli, Cristian Ariel Itatí Páez, Viviana Amelia del Valle Navarro y Fabio Manuel Ces.
Un comisario acusador terminó procesado
En la misma resolución en la cual les dictó la falta de mérito a seis policías que prestaban servicios en la Brigada de Drogas Peligrosas de Venado Tuerto cuando presuntamente se le brindó protección a Carlos Andrés Ascaíni, el juez federal Carlos Vera Barros procesó al comisario Oscar Alberto Ledesma por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Ledesma es el oficial que intercambió mensajes de texto con Nilda Luque, una mujer ligada al ámbito de la prostitución en el departamento General López. Esos mensajes fueron parte de la prueba aportada por la PSA para inculpar al comisario Tognoli de connivencia con el narcotráfico.
En los mensajes, Ledesma “pone en conocimiento (a Luque) sobre las personas que llevaban a cabo actividades de narcotráfico en Firmat y Villa Cañás y sobre los arreglos que las mismas tendrían con fuerzas policiales del lugar (los de Drogas de Venado, la Policía Federal y el jefe Hugo Tognoli)”. En ese marco, el magistrado entendió que el comisario “omitió denunciar ante la autoridad competente su conocimiento acerca de los hechos respecto de los cuales dio noticia a Nilda Luque, no obstante que a ese fecha revistaba aún como personal policial de la provincia de Santa Fe”.
Asimismo, Vera Barros manifiesta en su escrito que Ledesma “actuó con dolo, esto es que no obstante conocer su situación funcional y el deber de denunciar emergente de la misma, omitió hacerlo dando sin embargo conocimiento de ellos a Nilda Luque”.
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