La escena –filmada al parecer con una cámara de fotos– transcurre en un dormitorio. Ambos ríen, puede percibirse que están jugando y se escucha gatillar. De fondo puede oírse el televisor y que quien está filmando, que también parece ser un menor, expresa: “Se metió conmigo ese loco”. Luego, el que porta el arma apunta a la cámara y allí termina el video.
Las imágenes son elocuentes y alarmantes, y ponen de manifiesto, entre otras cosas, el nivel de violencia que existe en la sociedad. El video está subido a YouTube y comenzó a difundirse por la redes sociales, especialmente por Facebook, lo que despierta y genera indignación en quienes tienen acceso él.
“En mi ciudad natal, los chicos de divierten así… Viva San Cristóbal”, expresa el periodista que dio a conocer la filmación, aunque la fecha de publicación en YouTube es de mediados de marzo. Los comentarios que le siguen a esa y otras publicaciones en las redes dan cuenta de la irritación y el enojo ciudadano.
En diálogo con Diario UNO, la doctora Claudia Alloatti, abogada penalista de San Cristóbal, expresó que “lamentablemente lo que refleja el video es una realidad que no se puede circunscribir sólo a esa localidad, sino que es algo que se vive en todo el país”.
A su criterio es necesario que la sociedad pueda preguntarse y revise qué clase de cultura estamos formando, sobre todo por los videos que se pueden ver o los juguetes que aparecen en las vidrieras de las jugueterías”.
En cuanto al video señaló que la imagen es “lamentable y de alto riesgo”, al tiempo que indicó que “todos como actores sociales nos tenemos que sentir involucrados y participar. Hay que trabajar en la prevención desde la familia”.
Consultada sobre qué implicancia tiene la circulación del video en internet y en las redes, Alloatti reflexionó que debe llamar pensar “cómo estamos educando a nuestros chicos”, al tiempo que añadió: “Por lo que se ve en el video, estos niños están jugando y poniendo en riesgo su propia vida ya que podría producirse un accidente fatal, es muy preocupante. Se debe trabajar en la prevención. En San Cristóbal necesitamos que esto suceda urgente”.
—¿La Justicia puede hacer algo al respecto?
—Como estamos hablando de niños y adolescentes y de un derecho superior como es el derecho a la vida, el fiscal puede y tiene la medida de mejor proveer y, una vez que se identifique a los menores y a los progenitores, puede llamarlos para poder tener una conversación y ver cómo intervenir para prevenir que ocurra algún hecho más grave que después haya que lamentar.
La sociedad en alerta
Desde hace unos meses, muchísimos ciudadanos de la ciudad de San Cristóbal fueron víctimas de hechos de inseguridad, y los casos de abuso a la integridad sexual a mujeres se multiplicaron.
“San Cristóbal tenía la características de ser un pueblo tranquilo, era cotidiano conocerse, saludarse, tener puertas y ventanas abiertas, pero en este último tiempo hemos tenido que lamentar hechos que involucran a chicos, alcohol, droga. Con el correr del tiempo se fue dando un proceso de pérdida de valores y la vida, entre otras cosas, se ha dejado de respetar”, expresó.
Añadió que “lo que está sucediendo es tremendo. No sabemos a qué se debe, si a la falta de trabajo o a qué. Las madres están preocupadas por la circulación y el acceso a droga. Los casos de violencia familiar también son cada vez más”, advirtió la abogada.
A partir de ello, hace aproximadamente un mes, los sancristobalenses convocaron a dos marchas que fueron multitudinarias. “Creemos que la gente realmente tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo. Hubo más de tres mil personas. Vivir con esta problemática, y con el miedo de poder ser abusado sexualmente, causa mucho dolor porque todos podemos ser víctimas”, consideró.
Consultada sobre qué se había conseguido luego de las manifestaciones, Alloatti explicó que se realizaron distintas charlas sobre prevención y que se están realizando “tratativas para poder instalar en San Cristóbal un refugio transitorio para víctimas de este tipo de violencia”. Advirtió que otro de los problemas que tienen en la ciudad, a pesar de ser capital de un departamento, es que “no hay profesionales, ni psicólogos ni psiquiatras, que puedan acompañar a las víctimas de abuso”.
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