El juez de Instrucción de Vera descartó el “afán recaudatorio fiscal” del municipio, y postuló un presunto interés “desnudadamente delictivo”. Según se pudo constatar, el sistema funcionó “organizada y continuamente desde el 2008 hasta entrado el 2011”.
El más llamativo de todos es el hallazgo de una cuenta corriente en Banco Nación, a nombre de la firma Contactar Telecenter SA, de la que se extrajeron desde septiembre del 2008 a agosto del 2011 la suma de $ 4.906.000 con “destino incierto”, se destaca en el escrito.
La contraofensiva judicial fue en respuesta a la recusación planteada el 27 de octubre, “arguyendo falta de imparcialidad, animosidad y conducta impropia de un magistrado”, que estaba basada en 5 puntos.
El planteo para apartar a Silva, formulado por el abogado rosarino Gustavo E. Feldman, tiene por fin proteger los intereses de tres de los imputados, entre ellos el intendente de Calchaquí, Rubén Cuello; el secretario Institucional del municipio, Fabricio Ocampo y el secretario del Juzgado de Faltas, Sergio Catán. Además, fueron indagados en ese contexto, el juez de Faltas de Calchachí, Manuel Valiente; una empleada del Juzgado de Faltas; cuatro inspectores de tránsito y tres particulares que representan a las empresas concesionarias del servicio.
Esposa multada
El Dr. Feldman le achaca al juez haber intercedido, a través de su secretario, para desactivar una multa realizada a su esposa mediante el sistema de fotomulta que se encuentra bajo sospecha. Además, atribuyen a Silva la difusión de medidas investigativas a la prensa; el diálogo con un abogado sobre su desinterés de citar a declarar a los concejales de la ciudad; y por contrapartida el interés en encaminar la causa hacia un procesamiento para no afrontar personalmente el pago de la multa de su esposa.
A modo de descargo, Silva se declara “ajeno al origen de la causa, instada el 22 de julio por la Fiscalía”, a cargo del Dr. Gustavo Gon, “a impulso de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe”.
La denuncia radicada por el Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, abona la hipótesis de “la presunta ilegalidad de numerosas infracciones de tránsito relevadas mediante dispositivos automáticos de control vial asociados al semáforo instalado en la intersección de la Ruta Nac. N° 11 y Bv. Belgrano de Calchaquí, sancionadas con multas y recaudadas por la Municipalidad y/o por el Juzgado de Faltas”.
“Para tumbar el pliego”
Para el juez del caso, fue a consecuencia de los llamados a indagatoria por presuntas “exacciones ilegales” y cuando se inician las ampliaciones por la supuesta “asociación ilícita”, tanto para las personas relacionadas con las empresas operadoras como los funcionarios, que “se desatan orquestadas maniobras para ‘tumbar’ el pliego de juez y sistemáticas recusaciones” para apartarlo de la causa, sostuvo.
Más allá de las chicanas que amenazaron con desbancarlo, el juez constató “el ingreso de dinero proveniente de multas de tránsito de supuesto origen ilícito, transferido por las empresas involucradas a la Municipalidad y legitimado en los Presupuestos Anuales y Aprobaciones del Honorable Concejo Deliberante”. Según la documentación serían unos $ 400.000 en 2009 y alrededor de un millón de pesos en 2010 los ingresados al Estado Municipal por ese concepto.
Se estiman más de 300.000 las multas, cuyos valores iban de los 1500 a los 2000 pesos, confeccionadas desde febrero de 2008 -cuando comenzó a operar el sistema-, hasta mediados de 2011 -que definitivamente fue dado de baja-.
Recaudador privado
En cuanto a la operatoria, el magistrado entendió que se realizó “sin aparente constatación, manejo y contralor de las cuentas privadas recaudadoras, ni del cumplimiento de los porcentajes que debían volcarse al tesoro Municipal, según convenio pactado (70 % para la SA y 30 % para la Municipalidad)”.
El procedimiento para el cobro de las boletas era a través de cupones de pago, primero del Banco Nación y luego del sistema Pago Fácil. De estas dos cuentas sólo la del Nación cumplió con el reporte judicial, dado que la firma “Servicio Electrónico de Pago Fácil S.A.”(Sepsa) se muestra reticente “en suministrar la información”.
De la cuenta corriente especial N° 400.464/0 se sabe que pertenece a Contactar Telecenter SA, “firma extraña a los convenios”, que es operada por Virginia Mónica Guala. La misma persona representa a Extrategic Group SA, la empresa gerenciadora y operadora del sistema junto con Distribuidora Sertran SA, de Alejandro José Abeliansky, este último, socio de Guala.
“Organización mafiosa”
De esa cuenta también cabe decir que la presidenta no pudo ser localizada todavía y llamativamente no se encuentra habilitada para operarla. Como si fuera poco, Contactar Telecenter SA se constituyó como tal el 19 de octubre de 2007 “con actividad de “Call Center”, con un capital integrado de $ 12.000”. De ahí en más, “la autorizada, apoderada Guala”, extrajo $ 4.906.000 entre “septiembre del 2008 a agosto del 2011”.
Para el magistrado, que ya se apartó del caso, “esto revela no un supuesto afán recaudatorio fiscal, sino uno desnudadamente delictivo (...) frutos del sistema operado organizada y continuamente desde el año 2008 hasta entrado y corrido el año 2011”. Pero para peor, el juez Silva alertó “sobre una supuesta asociación ilícita u organización mafiosa, imbricada con el aparato estatal del Municipio de Calchaquí”, lo cual reviste de una inusitada gravedad a la cuestión, que deberá resolver el subrogante legal, que es el juez Correccional de Vera, Eduardo Fabbro.
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