“El nuevo Código Procesal Penal está funcionando, y lo está haciendo correctamente”, pero no por ello “disminuirá la cantidad de homicidios, los robos y al violencia”, asegura Julio de Olazábal, Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia. En su sobrio despacho en la sede de la Fiscalía General, en el microcentro de la capital provincial, el funcionario judicial le dijo a La Capital que “el sistema es transparente y ágil, y plantea una concepción distinta de la Justicia en la que debemos escuchar a las víctimas de delitos”. De Olazábal ocupó el centro de la escena al acordar la semana que pasó durante una reunión realizada en la Legislatura con el vicegobernador Jorge Henn y senadores provinciales, la pronta sanción de nuevas herramientas para prevenir el delito como los proyectos de Protección de Testigos y la nueva Policía Judicial. Para el Fiscal General santafesino, es vital el diálogo con todos los actores del sistema penal. “Pero también tendremos que aclarar hasta el hartazgo que los fiscales actuamos cuando los delitos ya fueron cometidos. En esto no puede haber lecturas erróneas: el MPA no fue creado para solucionar problemas de inseguridad, sino para asegurar el castigo de los delincuentes”, definió de Olazábal.
— A ocho meses de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, ¿qué balance hace?
— Vamos por el buen camino porque cumplimos lo que prometimos el 10 de febrero cuando se puso en marcha el nuevo sistema. Logramos un proceso adecuado a la Constitución que es muchísimo más ágil y respetuoso de los derechos de las víctimas y de los imputados. Ahora todo es transparente y público, y la ciudadanía puede controlarnos. Además, logramos la celeridad que pretendíamos. Como ejemplo, le cito uno de los datos que el viernes informó el Fiscal Regional (de Rosario), Jorge Baclini: sólo en la 2ª Circunscripción Judicial se realizaron 377 juicios abreviados en estos ocho meses. También en ese breve lapso ya hubo dos juicios orales y públicos en Rosario, otro en Santa Fe y otro en Vera.
— No obstante la situación generada por la inseguridad empeora, en Santa Fe el intendente Corral definió el cuadro como desesperante.
— El MPA no fue creado para prevenir el delito ni para implementar políticas de seguridad. Esto debemos aclararlo, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de que la ciudadanía crea que el sistema procesal penal nuevo disminuirá la cantidad de homicidios, los robos y la violencia. Esto no es así. Los fiscales somos los encargados de instar la acción penal, es decir, de dirigir la investigación una vez que ya se cometieron los delitos para enjuiciar y castigar a los que ya delinquieron.
— ¿Tiene usted alguna explicación para lo que está pasando con el crecimiento de los índices criminales?
— Es un tema sensible y que repercute en la actividad del MPA, pero no es el Fiscal General quien deba referirse a ello. La confusión de roles puede llevar a conclusiones desacertadas. Si respondiera su pregunta estaría yendo en contra de la separación que creo necesaria marcar entre la prevención del delito y la persecución penal. De la prevención se ocupa el mundo de la política; en la persecución operan decisiones estrictamente jurídicas.
— ¿Cómo se hace para dialogar en términos jurídicos con la víctima de un delito o con el familiar de una persona asesinada?
— La separación a la que refiero, de ninguna manera niega que haya contacto entre la prevención y la persecución. Y uno de esos puntos de conexión es, precisamente, la víctima del delito.
— ¿En qué sentido?
— Es propio que asistamos a la víctima, que veamos cómo auxiliarla luego de la comisión del delito.
— ¿Y se está haciendo?
— Sí, se está avanzando en el tema, aunque no con la profundidad a la que deseamos llegar. Todavía no tenemos conformados en plenitud nuestros cuerpos técnicos, pero aún con ése déficit ya estamos haciendo lo principal: no ignorar ni menospreciar a la víctima, lo que significa respetarla en su dignidad y en sus derechos. La reconocemos como víctima, la escuchamos y jerarquizamos el derecho a la palabra para que nos diga lo que le interesa manifestar.
— ¿Qué le dicen las víctimas cuando hablan con usted?
— Me manifiestan que lo que más les molesta es la falta de información. Por eso, debemos sacarnos de encima la soberbia de creer que la ley lo resuelve todo, y que el que aplica la ley lo conoce todo. Tenemos que buscar con humildad qué es lo que hay que hacer.
— Más allá de los resultados que define como alentadores de estos ocho meses, los objetivos que usted plantea parecen bastante complicados de conseguir.
— Es verdad. Pero también fue ambicioso cuando hace 20 años, unos pocos en la provincia empezamos a insistir con la necesidad de modificar el Código Procesal Penal. No nos debemos quedar con lo poco. Yo no voy a sacar de mi mente, aunque sea una utopía, lo que debemos intentar hacer todos los fiscales: hay utopías que deben guiar el obrar.
— ¿Esa utopía incluye un sistema judicial más cercano a la gente?
— El Derecho tiene que ser entendido por todos. Los escritos judiciales no son para hacer gala del conocimiento, ni para demostrar que podemos citar en latín o escribir en alemán. Una sentencia será buena si la víctima —y toda la sociedad— logra comprender de qué se trata. Por eso, el nuevo código procesal le señala a los jueces que tienen que preguntar a los que intervienen en el proceso: ¿Usted comprende lo que está ocurriendo? Yo he conocido sentencias judiciales que son magníficas, pero son inentendibles para el ciudadano y por lo tanto no sirven porque la gente común que no tiene herramientas para interpretarlas y comprenderlas.
— Hay un problema de confianza también.
— Ningún sistema político o judicial funciona si no cuenta con la confianza de la ciudadanía. Comprendo que en el mundo actual y no sólo en la Argentina, esa confianza está gravemente deteriorada. Para rescatarla es que en Santa Fe se ha implementado un sistema de enjuiciamiento penal público y transparente. Llamo a la sociedad a que aproveche la oportunidad y se acerque al nuevo sistema con sus demandas y sus controles para, entre todos, restaurar la imprescindible Justicia.
— ¿Desde el Poder Judicial perciben lo que se aporta a su trabajo desde la política?
— A los argentinos se nos endilga que somos capaces de crear individualidades, de tener premios Nobel, figuras destacadas, futbolistas magníficos, pero nos cuestionan porque no podemos armar equipos. Eso debemos modificarlo y tenemos que aprender a trabajar en grupo. Yo estoy teniendo reuniones con los ministros de Salud, de Gobierno, de Seguridad, de Justicia, con integrantes de la Corte Suprema, en demostración de que entre todos estamos buscando trabajar coordinamente.
— ¿Y qué le dicen los operadores del sistema judicial?
— Por una tradición europea continental, a la gente de Derecho en la Argentina se nos enseñó que en la ley está todo, y que ella soluciona todos los problemas, pero en realidad las normas establecen principios, pero no puede prever soluciones para todos los casos. En materia civil también ocurre. Vélez Sarsfield no pudo pensar la posibilidad de una fecundación in vitro. Para él, la vida comenzaba con la concepción en el seno materno, porque no había otra posibilidad en su época. Con el paso del tiempo, los civilistas tuvieron que adecuar las normas. En derecho penal también se presentan situaciones que tienen que ser interpretadas. El legislador penal de 1921 escribió “el que abriere una cerradura...” Estaba pensando en la apertura tradicional con una llave. Pero hoy nos encontramos con cerraduras que operan a través de una tarjeta magnética. Hay que reconocer la realidad: el derecho se tiene que adecuar a los cambios y eso requiere que los jueces, los fiscales y todos los operadores estemos abiertos para ver cómo encontrar el respeto de los principios del derecho en el contexto en el que estamos trabajando.
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