Infancia y pobreza. Celestina posa junto a los tambores en los que se junta el agua para el consumo. Su casa está rodeada de basura, el desecho del cirujeo y hay muchas moscas. Fotos: Flavio Raina
Salomé Crespo
screspo@ellitoral.com
El pedido de agua potable en tres barrios del noreste de la ciudad, Playa Norte, General Paz y Bajo Judiciales, ya lleva 9 años y varias gestiones ante los organismos públicos pertinentes sin resultado. Con la llegada de los primeros calores, el reclamo cobró fuerza. Apoyados por las organizaciones sociales que trabajan en la zona -Manzanas Solidarias, Tramas, Canoa, Moi y Centro de Salud Setúbal-, los vecinos retomaron las asambleas para evaluar la presentación de un recurso de amparo en la Justicia. Pretenden lograr, por esa vía, la extensión de la red de agua potable hasta el extremo noreste de la ciudad.
En estimaciones de las ONG, las familias afectadas por la falta del vital servicio son más de 250, entre las que hay muchos niños.
El escenario al que se enfrentan los barrios mencionados es complejo. Es que para la Municipalidad (como autoridad de uso de la tierra) no son barrios sino asentamientos y no están contemplados en el programa de obras Plan Urbano Integral, debido a que están ubicados en terrenos vulnerables, no habitables. De hecho, el objetivo del municipio es reubicar a esas familias como ya ocurrió con otras que fueron trasladadas a Los Quinchitos.
Por parte de Aguas Santafesinas indicaron, ante la consulta del caso de El Litoral, que el sector “está por fuera del radio servido” y que las obras de ampliación de la red se acuerdan previamente con la Municipalidad.
Gestiones
La mayor parte de la zona que comprende Playa Norte, General Paz y Bajo Judiciales no cuenta con una prestación regular de servicios. El último vestigio de obra pública lo constituye el nuevo bulevar French, que está a poco de terminarse. Mientras que la red de agua potable alcanzó en 2009 calle Berutti, según información de Assa, y de ahí no avanzó.
Para proveerse de agua, los vecinos fueron estirando conexiones clandestinas con mangueras, “las de regar el jardín”, como aclaró Rosa, desde el caño madre de barrio Judiciales. Por ahí el agua sale y sale, también es una vía de escape —ininterrumpida— del vital elemento. Otros vecinos tienen bomba con las que extraen de la napa para el consumo o se cruzan al Gada y transportan como hormigas el agua con baldes.
“Las napas están contaminadas con Escherichia coli —presente en la materia fecal— según análisis bacteriológicos realizados hace más de 10 años. Los vecinos pueden pagar el servicio pero no el costo de la construcción de la red”, resaltó Juan Picatto, del centro de salud Setúbal.
El derrotero de solicitudes del servicio por parte de los vecinos terminó con una resolución de la Defensoría del Pueblo con fecha 28 de febrero de este año. En el dictamen, el organismo público recomienda al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia que “arbitre los medios necesarios para que los ciudadanos que habitan en la zona noreste de la ciudad, comprendida por Playa Norte, Bajo Judiciales y General Paz al 8600, cuenten con el suministro de agua potable”. Como fundamento del dictamen, la defensoría menciona que “los petitorios presentados se basan en el derecho a la salud y ambiente sano consagrados en la Constitución Nacional”.
Una de las cuestiones fundamentales para determinar quién asumía el gasto de la extensión de la red era lograr la declaración de los asentamientos como “ediliciamente precarios” por parte del Enress. Cosa que según Picatto ocurrió antes de la resolución dictada por la Defensoría del Pueblo, por lo que para las organizaciones “lo único que falta es definir quién asume el costo”.
Dos historias de la precariedad
En la casa de Alcira Torres (60) viven 9 personas mayores y dos niñas, Celestina y Milagros. Como la mujer no sabe leer ni escribir, no puede precisar el tiempo que hace que vive en la zona de General Paz al 8600, pero sí comprende que necesita el agua “para estar mejor”. Hoy extrae el líquido con un bombeador y la guarda en tambores en el precario y maloliente patio. Es que como todos ahí se dedican al cirujeo, hay basura y moscas por todos lados. “Sale linda el agua”, comentó.
Rosa Lamas vive unas cuadras más al sur, separada de la avenida -que a esa altura es sólo un hilo de asfalto- por un precario puente que cruza a tientas. El caso de Rosa es una perfecta pintura de la desigualdad y la extrema precariedad. Su padre conectó y estiró hace 20 años dos mangueras desde el caño madre del suministro de agua de Judiciales hasta su casa. Pero una de esas manguera atravesaba el patio de un vecino que un día decidió construir una pileta. “Entonces sacó una manguera y tres familias se quedaron sin agua. Ahora, unas 14 personas sobrevivimos con una sola manguera. El problema es que en verano baja mucho la presión”, lamentó Rosa.
Alcira Torres. La mujer extrae agua de la napa con una bomba. Si se rompe, ya que las condiciones no son las mejores, deben cruzar al Gada a buscar con baldes.
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