Así lo señaló el Concejal Ariel Rodríguez (Bloque UCR - FPCyS) en la sesión de este jueves. "Apoyamos la Resolución Nº 526 que dictó el Intendente Corral, y entendemos que es una decisión necesaria y conveniente ya que, en este complejo y difícil momento que está atravesando la ciudad, es positiva y oportuna la introducción y la implementación de normas que, como en este caso, durante 90 días limiten la compra de armas de fuego y de municiones", sostuvo el edil radical.
Prensa Concejal Rodríguez |
"El sentido principal de la norma ha sido un llamado de atención a la comercialización de este tipo de instrumentos, que no contaban con el celo y el cuidado que requieren. No es novedad que las armas y las municiones que ingresan en el mercado ilegal, lo hacen a través del mercado legal. Es por esto que, cada organismo, desde su competencia, debe intervenir y contribuir a la incrementación de estas medidas de seguridad. El RENAR tomó cartas en el asunto rápidamente, el Municipio trabaja en la inhabilitación de las armerías que no cumplen con todos los recaudos establecidos y ha acordado con las que sí lo hacen que éstas incentivarían e incrementarían la cantidad de controles, siendo celosos custodios de los objetos que comercializan.
Queda claro que la medida tomada no es la única ni la definitiva solución, sino que se debe continuar trabajando desde todas las áreas (Municipio, Provincia y Nación) en medidas como ésta, tendientes a abordar el complejo tema de la seguridad.
La iniciativa del Municipio motivó a que otras áreas tomen decisiones colaboradoras con la problemática de la ciudad. Los mismos cambios en el Ministerio de Seguridad son producto de una decisión política del gobierno provincial, y consecuencia de la iniciativa del Intendente. A nivel legislativo, por ejemplo, se llevó a cabo una reunión de Senadores con los miembros del Ministerio Público de la Acusación, tendiente a tratar de viabilizar iniciativas que estén en tratamiento, tanto en el Senado como en Diputados. A su vez, surgió también un compromiso de las autoridades nacionales de enviar mayores fuerzas de gendarmería para este departamento, ya que aquí lamentablemente sólo existe un puesto de gendarmería, en la ruta 168, con una muy baja cantidad de efectivos.
Además, esta región de la provincia tiene dos juzgados federales, con competencia en materia de estupefacientes, de narcotráfico y de trata de personas. Esto significa, además de las propias competencias federales, que es necesaria una unidad de investigación de la propia gendarmería que sea soporte de estos dos juzgados. Existen incluso presos federales que están en cárceles comunes de la ciudad, y que le están quitando recursos a la provincia, por tareas de corte administrativo y judicial (son 9 presos condenados y más de 40 con proceso abierto).
Todos estos son temas que aparecen en escena cuando se analiza el tema de seguridad. La seguridad de los santafesinos es una preocupación principal tanto del Intendente como del Concejo Municipal, a pesar de no ser áreas directas de sus competencias. No vamos a dejar de repetirlo y de trabajar en consecuencia, fortaleciendo la toma de decisiones tendientes a que haya una mayor injerencia del Municipio en materia de seguridad, como la que se ha ido demostrando a lo largo de éstos últimos años: las cámaras de seguridad y el centro de monitoreo (primero en el país de un municipio), los botones de alerta; los edificios públicos, jardines municipales y escuelas custodiados, entre otros.
Queda claro que la medida tomada no es la única ni la definitiva solución, sino que se debe continuar trabajando desde todas las áreas (Municipio, Provincia y Nación) en medidas como ésta, tendientes a abordar el complejo tema de la seguridad.
La iniciativa del Municipio motivó a que otras áreas tomen decisiones colaboradoras con la problemática de la ciudad. Los mismos cambios en el Ministerio de Seguridad son producto de una decisión política del gobierno provincial, y consecuencia de la iniciativa del Intendente. A nivel legislativo, por ejemplo, se llevó a cabo una reunión de Senadores con los miembros del Ministerio Público de la Acusación, tendiente a tratar de viabilizar iniciativas que estén en tratamiento, tanto en el Senado como en Diputados. A su vez, surgió también un compromiso de las autoridades nacionales de enviar mayores fuerzas de gendarmería para este departamento, ya que aquí lamentablemente sólo existe un puesto de gendarmería, en la ruta 168, con una muy baja cantidad de efectivos.
Además, esta región de la provincia tiene dos juzgados federales, con competencia en materia de estupefacientes, de narcotráfico y de trata de personas. Esto significa, además de las propias competencias federales, que es necesaria una unidad de investigación de la propia gendarmería que sea soporte de estos dos juzgados. Existen incluso presos federales que están en cárceles comunes de la ciudad, y que le están quitando recursos a la provincia, por tareas de corte administrativo y judicial (son 9 presos condenados y más de 40 con proceso abierto).
Todos estos son temas que aparecen en escena cuando se analiza el tema de seguridad. La seguridad de los santafesinos es una preocupación principal tanto del Intendente como del Concejo Municipal, a pesar de no ser áreas directas de sus competencias. No vamos a dejar de repetirlo y de trabajar en consecuencia, fortaleciendo la toma de decisiones tendientes a que haya una mayor injerencia del Municipio en materia de seguridad, como la que se ha ido demostrando a lo largo de éstos últimos años: las cámaras de seguridad y el centro de monitoreo (primero en el país de un municipio), los botones de alerta; los edificios públicos, jardines municipales y escuelas custodiados, entre otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario