Los abogados del peón rural denunciaron que la Fundación Vida Silvestre incumplió cargos que Carlos Roque Saavedra Sáenz les dispuso en el testamento.
Gómez - Olmos. Reclaman la propiedad de la estancia, donde dicen que vivieron más de 20 años como si fueran dueños.
La disputa entre un peón rural y la Fundación Vida Silvestre por la herencia del hijo de Carlos Saavedra Lamas, el primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz, sumó esta semana un nuevo cúmulo de fojas al expediente judicial.
Los abogados que representan al trabajador del campo denunciaron que la fundación no cumplió con al menos uno de los cargos que el difunto, Carlos Roque Saavedra Sáenz Peña, dispuso en su testamento: las expensas y todo gasto correspondiente a la parcela en el cementerio Jardín de Paz, donde descansan sus restos. “Esa falta podría provocar la revocación del legado”, advirtió el abogado Raúl Freyre Iturraspe, quien presentó la denuncia en el Juzgado Civil Nº 1 de Capital Federal, donde se tramita la sucesión testamentaria, en representación de Claudia Olmos, la esposa de Hugo Gómez, el peón rural.
Carlos Roque Saavedra Lamas murió en marzo de 2011 sin herederos forzados. En su testamento, dejó el remanente de la venta de El Carmen, una estancia de más de 2.500 hectáreas ubicada en San Mariano a la Fundación Vida Silvestre. Sin embargo, Hugo Gómez y Claudia Olmos iniciaron un juicio por usucapión, en el que sostienen que por el paso del tiempo y por el cumplimiento de condiciones previstas en el Código Civil hoy son legítimos propietarios.
El viernes pasado, el abogado de la Fundación, Gabriel Somaglia, dijo que aún no había sido notificado de que existiera la denuncia por el incumplimiento del cargo. Sin embargo, al ser consultado por Diario UNO sobre las consecuencias que podría acarrear la falta, le restó gravedad al incidente: “Los cargos se cumplen recién cuando se puede disponer de la herencia. Si la Fundación no puede usufructuar el testamento no está obligada a cumplir con las imposiciones. Además, mientras tanto existe un albacea que debe encargarse de este tipo de trámites”.
En total, la deuda que se había generado por el incumplimiento era de 4.456,62 pesos. La última vez que se había abonado el costo del servicio había sido en febrero del 2012.
La suma fue cancelada hace casi dos semanas por Claudia Olmos. Su abogado, Freyre Itrurraspe, explicó que procedieron a cumplir con la liquidación de la deuda por “cuestiones humanitarias”. En este sentido, sostuvo que existía un “posible desalojo de los restos del señor Saavedra” y cuestionó que Vida Silvestre no se hubiera percatado de esa falta.
“La Fundación no cumplió con el cargo que en forma expresa le ha impuesto el testador en la cláusula undécima del testamento, por los legados realizados a su favor, demostrándose en forma manifiesta un abandono material y otro moral en cuanto a la voluntad del causante”, detalló el letrado en el escrito presentado ante el juez Gustavo Caramelo.
Y en la misma línea tuvo duras críticas hacia el albacea testamentario, a quien acusó de incumplir con su obligación de verificación de cumplimiento del cargo que le impone el Código Civil. “Tanto Vida Silvestre como el albacea incurrieron en faltas graves que podrían provocar la revocación del legado por incumplimiento de la voluntad y el apartamiento del albacea”, concluyó Freyre Iturraspe.
En contrapartida, el abogado de Vida Silvestre consideró que la denuncia no tiene más objetivo que “generar otro obstáculo” a la pretensión legítima que tiene la Fundación sobre la herencia de la familia Saavedra: “Quieren forzar algún arreglo que les interese económicamente. A Gómez le puede llegar a corresponder una indemnización si se comprueba que él fue despedido sin justa causa. Ahora, si estamos discutiendo si hubo o no una justa causa de despido es porque existió una relación laboral. La Ley de Contrato de Trabajo indica que quien trabaja en un predio como peón tiene como deber custodiar los bienes que son propiedad del patrón. Por lo tanto, en este caso, de ninguna manera se configura un caso de usucapión”.
Desde Vida Silvestre aseguran que aún no han podido hacerse del campo porque se lo impiden Hugo Aníbal Gómez y su mujer Claudia Olmos. Hubo una primera demanda de usucapión a nombre de Gómez, quien de acuerdo a documentos a los que accedió Diario UNO de Santa Fe a través de la Fundación, era empleado de la estancia. Precisamente esa condición de trabajador en relación de dependencia era la que podía jugar en contra al momento de la demanda de usucapión.
Hubo un cambio en la estrategia, se desistió de la primera y se inició otra a nombre de su mujer, Olmos, quien no figura en los registros como empleada de la estancia. La pareja, que tiene cuatro hijos, es asistida por los abogados Raúl Antonio Freyre Iturraspe y Horacio Humberto Brusa, de Santa Fe y la prima del primero, María del Corazón de Jesús Iturraspe Freyre, de Santa Clara de Buena Vista, cerca de San Mariano.
El conflicto
El conflicto entre la familia Gómez - Olmos y la Fundación Vida Silvestre tiene tres aristas judiciales: en Capital Federal, se tramita la sucesión testamentaria por la cual Saavedra Lamas cedió El Carmen a la Fundación a los fines de que sea vendida.
En la ciudad de Santa Fe, en el Juzgado Civil y Comercial de la 6ª Nominación de Santa Fe se lleva adelante el de usucapión; y en la ciudad de Esperanza, hay una denuncia por usurpación y otra por abigeato agravado (robo de ganado), presentadas por Vida Silvestre contra el peón rural (ya que cuando Saavedra falleció, la estancia, aseguran, tenía 1.300 vacas, pero cuando personal del Senasa se presentó para vacunar a los animales contra la aftosa faltaban más de 200, según cifras difundidas por la ONG) y también una querella criminal de parte de los abogados de Gómez y Olmos contra la directora de Comunicación de Vida Silvestre, Inés Lanz. En esta última ciudad, está previsto que se realice una audiencia de mediación entre las partes, en la que van a participar mediadores de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.
Para los representantes de los trabajadores rurales, los casi 20 años que la familia vivió en la estancia, son la estructura del reclamo. Para Freyre Iturraspe, por más que una persona haya sido empleada puede reclamar la “intervención del título de propiedad”, eso sucede cuando el dueño por alguna razón dejó de estar en su propiedad y el empleado pasado el tiempo se hace cargo. Además, Claudia Olmos fue la hija del anterior peón del predio, y vivió allí toda su vida.
En contrapartida, para el abogado Gabriel Somaglia, que representa a la Fundación Vida Silvestre, hay pruebas suficientes para imputarle al peón Hugo Aníbal Gómez los delitos de abigeato y usurpación, que se tramitan en los tribunales esperancinos. Considera que todo es una puesta en escena del peón y que la intención de fondo es que pase el tiempo, lo que pone en riesgo todo lo que hay en la estancia.
Ese campo, de acuerdo a los títulos registrales públicos reservados en el Registro de la Propiedad de Santa Fe, pertenece a la familia de Saavedra y lo hereda su hijo Carlos Roque Saavedra, quien al morir en 2011 deja un testamento en el que encarga a un albacea (Roberto Elissalde) que administre los bienes de la herencia, entre ellos este campo y que proceda a la venta y que una vez que lo vendiera, descontados todos los gastos, entre ellos desvincular al personal que dependía de la explotación agropecuaria, darle todo el producido –el precio de la venta– a Vida Silvestre.
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