La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su preocupación por el allanamiento realizado el pasado martes 8 en la sede del diario La Nueva Provincia, hoy La Nueva, de Bahía Blanca.
A continuación, se reproduce el comunicado de Adepa sobre el procedimiento judicial que se concretó en el marco de una causa iniciada contra directivos del matutino, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto.
“Las condiciones en que se cumplió la actuación judicial parecen constituir un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes, en tanto y en cuanto expresan visiones críticas sobre la realidad nacional.
“El juez interviniente expresamente había establecido que en ningún caso la medida debía ‘entorpecer ni afectar el normal funcionamiento del medio gráfico, ni mucho menos afectar la libertad de prensa ni la absoluta reserva de la fuente periodística, garantías que han sido incorporadas por la reforma constitucional de 1994 y que no ceden pues adquirieron rango de una verdadera ‘libertad institucional’.
“Pese a ello, los fiscales ad hoc que actuaron acompañados por personal de Gendarmería Nacional dispusieron el secuestro de 119 tomos de la colección del diario desde 1974 a 1983 y cientos de sobres que contenían fotos y recortes periodísticos del archivo de La Nueva que hacen al funcionamiento cotidiano del medio de comunicación bahiense.
“Este hecho, sumado a que el procedimiento se concretara a instancias de dos fiscales ad hoc -esto es, nombrados sin concurso público y sin acuerdo del Senado Nacional, como lo requiere la ley- y que han declarado públicamente una militancia ideológica que cuestiona el deber de objetividad que les impone el cargo, compromete las garantías constitucionales referidas a la libertad de prensa y genera el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión”, advierte Adepa.
Adecuación bajo la lupa
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, advirtió hoy que “el Estado no se quedará con los brazos cruzados” si llegara a detectar irregularidades en el proceso de adecuación que debe presentar el Grupo Clarín para cumplir con las exigencias de la Ley de Medios.
“Hemos esperado cuatro años hasta que la ley fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia, durante los cuales el Grupo Clarín realizó todo tipo de maniobras dilatorias, y ahora no vamos a permitir que se burlen del pueblo, de la ley y de la propia Corte”, advirtió Sabbatella ante versiones periodísticas sobre supuestas irregularidades en la lista de los posibles compradores de licencias que debe presentar el holding.
El presidente de la Afsca ratificó esas versiones en radio Continental al relatar la visita que realizara al organismo el titular del fondo Fintech -socio minoritario de Cablevisión-, David Martínez, el pasado miércoles.
“Tenemos la versión periodística y la palabra del socio minoritario quien nos dijo que discutió con directivos del grupo porque les habían trasmitido esa intención”, dijo al referirse a la presentación de posibles compradores con nombres de herederos o testaferros. En ese marco, Sabbatella aseguró que “si intentan hacer trampa, estamos preparados para la adecuación de oficio donde el Estado pone en concurso lo que tendrían que vender voluntariamente”.
EL LITORAL.
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