El juez Casanello ordenó secuestrar documentación sobre los movimientos de SGI, la financiera que habría girado millones de euros del empresario al exterior; piden informes a Panamá.
Por orden del juez, efectivos de Prefectura se presentaron ayer por la tarde en los bancos Galicia, Columbia, Francés, Hipotecario, Comafi y en la financiera Metrópolis. Tenían orden de pedir información sobre las cuentas de SGI, la financiera conocida como "La Rosadita" , sospechada de haber girado al exterior más de 50 millones de euros de Lázaro Báez. Si las entidades se mostraban reticentes Prefectura tenía instrucción de allanarlas. Anoche, fuentes judiciales informaron a LA NACION que en el caso de Metrópolis la medida terminó en allanamiento.
El objetivo de los operativos era obtener el detalle de todos los ingresos y salidas de valores de las cuentas de SGI que, de acuerdo con las pruebas de la causa, operó con los cinco bancos y con la firma Metrópolis.
SGI tenía entre sus grandes clientes a dos empresas de Báez, Austral Construcciones y Top Air, que manejaban montos millonarios. También surge de la documentación en poder del juzgado que con la financiera operaron tres clubes de fútbol: Independiente, San Lorenzo y Talleres.
Para reconstruir la ruta del dinero, Casanello libró, además, exhortos a Panamá, el país donde se sospecha que se crearon las sociedades utilizadas por los supuestos cómplices de Báez para lavar cifras millonarias.
El juez le pidió a la justicia panameña que reuniera toda la información disponible en los registros de ese país sobre SGI, que tendría una oficina allí; sobre Teegan Inc., empresa de Martín Báez (hijo del empresario) supuestamente destinada a esconder activos, y sobre todas las demás sociedades que están siendo investigadas en esta causa por lavado.
Casanello también solicitó que la dirección de migraciones de Panamá informara sobre todos los ingresos y salidas de ese país de cualquiera de los acusados en este expediente. Ya le había pedido al gobierno argentino el detalle de los viajes al exterior de todos ellos, pero ahora la idea es registrar también posibles ingresos a Panamá a través de terceros países por parte de cualquiera de los imputados. Ellos son: Lázaro Báez, Martín Báez, su contador Daniel Pérez Gadín, el supuesto valijero Leonardo Fariña, el presunto responsable de la operatoria en Panamá, Fabián Rossi, y el financista Federico Elaskar, ex dueño de SGI.
En su primera aparición ante las cámaras de televisión, a mediados de abril, Elaskar dijo que su financiera había sacado del país al menos 55 millones de euros de Lázaro Báez. Relató que el dinero se giraba a Suiza a través de sociedades que se organizaban desde Panamá.
Días más tarde, se desdijo. Lo mismo que Fariña. Hoy, los dos tienen sus patrimonios congelados. Casanello dispuso esta semana la inhibición general de los bienes de ambos, luego de recibir una serie de datos de la Unidad de Información Financiera, afirmaron fuentes de la causa.
Según el relato de Elaskar, Pérez Gadín lo amenazó y lo obligó a desprenderse de SGI. En otra causa que se tramita en paralelo, el fiscal José María Campagnolli pidió anteayer la indagatoria de Báez. Lo acusó de haber sido el cerebro detrás de la maniobra para quitarle a Elaskar "La Rosadita".
Ayer, Casanello recibió en su juzgado la investigación de Campagnolli, que acusó a Báez de haber montado una cadena de empresas con más de 200 eslabones para hacer circular dinero obtenido de negocios realizados al amparo del poder. Casanello pidió fotocopias de ese expediente para su causa. Las pruebas reunidas allí pueden resultarle últiles porque él debe dirigir su investigación a perseguir las presuntas maniobras de lavado.
Para eso, el corazón de la causa es hoy SGI. Según informaron fuentes judiciales, los investigadores están concentrados en desentrañar la operatoria de la financiera. Saben, por las pruebas reunidas hasta ahora, que les cambiaba a sus clientes cheques por dinero. También, que tenía otros mecanismos para proveerles efectivo. En cuanto a los cheques, la financiera los depositaba luego en las cuentas de los bancos donde ayer Prefectura hizo los operativos.
La decisión de enviar a esta fuerza con órdenes de allanamiento (en lugar de pedir la información por escrito vía oficios) se debe a que el juzgado no descarta aún que entre SGI y los bancos pueda haber existido alguna "ingeniería común" para el manejo del dinero, explicó a LA NACION un funcionario que trabaja en el caso.
Además de las empresas de Báez y los clubes de fútbol, la Justicia identificó a varias compañías que movieron dinero en SGI. Entre ellas está Draconis, una empresa de servicios dedicada al tratamiento de residuos aeroportuarios, con sede en el aeropuerto de Ezeiza, y a Smart Pump, abocada al negocio de las máquinas expendedoras de alimentos, relataron fuentes con acceso al expediente.
Durante los operativos de ayer, Prefectura secuestró carpetas con documentación y fotocopias de cheques. Se sumarán a las pilas de cajas que llegan día tras día al juzgado de Casanello. Además, en las próximas semanas la Cámara Federal deberá decidir si hace lugar a una apelación del fiscal Guillermo Marijuan y ordena que se acumule a este expediente la denuncia de Carrió por el presunto desmantelamiento de una bóveda con dinero, documentos y armas en la casa de Báez del Sur. En Santa Cruz, la Justicia ya tomó las primeras medidas sobre la supuesta bóveda.
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