A ocho días de que empiece la nueva etapa del congelamiento de precios, para sólo 500 productos, los supermercados ya dieron precisiones sobre cómo será su puesta en práctica. Pero hay aspectos centrales para los consumidores que aún esperan definición. Principalmente, cómo quedará conformado el listado de artículos, cómo fijará cada cadena los precios acordados y cómo se garantizará que no haya faltantes. En las asociaciones de consumidores temen que estas incógnitas se resuelvan de un modo perjudicial para los clientes.
En la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la entidad que nuclea a Carrefour, Walmart, Coto, Jumbo, Disco y Vea, entre otras grandes cadenas, confirmaron ayer que los precios de los 500 productos serán dados a conocer entre hoy y el martes. Lo que aún está en definición es la forma de difundirlos. “Cada cadena, según su política comercial, va a decidir cómo efectúa la comunicación”, explicó ayer Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la entidad.
Así, el nuevo congelamiento sería diferente del que rige desde el 1° de febrero, que no tuvo precios de referencia de ningún tipo. Las empresas también confirmaron que desde junio habrá un señalamiento especial para los artículos bajo acuerdo. “Van a estar identificados en góndola”, afirmó Vasco Martínez en declaraciones a Radio Continental. Y actualmente se estudia también que haya carteles en el ingreso de los locales.
Hasta acá, lo que se sabe. Pero las dudas más grandes comienzan cuando se indaga sobre cuáles serán los precios que tendrá que pagar la gente. Tras conocerse el acuerdo, fuentes del sector habían dicho a este diario que ya no habría diferencias de precios entre las sucursales de la misma cadena para los productos acordados. Algo que en la ASU luego confirmaron.
Pero eso genera interrogantes porque hoy las cadenas tienen precios muy distintos. No sólo entre ellas –donde las diferencias ya promedian el 20% para iguales productos–, sino también entre locales de la misma firma. En marzo, Clarín comprobó una brecha del 7,5% para 35 productos entre dos sucursales de Jumbo, y una del 13,1% entre un Coto de Caballito y los precios de la tienda virtual.
Así, la gran pregunta es cómo cada cadena unificará sus propios valores, porque si llevan todos los precios al nivel de los negocios más caros, eso generaría aumentos para los clientes de las más baratas.
Ayer, una fuente del sector que pidió anonimato descartó esa posibilidad, pero no se animó a asegurar que los valores vayan a emparejarse con los de las sucursales más baratas. “Todavía se está discutiendo, pero los precios no se van a uniformar en un nivel alto, porque se perderían clientes. Se buscará un promedio”, explicó.
Y para sumar incertidumbre, hasta puso en duda que pueda haber una unificación total: “La tendencia va a ser a uniformar los precios, pero no se sabe si se va a poder cumplir con eso del todo, porque los costos varían mucho según la zona. No es lo mismo un local en Lugano que otro de Recoleta, ni es lo mismo uno del Conurbano que otro en Jujuy”.
Por otra parte, la lista de los 500 productos que se conoció el miércoles aún no es la definitiva. En la ASU dijeron ayer que “el mix de productos está cerrado, aunque hay algún detallito que se está corrigiendo”. Pero otra fuente del sector aseguró que todavía podría cambiar el 20% de los ítems.
Otro gran interrogante es si los productos del listado se podrán encontrar. Tal como se publicó ayer, Clarín buscó 40 ítems de la lista en cuatro supermercados de Capital y sólo pudo encontrar 3 de cada 10: el 72% fue inhallable.
¿Se solucionarán estos problemas para el 1° de junio? “Es una pregunta para trasladarle a la industria proveedora”, respondieron ayer en la ASU. Así apuntaron a los fabricantes, que se comprometieron ante Moreno a “suministrar la mercadería en volumen suficiente”, pudo saber este diario.
“Pedimos un listado claro y preciso de los 500 productos y sus precios, y que haya garantía de stock para todas las góndolas. Si eso se cumple, el control de los precios lo harán los 40 millones de consumidores argentinos”, afirmó Fernando Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores de Argentina.
En otra entidad, Consumidores Libres, su fundador Héctor Polino agregó: “El nuevo acuerdo debe comenzar con la publicación de los precios de referencia vigentes al 31 de mayo. De lo contrario, no hay posibilidades de controlar si los precios que aparecen en las góndolas son los acordados”.
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