El 2 de mayo de 2000 el presidente municipal (intendente) de Paraná, Sergio Varisco, recibió una nota del director representante de la provincia de Entre Ríos del túnel, Pablo Bertellotti, en la que le advierte que “no se deben colocar estructuras sobre el viaducto en su sección transversal y dejando además libre la zona de influencia de cargas a ambos lados (100 metros). A cada lado del eje”.
Le dijo además que “es peligroso dragar” en esa zona.
La nota además advierte que “no es conveniente obstaculizar la visión directa desde la sala de comando a toda la traza del túnel sobre el río”.
El artículo 6 del texto vigente del Tratado Interprovincial, que es ley desde mediados de los ‘70 tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, ordenó la “zona de seguridad del túnel” y dejó su delimitación a las autoridades del ente interprovincial.
El 1º de septiembre de 2003, previos dictámenes jurídicos y técnicos, el Consejo Superior Interministerial del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial -integrado por los ministros de Hacienda y Gobierno y Justicia, de Entre Ríos, y de Hacienda y Finanzas y Obras y Servicios Públicos, de Santa Fe- a través de la Resolución Nº 08/03, ordenó la zona de restricción absoluta, 50 metros a cada lado del eje del túnel, más una zona de seguridad física hasta 100 metros del mismo área y una zona de seguridad administrativa en todos los terrenos.
Ninguna de estas previsiones ha impedido sin embargo la construcción primero, y la permanencia en el tiempo, de calles de paso en el marco de un loteo privado, arriba de la estructura del túnel y su zona de seguridad, y de oferta a la venta de lotes que incluyen una caleta dragada (dragar significa excavar por arrastre en un lecho, no necesariamente desde una embarcación) sobre la zona de seguridad del túnel.
No hay ningún título de propiedad sobre el predio que se extiende por encima del ingreso a Paraná del túnel, en la zona de seguridad. El ente interprovincial tiene en sus archivos los planos de construcción, en los que consta que la zona estaba naturalmente afectada por la provincia de Entre Ríos a la construcción del túnel, porque les eran propios o porque los expropió a tal fin.
Los que eran bañados que estaban dentro de la jurisdicción federal, por cuanto excedían la línea de ribera antes de las obras, están demarcados en los planos que llevan las firmas de Alejandro Vega, ingeniero en jefe, y de Francisco Cerini, presidente de la comisión interprovincial del túnel, y que fueron aprobados por ambas provincias.
El Código Civil argentino ordena que lo que está dentro del río desde la línea de ribera es nacional, y lo que se añade por aluvión o por acción del hombre -tierra adentro de esa línea- es dominio público provincial, es decir que nadie se lo puede apropiar. Menos aún si el río es navegable, todo lo cual significa que incluso el Estado provincial tampoco lo puede enajenar.
Los terrenos arriba del túnel, en la proyección de su trazado, son por definición del tratado interprovincial una parte fundamental de la seguridad del viaducto subfluvial. Sin embargo hay allí un particular que cercó el predio, al que mantiene ocupado y vigilado, dragó la zona en la que no podía hacerlo, construyó calles y loteó el lugar, según lo ofrece no sólo la página web del emprendimiento privado sino otras inmobiliarias de la vecina capital. Es público y notorio.
¿Quién defiende al túnel? Una zona de mayor extensión a la zona de seguridad del túnel, es parte de un largo litigio que aún no se resuelve en tribunales entrerrianos. Sergio Lifschitz dice tener la propiedad de lo que eran bajos ganados al río por el dragado de los constructores del túnel. Presentó para ello primero una escritura que se hizo confeccionar unilateralmente y después se apropió del lugar, argumentando un “error” corregido en Catastro de la Municipalidad de Paraná sobre la costa.
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