La medida alcanza a Martín A. Romano, como partícipe principal del asalto a una panadería del centro, y a su compañero Gabriel A. Galván, considerado autor material del ilícito. La Justicia confirmó que seguirán presos.
El juez de Instrucción Sexta, Sergio Carraro, procesó este miércoles al ex director de Control y Asistencia Post-Penitenciaria, Martín Alejandro Romano, acusado de asaltar junto a Gabriel Adrián Galván una panadería céntrica el pasado 1º de febrero.
La fiscal Nº 5, Elena Perticará, se notificó esta mañana de la medida, que al cierre de esta edición estaba siendo comunicada por cédula a las partes.
Al ex funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le atribuyeron los delitos de “robo calificado por el empleo de arma de fuego” en calidad de partícipe; y “falsedad ideológica de documento público en forma reiterada”, este último porque en su poder fueron secuestradas planillas de declaraciones juradas en blanco y firmadas.
A su vez, Galván de 39 años, fue procesado como autor material de “robo calificado por el uso de arma de fuego”.
Captura y allanamientos
Ambos imputados fueron detenidos la tarde del 1º de febrero en Suipacha y San Jerónimo, luego de asaltar la panadería Polo Norte de calle 9 de Julio y Santiago del Estero.
Personal de la Brigada de Explosivos de la URI los interceptó mientras circulaban en un coche Renault Sandero Stepway negro, con vidrios polarizados y cuya patente fue rápidamente aportada al 911 por un testigo del robo.
Según informó oportunamente la Policía, Romano iba al mando del vehículo e intentó interferir en el accionar policial so pretexto de ser un alto funcionario provincial. Durante la requisa los efectivos secuestraron desde debajo del asiento del acompañante una pistola cargada del calibre 7,65, dinero en efectivo en poder de Galván, una navaja y un precinto plástico, entre otros objetos.
Dada la trascendencia pública por la función que desempeñaba Romano -era el encargado de controlar y asistir a los condenados que recuperaban su libertad-, el juez Carraro ordenó allanar su departamento de calle 9 de Julio al 3400 y más tarde su oficina de 4 de Enero al 3600.
En los dos sitios se secuestraron documentos de interés para la causa, entre ellos unas 15 planillas de declaraciones juradas sobre libertades en blanco, pero firmadas al pie, lo que hace presumir a su vez fuertes irregularidades administrativas.
Estaban drogados
Tanto Romano como Galván fueron indagados en sede tribunalicia. El funcionario de 31 años se excusó diciendo que hacía desde el 30 de enero que no dormía y que producto de una discusión familiar había optado por refugiarse en el consumo de estupefacientes.
También contó que en una de las salidas en busca de más droga fue cuando se encontró con el “Pelado” Galván, y que juntos terminaron consumiendo en su departamento.
Romano recordó que Galván le pidió que lo llevara y asegura que lo único que recuerda con posterioridad es que estaba preso. “No teníamos necesidad, no sé por qué lo hizo”, dijo cuando lo indagaron.
Mientras, Galván se hizo cargo de su parte. Asumió que fue él el que le pidió a Romano que estacionaran frente al quiosco que está en la esquina de la Facultad de Ingeniería y como estaba cerrado se dirigió a la panadería, supuestamente en busca de algo para tomar.
Pero una vez en el local lejos estuvo de adquirir algún producto.
Prisión preventiva
La víctima contó que vio entrar un hombre de remera negra, bermudas y lentes oscuros, y que sacó un arma de fuego que cubría con un cuaderno al tiempo que le exigía la plata de la caja.
Luego el imputado dijo que el arma la había encontrado en la calle el día anterior, cosa que no convenció a las autoridades.
También reconoció que se le escapó un disparo en el departamento de Romano y así lo demuestra una pericia balística y el secuestro de una vaina servida hallada en el lugar.
Con los elementos de prueba reunidos, el juez le corrió traslado a la fiscal Elena Perticará, que tras negar sucesivos recursos intentados por la defensa de Romano solicitó la prisión preventiva para ambos.
Actualmente, los dos se encuentran bajo la órbita del servicio penitenciario y la resolución con procesamiento no se encuentra firme, por lo que podría ser apelada por alguna de las partes.
Las autoridades judiciales allanaron la oficina de Romano, ubicada en calle 4 de Enero al 3600, donde detectaron serias irregularidades administrativas.
Desde la defensa
El abogado Romeo Díaz Duarte, a cargo de la defensa del ex director de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, Martín Romano, intentó por varias vías que la Justicia le concediera la libertad para su pupilo.
En su momento, Díaz Duarte se opuso al pedido de prisión preventiva de la fiscal por considerarla “una medida abusiva, arbitraria y discriminadora”.
A cambio ofreció una sustitución de prisión y propuso la internación de su pupilo en una clínica privada para la atención de adicciones, bajo un sistema de puertas cerradas.
Atento a ello no se descarta que una vez notificado, resuelva apelar el procesamiento y volver a cuestionar que su pupilo permanezca privado de la libertad.
El defensor de Galván, Héctor Tallarico, también expresó su desacuerdo con la preventiva, por lo que también podría recurrir ante la Cámara.
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