Haciendo uso de una delegación de facultades establecida por el legislador en la nueva norma impositiva, el gobierno resolvió elevar del 3,5 al 4,5 la alícuota para contribuyentes radicados fuera de la provincia, y del 2 al 3%, para las constructoras que tampoco tengan su sede en Santa Fe.
La reforma tributaria dispuso una modificación de las alícuotas de Ingresos Brutos para varios sectores, y extendió el gravamen a otros que estaban exentos. Pero el Poder Ejecutivo no se quedó con eso, y echando mano a una facultad delegada por la propia Legislatura, volvió a retocar por decreto los valores que determinan cuánto pagarán los contribuyentes y constructoras que estén radicados fuera de la provincia.
El gobierno no perdió tiempo, y antes de que empezara a regir la nueva ley impositiva -el pasado lunes-, firmó el decreto Nº 2.707 para incrementar en un 50 por ciento la alícuota para las constructoras, y en un 30 por ciento a los demás contribuyentes. De este modo, los aumentos comenzaron a regir en simultáneo con la nueva ley.
Así, las nuevas alícuotas quedaron fijadas en un 3 por ciento para las constructoras y en un 4,5 por ciento para los demás contribuyentes, siempre que estén radicados -tanto en un caso como en el otro- fuera de los límites de la provincia de Santa Fe.
Delegación
La ley de reforma tributaria sancionada el último 13 de septiembre fijaba en el 3,5 por ciento la alícuota de Ingresos Brutos para aquellos contribuyentes o responsables radicados fuera de la provincia de Santa Fe. Pero en el artículo 9 de la misma ley, autorizaba al Poder Ejecutivo a incrementar dicha la alícuota básica “hasta en un treinta por ciento”.
De igual modo, la ley fijaba en un 2 por ciento la alícuota para la actividad de la construcción de inmuebles, pero establecía en el artículo 12 que se autorizaba al Poder Ejecutivo a incrementar esta alícuota “hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando las actividades sean realizadas fuera de la jurisdicción de la provincia ”.
Por eso, y a partir de esas facultades concedidas, el gobierno de Antonio Bonfatti estableció por decreto que la alícuota para las constructoras se elevase del 2 al tres por ciento, y la del resto de los contribuyentes, del 3,5 al 4,5 por ciento, teniendo en cuenta en ambos casos que las actividades deben ser desarrolladas fuera de la provincia de Santa Fe.
Antecedente
En una situación similar de uso de facultades delegadas, el Ejecutivo había firmado a principios de año el discutido y polémico decreto Nº 200 aumentando por esa vía la alícuota para grandes contribuyentes -del 3,5 al 3,8% para las empresas que facturaran más de 30 y hasta 40 millones de pesos, y al 4,2% para las que facturaran más de 40 millones anuales-.
Sectores de la oposición lo cuestionaron por entender que el gobierno estaba cometiendo un exceso -argumentaban que gobiernos anteriores, ya habían echo uso de esa facultad y que por lo tanto, tal prerrogativa estaba casi agotada-, y advirtieron que tenía visos de inconstitucionalidad. El texto terminó siendo observado también por el Tribunal de Cuentas, razón por la cual, el Ejecutivo no insistió con el decreto e incorporó sus alcances al proyecto de reforma tributaria.
Con la delegación de facultades, el Poder Ejecutivo terminó asumiendo el costo político de aplicar el aumento pleno de las alícuotas. Pero, como se dijo, no perdió tiempo; no esperó que rigiesen primero y por un determinado lapso los valores fijados por la Legislatura, sino que automáticamente procedió a aplicar el máximo de incrementos permitido por la ley.
Recaudación
Según datos provisorios, la provincia recibió en septiembre por ingresos nacionales alrededor de 26 millones de pesos más de lo presupuestado. En tanto, recaudó en concepto de ingresos propios unos 20 millones por encima de lo estimado en el presupuesto. En total, la recaudación mensual fue de unos 45 millones más que lo presupuestado. Fuentes oficiales consultadas por El Litoral advirtieron que si bien en términos porcentuales la diferencia no es marcada, sí es importante que a partir de estos datos se revierte una tendencia que venía siendo negativa, es decir, por debajo de las cifras presupuestas.
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