El próximo jueves, a pedido del
gobierno provincial, habrá una nueva audiencia de conciliación judicial.
Avanzan las negociaciones en la búsqueda de soluciones definitivas para
este problema.
El 3 de abril pasado, 180 familias ocuparon un plan de viviendas en
construcción ubicado en el barrio Santa Rita II, en Chaco al 5.000, unas
cinco cuadras al este de la avenida Blas Parera, en la zona norte de la
capital provincial. Al día siguiente, enterados de la noticia, muchos
otros hicieron lo mismo con el plan habitacional Nº 6.129 de 84 casas
sin terminar, correspondiente al programa Federal 1, ubicado 100 metros
al oeste de la avenida Aristóbulo del Valle, pasando Callejón El Sable.
Este domingo se cumplen dos meses de esta toma de viviendas a la que sólo han desistido hasta el momento cuatro grupos familiares. Con marchas y cortes de calles, denuncias ante la Justicia, acampes en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, e interrupción de beneficios sociales por parte del Estado; este conflicto tuvo en ese lapso numerosas idas y vueltas que repercutieron en los más diversos ámbitos tanto a nivel local como provincial y nacional.
Sin embargo, esta semana las partes podrían avanzar hacia una solución definitiva. El juez de la quinta nominación en lo Civil y Comercial, Diego Raúl Aldao, volvió a convocar –a pedido del gobierno provincial– a una audiencia de conciliación judicial para el próximo jueves 7 de junio, a las 11, en la sede de ese juzgado –en planta baja de Tribunales (ciudad de Santa Fe). De esta manera, la Provincia deja entrever su voluntad de retornar al diálogo para intentar hallar una salida al problema.
Esto está previsto por el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, el cual en su artículo 19 establece: “Los jueces pueden disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estime necesaria a los objetos del pleito. Esta facultad se entenderá sin perjuicio de los términos para fijar resolución o sentencia…”.
Es de uso permanente y habitual que por solicitud de partes o por disposición del juez se celebren en todos los tribunales de primera y segunda instancia audiencias de conciliación en las distintas etapas del proceso.
El magistrado tomó ahora esta decisión por segunda vez, ya que el 15 de mayo pasado tuvo lugar la primera audiencia de conciliación judicial, luego de dar admisibilidad al recurso de amparo presentado por el abogado defensor de los cinco representantes de las familias que se instalaron en ese predio estatal.
Por su parte, anteayer los integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que mantuvieron durante tres semanas un acampe en el ingreso del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en reclamo de que les restituyan los beneficios sociales interrumpidos por el gobierno, desalojaron el predio de Almirante Brown 6.998.
Tomaron la decisión tras un encuentro con autoridades provinciales, que se comprometieron a abonar la deuda con las cooperativas de trabajo correspondientes a febrero y marzo, el pago adeudado a seis comedores, y el reintegro de la Tarjeta Única de Ciudadanía, que será en forma inmediata para 40 casos de necesidad extrema, mientras que para el resto de los beneficiarios será rehabilitada en días posteriores.
La protesta en el Ministerio había generado tensiones entre los manifestantes y los trabajadores en ese espacio, lo cual provocó la intervención y el reclamo también de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en pos de garantías de seguridad para los empleados.
En cuanto a la causa penal que también se lleva adelante en el marco de la ocupación de viviendas, la Cámara de Apelaciones aún no definió al respecto de si existió o no usurpación en este caso, teniendo en cuenta que el día 4 de abril pasado autoridades provinciales firmaron un convenio con la CCC en el cual consta que la Dirección Provincial de Vivienda provincial accedió a una desocupación por etapas e ir resolviendo a cada una de las familias que se van a ir incorporando en los proyectos de autoconstrucción de su propia vivienda.
Este domingo se cumplen dos meses de esta toma de viviendas a la que sólo han desistido hasta el momento cuatro grupos familiares. Con marchas y cortes de calles, denuncias ante la Justicia, acampes en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, e interrupción de beneficios sociales por parte del Estado; este conflicto tuvo en ese lapso numerosas idas y vueltas que repercutieron en los más diversos ámbitos tanto a nivel local como provincial y nacional.
Sin embargo, esta semana las partes podrían avanzar hacia una solución definitiva. El juez de la quinta nominación en lo Civil y Comercial, Diego Raúl Aldao, volvió a convocar –a pedido del gobierno provincial– a una audiencia de conciliación judicial para el próximo jueves 7 de junio, a las 11, en la sede de ese juzgado –en planta baja de Tribunales (ciudad de Santa Fe). De esta manera, la Provincia deja entrever su voluntad de retornar al diálogo para intentar hallar una salida al problema.
Esto está previsto por el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, el cual en su artículo 19 establece: “Los jueces pueden disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estime necesaria a los objetos del pleito. Esta facultad se entenderá sin perjuicio de los términos para fijar resolución o sentencia…”.
Es de uso permanente y habitual que por solicitud de partes o por disposición del juez se celebren en todos los tribunales de primera y segunda instancia audiencias de conciliación en las distintas etapas del proceso.
El magistrado tomó ahora esta decisión por segunda vez, ya que el 15 de mayo pasado tuvo lugar la primera audiencia de conciliación judicial, luego de dar admisibilidad al recurso de amparo presentado por el abogado defensor de los cinco representantes de las familias que se instalaron en ese predio estatal.
Por su parte, anteayer los integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que mantuvieron durante tres semanas un acampe en el ingreso del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en reclamo de que les restituyan los beneficios sociales interrumpidos por el gobierno, desalojaron el predio de Almirante Brown 6.998.
Tomaron la decisión tras un encuentro con autoridades provinciales, que se comprometieron a abonar la deuda con las cooperativas de trabajo correspondientes a febrero y marzo, el pago adeudado a seis comedores, y el reintegro de la Tarjeta Única de Ciudadanía, que será en forma inmediata para 40 casos de necesidad extrema, mientras que para el resto de los beneficiarios será rehabilitada en días posteriores.
La protesta en el Ministerio había generado tensiones entre los manifestantes y los trabajadores en ese espacio, lo cual provocó la intervención y el reclamo también de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en pos de garantías de seguridad para los empleados.
En cuanto a la causa penal que también se lleva adelante en el marco de la ocupación de viviendas, la Cámara de Apelaciones aún no definió al respecto de si existió o no usurpación en este caso, teniendo en cuenta que el día 4 de abril pasado autoridades provinciales firmaron un convenio con la CCC en el cual consta que la Dirección Provincial de Vivienda provincial accedió a una desocupación por etapas e ir resolviendo a cada una de las familias que se van a ir incorporando en los proyectos de autoconstrucción de su propia vivienda.
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