Lo hizo el senador provincial del PS, Juan Carlos Zabalza, luego de que la iniciativa perdiera estado parlamentario en esa misma cámara. El texto establece prohibiciones a la fumigación con glifosato.
El texto –en principio– es idéntico al ya conocido salvo que la autoridad de aplicación será el Ministerio de la Producción. Con respecto a las restricciones, se determina que los productos de “banda roja” (mayor peligrosidad) no podrán usarse a menos de 3.000 metros del límite de las plantas urbanas, denominado “línea agronómica”, y los de “banda amarilla” (mediana peligrosidad) a menos de 1.000, mientras que se fijó en 200 metros para los de “banda verde” (poco peligrosos).
Por su parte, al glifosato (que tiene marbete verde) se lo trató por separado imponiéndosele un límite de 500 metros para pulverizaciones terrestres y 1.000 para aeroaplicaciones. Esa medida está fundada en el “principio precautorio”, por el cual un juez de San Jorge (Tristán Martínez) prohibió su uso a menos de 800 metros del límite urbano de dicha ciudad. Con este argumento también se autorizó al Poder Ejecutivo a recategorizar toxicológicamente a algunos productos o su exclusión de la nómina de productos autorizados, a pesar de que es el Senasa el organismo específico que tipifica la toxicidad a nivel nacional.
Zabalza justificó volver a discutir el proyecto porque “hay un problema político” donde los legisladores santafesinos tienen que ir generando “condiciones para jerarquizar la producción y las condiciones para los productores pero también jerarquizar la salud humana y ambiental”. Tal es así que además del manejo de agroquímicos la norma en cuestión prohíbe la siembra en las banquinas de las rutas santafesinas, la fumigación de cargas en camiones y vagones, y también el almacenaje de agrotóxicos dentro de plantas urbanas.
“La realidad de las cosas es que no hay fitosanitarios inocuos, esto lo revela el informe de la Universidad Nacional del Litoral. Esto no significa ir contra los productores, significa ir avanzado en la reformulación de algunas cosas que existen hoy en el campo de la realidad (estudios científicos), pero que es necesario que asumamos la responsabilidad de plantarlas, y creo que hay que ver cómo se compagina el interés sectorial con el interés general”, añadió el senador socialista.
Se buscan responsables
Es de recordar, que tanto ecologistas como legisladores y funcionarios del Frente Progresista echaron la culpa a los senadores justicialistas por la pérdida de estado parlamentario de la nueva ley de fitosanitarios, en virtud de que tienen una cómoda mayoría en el cuerpo y el texto apenas si fue analizado por la comisión de Salud que preside Danilo Capitani (PJ-San Jerónimo).
Según el jefe del bloque peronista en la Cámara alta, José Baucero, la culpa la tuvo el Poder Ejecutivo porque no habilitó tratar el tema durante el período extraordinario de sesiones (entre el 1 de diciembre y el 30 de abril) y eso quitó tiempo para analizarlo. La explicación sonó a excusa, porque el proyecto que venía de Diputados ingresó al Senado el 2 de julio del año pasado.
Al respecto, para el diputado provincial del partido Pares (FPCyS), Antonio Riestra, “son lamentables las excusas que escuchamos de algunos senadores que quieren justificar su evidente falta de voluntad política para legislar a favor de la salud de la población”. Incluso, señaló que “durante 2010 el trámite estuvo en manos de la comisión de Salud de la Cámara de Senadores, donde se realizaron reuniones de consulta a las que fueron convocados únicamente los sectores empresarios y profesionales comprometidos con los agronegocios”.
Riestra recordó que en todo el territorio provincial se repiten las evidencias médicas sobre el potencial impacto negativo en la salud de las personas que genera la aplicación de los agroquímicos. “Las denuncias se multiplican y los estudios científicos nos alertan sobre la necesidad de tomar precauciones. Por eso decimos que la ley de fitosanitarios se debe reformar antes que sea demasiado tarde”, agregó el legislador.
“Lamentablemente, los senadores de la comisión de Salud demostraron poco interés en escuchar los padecimientos de numerosas comunidades rurales de la provincia y sólo buscaron las opiniones técnicas entre los sectores comprometidos con el modelo productivo de los transgénicos y los agrotóxicos”, remarcó Riestra.
El modelo de la soja
En el fundamento del proyecto que reingresó, Zabalza dijo que la actual ley de fitosanitarios es del 26 de octubre de 1995. Por tal motivo, explicó que en aquel momento “no existía en la magnitud actual la explotación intensiva de determinados cultivos”, entonces “la producción agrícola-ganadera se presentaba más equilibrada”.
Sin embargo, y allí justifica introducir más límites en la fumigación con agrotóxicos, consideró: “Con la aparición de la siembra directa, las condiciones favorables de nuestro suelo, las ventajas económicas de cara al mercado internacional que ofrecían y ofrecen los diferentes cultivos, se produjo un vuelco significativo hacia la soja, sustentado en la siembra directa, la semilla transgénica y la utilización del glifosato.
“De esa forma, la producción intensiva de este último cultivo ocupa la mayoría de la producción agrícola, originando la aplicación a gran escala de productos fitosanitarios, en particular, el glifosato. En ese marco aparece la necesidad de proteger ante todo la salud de la población, como así también el medio ambiente y la producción agrícola”, añadió el senador santafesino.
“Esto –continuó– no se logra solamente con plasmar en el texto de una ley un nivel de exclusión mayor al existente. Hace falta un sinnúmero de acciones que van desde las llamadas buenas prácticas (como ver el sentido del viento y disponer correctamente los residuos de los productos), la participación de los municipios y las comunas (dictando sus ordenanzas locales y controles) y de las organizaciones de la sociedad civil (ONG, colegios profesionales, instituciones vinculadas a la actividad agrícola y consejos regionales, entre otros), y el establecimiento de cortinas ecológicas, hasta el control, la fiscalización, la concientización y capacitación permanente de todos los actores.
“Resulta evidente que pensando en términos productivos y económicos, y pensando en la salud humana y ambiental, hay una necesidad en el país de tender a modificar una estructura basada en la utilización masiva e intensiva de los agroquímicos”, dijo Juan Carlos Zabalza, y finalizó: “Sería deseable unificar la legislación que estamos considerando en toda la zona pampeana del país”.
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