El contralor no objetó la concesión en marcha, que había sido cuestionada por el PJ. Por unanimidad, el Tribunal dispuso una auditoría por todo el contrato, con informes anuales y cuatrimestrales.
El Órgano de Control de la Autopista depende del Ejecutivo, a través de la DPV, y su creación es producto de la ley N°11.157 (aprobada en julio de 1994), que autorizó a la explotación del corredor vial en manos de terceros.
El Tribunal -en virtud de la ley de Administración Financiera, Eficiencia y Control del Estado- ha decidido duplicar los controles con una auditoría, a cargo de su Fiscalía General Area I.
De la tarea se encargan cinco profesionales: tres contadores, una abogada y una ingeniera, desde mayo de este año.
Se trata del contrato que liga al Estado Provincial y el concesionario: la firma Autopista Rosario Santa Fe (Arssa), de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Milicic SA, Obring Sa, Vial Agro SA, Laromet SA, Rovial SA y Pecam SA.
Vigilar lo que deja el peaje
Es cierto que todo acto administrativo y económico del Estado provincial está legalmente bajo control del TCP, pero es novedoso el mecanismo de control permanente, y por lo tanto anticipatorio: uno de los fundamentos de la nueva ley 12.510 -que se cumple aún parcialmente- es el de prevenir en materia de controles.
Es esa norma la que cita el Tribunal para tomar la decisión de controlar en forma permanente, con informes de auditoría anual y cuatrimestrales. Recuerda la vigencia de los artículos 148, 149 y 150 de la mencionada norma, referidos al régimen de concesión.
Los considerandos de la disposición que pone en marcha la auditoría del Tribunal (de fecha 20 de mayo pasado) dice que debe vigilarse especialmente “la masa de recursos que conformarán el Fondo de Obras”, al que aporta cada usuario de la autopista. (La concesión santafesina no tiene subsidios del Estado Nacional).
También la disposición N° 14 de 2011 de la Fiscalía General Area I advierte que se deberá “coordinar tareas” con el órgano de control de la concesión (dependiente de la DPV).
En el Senado
Esta semana llegó a las manos de los senadores la respuesta del Tribunal de Cuentas a un pedido de informes de la Cámara de marzo pasado.
Cabe recordar que fue en febrero cuando el Tribunal de Cuentas optó por el doble control, con la unanimidad de sus vocales. Y que en mayo se puso en marcha esa disposición.
El pedido de informes fue requerido por el representante por La Capital, Juan Carlos Mercier. El justicialista sostuvo el criterio de la nulidad del contrato firmado por el actual gobierno, y pidió un pronunciamiento al respecto del Tribunal de Cuentas, que avaló lo hecho por el Ejecutivo.
Esta semana, tras la sesión del Senado, Mercier hizo notar a El Litoral que al calor del debate sobre la concesión de la autopista se han hecho más intensos los controles.
Seguramente, el ex ministro de Hacienda recordaba no sólo la polémica por las facultades del Ejecutivo para concesionar sin una nueva discusión legislativa, sino también el escándalo por el otorgamiento sin concurso ni licitación de la explotación del peaje, por “adjudicación directa” que fuera objetado por el Tribunal de Cuentas (mediante la Observación Legal 039/10-TPC), en agosto de 2010.
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