La jueza de Instrucción Raquel Cosgaya, que fue la primera magistrada en actuar frente al homicidio de Luis Medina, negó ayer haber asignado instrucciones para que un funcionario del Ministerio de Gobierno revisara la computadora portátil secuestrada en la habitación del hotel de la víctima, que tenía antecedentes por narcotráfico. El señalamiento se contradice con lo planteado ayer por dos ministros de Antonio Bonfatti que señalaron que el desbloqueo de la máquina se hizo obedeciendo una decisión judicial y respetando la cadena de custodia de la prueba.
/La Capital |
La jueza Cosgaya refutó haber sido quien aceptó que Javier Echaniz, secretario de Tecnología de la provincia, examinara la Mac Ultrabook encontrada en el Hotel Pullman del City Center, donde Medina se alojaba cuando lo mataron en Acceso Sur y Ayolas el domingo al amanecer. "La policía que intervenía me consultó si efectivos de la Agrupación Unidades Especiales podían registrar un celular y no una computadora. En un momento en que había que actuar con rapidez respondí que el criterio debía ser que interviniera dentro de la policía quien tuviera aptitud para hacerlo. Pero nunca autoricé a un funcionario del Poder Ejecutivo", dijo a este diario.
El ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, y su colega de Gobierno, Rubén Galassi, aseguraron ayer que la orden para que la computadora fuera revisada por un funcionario del Poder Ejecutivo provino de una orden judicial. Aunque ninguno de los dos nombró a Cosgaya no puede haber sido otra magistrada. Ocurre que, por accidente, fue la primera en actuar en el caso. Se debió a que la jueza de turno, María Luisa Pérez Vara, nunca respondió el domingo los llamados telefónicos convocándola al lugar del hecho. Ese celular afectado al turno, insólitamente, no fue entregado.
Lewis y Galassi respondieron las acusaciones del diputado provincial justicialista Héctor Acuña. Este consideró inadmisible "que la policía de Asuntos Internos haya puesto una prueba fundamental como es una computadora personal de Medina en manos de un funcionario político. Han contaminado una prueba del crimen".
Lewis replicó de este modo a Acuña: "No sé qué información tiene él para decir que se ha contaminado la prueba o que ha pasado por varias manos. A mí arrojar este tipo de sospechas infundadas me parece temerario y es muy complicado en un Estado de derecho poner en tela de juicio el funcionamiento de los órganos del Estado", afirmó el ministro a LT8.
Su colega Galassi consideró indignantes los dichos de Acuña. "Nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones. Lamento que la comisión de Seguridad tenga como presidente a una persona con el recorrido político de Acuña", sostuvo. Y afirmó que a la cartera que conduce se le pidió una colaboración técnica desde el juzgado.
Lewis afirmó que "la computadora se llevó a un área técnica del Poder Ejecutivo provincial por orden de una jueza y ante ciertos datos técnicos (los magistrados) buscan reparticiones que tengan esa especialización y que sean capaces de actuar como peritos o auxiliares de la Justicia. La jueza fue la que ordenó que la computadora se llevara a esta repartición a los efectos de que la pudieran desbloquear (se refería a Raquel Cosgaya). Esto fue hecho por una orden judicial y respetando la cadena de custodia. Por eso no sé cuál es la información que tiene este diputado para decir estas cosas".
"Después otra jueza, que en definitiva fue la que tomó la investigación, que no es la misma que había ordenado la pericia, y que tiene otro criterio, decidió remitirlo a otra repartición técnica (aludía a Alejandra Rodenas). El problema no es que la misma jueza se la entregó y después se la sacó, sino que se trata de una jueza que tiene otro criterio investigativo. Se trata de una actitud totalmente normal en el marco de una investigación", dijo.
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