Un ciudadano entabló un reclamo judicial contra la Municipalidad de Santa Fe solicitando “la suspensión del uso del sistema de estacionamiento medido”, “hasta tanto se brinde una adecuada prestación del servicio”. El denunciante sostiene que se afecta el “derecho de propiedad y de defensa” dejando al usuario “en desventaja ante las autoridades”.
./El Litoral |
La presentación la formalizó el procurador Hugo Benuzzi, a través de un recurso de amparo iniciado el 11 de diciembre pasado en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Santa Fe, a cargo del Dr. Carlos Dávila.
Si bien el magistrado se declaró incompetente para entender en el asunto, remitió el recurso al Juzgado de Faltas, de Héctor Valli, que el 16 de diciembre rechazó in límine el planteo; y el 19 de diciembre elevó el expediente a la Cámara de Apelación Penal, concediendo el recurso de apelación con efectos suspensivos.
Según argumentó en el escrito, el profesional se mostró afectado en su rol de usuario del sistema, “como consecuencia del comportamiento permisivo y rotundamente arbitrario que vulnera derechos y garantías constitucionales, a raíz del mal funcionamiento de los parquímetros”.
El denunciante sostiene que “desde que se implementó el sistema vengo padeciendo diversos inconvenientes que me afectan tanto económica como laboralmente”, en alusión a “descuentos injustos en el crédito de tarjetas”; “por las actas de infracción que se me labran por falta de registración”; y por la pérdida de tiempo que representa la búsqueda de parquímetros operativos.
El reclamo, dirigido en primer término al intendente municipal José Corral, pero por añadidura, a la Secretaría de Control, cuyo titular es Ramiro Dall’Aglio, pone de resalto “las manifestaciones vertidas por autoridades municipales que reconocen los serios inconvenientes” respecto del servicio.
Para fundar su reclamo, Benuzzi adjuntó documentación a través de la cual los propios funcionarios del área reconocieron el año pasado problemas de conectividad con la red de celulares que articula el sistema, e incluso se refirió a un anuncio de que iban a dar de baja el convenio con la empresa de telefonía móvil en pos de mejorar la calidad del sistema.
Por último, el amparista manifestó que “las actas de infracción” -bajo un sistema deficiente- “atentan contra el derecho de propiedad del usuario en general”; así como “la falta de emisión de comprobantes por parte de los parquímetros, afecta seriamente el derecho de defensa”, colocando a los usuarios “en un estado de desventaja absoluto ante las autoridades”, concluyó.
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