La licitación de una guardería náutica en el club del Ministerio de Obras Públicas levantó polémica. Se va a cuadriplicar la cantidad de embarcaciones en una zona clave. Su lobbista en el Concejo ni siquiera tiene voz y voto en la institución.
La reformulación de la costa central rosarina llega rodeada de polémicas: mientras el Concejo analiza un convenio acuerdo entre el club Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el municipio para cuadruplicar la guardería náutica --que despierta objeciones de la mayoría de sus propios socios-- dos ediles kirchneristas acusaron a funcionarios municipales de incumplir sus deberes de funcionarios públicos tras lanzar la licitación de la primera etapa del proyecto, a pesar de la suspensión decidida por el Concejo.
Es que el municipio local intenta cambiar la costa central con una gran proyecto de remodelación que se divide en tres etapas: la primera es la de la Guardería Náutica Costa Central; la segunda es la del club náutico MOP (Ministerio de Obras Públicas); y la tercera es la que incluye al Club Náutico Rosario.
Por eso, la Comisión de Planeamiento del Concejo Municipal está analizando el texto del convenio realizado entre el club MOP y el municipio para ampliar en el corazón de la costa rosarina una guardería náutica, cuya capacidad cuadruplicaría la actual. Un dato curioso: el 8 de abril los ediles de la comisión recibieron a los interesados y lobbistas del proyecto: durante toda la reunión habló en nombre de club MOP sin identificarse un hombre que todos creyeron era el presidente de la entidad, Eduardo González. Sin embargo, sobre el final la concejala Fernanda Gigliani le preguntó su nombre y cargo, y éste se identificó como Enrique Huete, socio adherente. Curiosamente, después explicó que esa categoría le impedía tener voz y voto en la asamblea del club.
En el marco de esta discusión, ediles opositores como Héctor Cavallero han planteado sus objeciones: "Son varias las cuestiones para objetar. Tienen que ver desde el origen de la concesión que el estado nacional le otorga al club MOP, también las manifestaciones de los propios socios del club, que no están de acuerdo con el proyecto, y también objetamos que tierras públicas ubicadas en el Parque Nacional a la Bandera, en la costa central, sean entregadas a manos privada. No queremos proyectos privados que interrumpan a los vecinos el contacto con el río en un espacio público como éste".
El concejal del Partido del Progreso Social también remarcó que "los propios integrantes de ese club, que además son muy pocos, no están de acuerdo en su totalidad con este convenio. Así que mientras nos piden la aprobación de este convenio, hay muchos socios que se oponen a la reforma".
El ex intendente no fue el único crítico: el concejal del PRO Rodrigo López Molina aseguró que "el proyecto náutico del MOP es inviable". "El expediente que presentó el municipio para modificar el Parque Náutico del MOP Rosario arroja una serie de irregularidades que hacen inviable el emprendimiento. Es válido querer poner a la ciudad de cara al río pero antes debemos analizar si los proyectos son realizables", dijo el concejal macrista.
Asimismo, el legislador PRO señaló que el proyecto es desproporcionado en cuanto a la cantidad de plazas de amarra y la capacidad real según la superficie. "Actualmente el número de embarcaciones en el MOP no llega a las 200 y si aumentamos un 400 por ciento su cantidad colapsarían las instalaciones", dijo López Molina, para luego agregar que "los errores graves en el proyecto por falta de idoneidad en el aspecto Náutico harían imposible el funcionamiento con amarras y el dragado según los planteos proyectados son irrealizables".
Para López Molina también es objetable la cercanía con un boliche: "El proyecto no tiene medidas de seguridad con respecto al establecimiento Taura que está al lado de las embarcaciones. Nos parece exiguo que exista una mínima separación entre ambas instalaciones. No debemos perder de vista que Taura es un boliche y frente a un plan de aumentar considerablemente las embarcaciones, los riesgos de inflamabilidad pueden ser altos. Por eso, creemos necesario establecer un plan de seguridad adecuado al lugar para así evitar futuros inconvenientes", dijo el edil.
Por su parte, ayer llovieron las críticas a la primera parte del proceso licitatorio porque el municipio desconoció la suspensión ordenada por el Concejo y avanzó. Se trata de la apertura de sobres de la Guardería Náutica Costa Central que estaba suspendida por una serie de irregularidades, según el decreto 39.218 del 18 de abril aprobado por el cuerpo legislativo.
Los concejales del Frente para la Victoria Norma López y Roberto Sukerman, autores de la iniciativa, aseguraron que "Hilda Gontín (Directora de Concesiones) y Eleonora Scagliotti (Secretaria de Producción y Desarrollo) incumplieron los deberes de funcionario público".
Para Sukerman, "la suspensión fue decidida por 30 días y el Municipio debía remitir un informe de evaluación de impacto ambiental aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente provincial".
Sukerman y López tampoco ahorraron críticas a la segunda etapa del proyecto: "Es polémico, por que la propuesta integral incluye al Club del Ministerio de Obras Públicas. Este club está intentando firmar un convenio con la intendencia para reconvertir y remodelar las instalaciones, pero sobre terrenos que se encuentran en litigio entre el municipio y el Estado Nacional por su propiedad. El Club tiene permiso de uso hasta el 2030, es decir, 17 años, casualmente el mismo plazo de concesión de la Guardería Costa Central. La municipalidad dice que son de su propiedad, pero no está del todo claro. Por eso, no puede disponer de esos terrenos libremente", explicaron los ediles.
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