Entre las novedades de la reforma judicial quedó oculta la ley que regula declaraciones juradas de todos los funcionarios. Pide menos información que la norma vigente y dificulta las sanciones contra los acusados.
La Ley 25.188, sancionada en 1999, establecía los “deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”.
Para controlar su aplicación, la norma creaba unaComisión Nacional de Ética Pública, que iba a ser un organismo con muchas facultades para garantizar la transparencia de toda la administración nacional. Para asegurar su independencia, debía estar integrada por 11 miembros provenientes de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo, la Procuración General y elCongreso.
Tan ambiciosa era la ley en términos de transparencia, que determinaba que la comisión tuviera un equipo especial de peritos técnicos para investigar a fondo las incompatibilidades, inconsistencias y delitos de los funcionarios.
Pero la falta de voluntad política de los gobiernos de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner pudo más que la ley, y la comisión nunca fue creada.
Aún así, hasta ahora el texto había quedado siempre disponible para que un Gobierno con vocación de transparencia lo implemente. Pero en el marco de la "democratización de la justicia" que está implementando el gobierno, el Congreso está por aprobar la Ley de Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionarios Públicos, que reemplaza a la norma vigente.
"La ley suprime la Comisión de Ética Pública, que nunca llegó a ser conformada, pero es la que debía controlar que las declaraciones juradas se entreguen, además de hacer un análisis de ellas. No sólo la suprime definitivamente, sino que establece que el control de los funcionarios lo va a hacer la ciudadanía. Esta es una gran falencia porque los ciudadanos sólo pueden denunciar, pero no están habilitados para sancionar", explica Victoria Gama, miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en diálogo con Infobae.
El proyecto que ahora está en tratamiento no reemplaza una ley completamente abstracta, ya que si bien la comisión nunca se creó, otras instituciones asumieron algunas de sus funciones.
"Actualmente -dice Gama- los tres poderes presentan formularios distintos en sus declaraciones juradas. El Poder Judicial lo hace ante el Consejo de la Magistratura; el Legislativo, ante los presidentes de las cámaras; y el Ejecutivo, ante la OficinaAnticorrupción, que demanda las declaraciones más completas y detalladas".
Por eso, uno de los mayores problemas de la nueva normativa es que, al asignar a los ciudadanos el control, elimina tareas de control que esos órganos estaban realizando, como verificar que todos los funcionarios presenten los papeles correspondientes y que no haya falsedades ni incompatibilidades.
De todos modos, la nueva ley tiene algunos aspectos positivos, que estaban implícitos en el funcionamiento de la comisión, pero que no se aplicaban por su inexistencia. Por un lado,como las declaraciones juradas eran recopiladas por distintos órganos, tenían exigencias diferentes para los funcionarios de las distintas áreas. Eso dificultaba tener una medida unificada para comparar el funcionamiento de los distintos poderes del estado.
Además, en la actualidad sólo los miembros del ejecutivo publicitan su información patrimonial, pero no así los jueces y legisladores. A partir de ahora, todos deberán hacerlo.
El problema es que esas dos correcciones se hicieron al precio de unificar la recopilación y la publicación de las declaraciones de los tres poderes en la Oficina Anticorrupción, que depende directamente de la Presidencia y a la que la misma ley le recorta funciones de control.
El contenido de las declaraciones juradas
"La nueva norma sólo dice que los funcionarios deberán entregar un formulario único, igual al que presentan ante la AFIP. No especifica si va ser ganancias, bienes personales, o los dos. Pero en cualquier caso, si sólo hubiera que presentar alguno de esos dos documentos, para muchos sería un retroceso. Por ejemplo, bienes personales pide una valuación totalde los bienes que tiene la persona, pero no exige ningún detalle, mientras que en los formularios que se presentan actualmente se debe precisar la fecha de adquisición, quiénes son los titulares, la valuación al momento de la compra y la localidad", explica Gama.
"Además, hasta ahora los formularios obligaban a decir qué cargos públicos o privados había ocupado el funcionario en los últimos tres años. Esto no está presente en los documentos de la AFIP", agrega.
Esa información es la que permite detectar incompatibilidades entre las funciones que desempeña un funcionario y sus intereses. Por ejemplo, si un ministro adjudica una obra a una empresa de la que fue parte podríamos estar frente a una irregularidad que no sería detectada por las declaraciones juradas.
"Pero como la ley debe ser reglamentada podrían llegar a incluirse los papeles de trabajo de la AFIP, donde se pone detalle por detalle cada uno de los bienes y las ganancias del contribuyente. Eso sí sería similar e incluso más detallado que lo actualmente vigente. Pero no está establecido en la ley", concluye Gama.
Habrá que esperar a la reglamentación para ver cómo se piensa implementar la ley una vez que se apruebe. Pero cuesta imaginar que la ausencia de esos requisitos en el texto de la norma sea accidental y vaya a ser corregida.
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