Lo dijo la querellante Milagros Demiryi. A 10 años de la catástrofe, advierten los peligros de la dilación procesal.
El próximo 29 de abril, se cumplen 10 años de la mayor catástrofe hídrica evitable, que sufrió la provincia de Santa Fe, y quejó a un tercio de la ciudad bajo el agua del río Salado. El cronograma de conmemoraciones ya ha comenzado a llenarse de actividades y el viernes pasado, cuando el intendente José Corral dio su discurso inaugural de sesiones en el Concejo Deliberante, se realizó una manifestación pública en la explanada del edificio en reclamo contra la impunidad.
Y es que ni el paso del tiempo, ni los cambios de gobiernos lograron agilizar y apuntalar la investigación por las responsabilidades. En diálogo con Diario UNO, una de las querellantes de la causa penal que tiene como imputados a tres ex funcionarios publicos (Marcelo Álvarez, ex intendente de la ciudad; Edgardo Berli, ex ministro de Obras Públicas; y Ricardo Fratti, ex director de Hidráulica de la provincia), Milagros Demiryi, explicó cuál es el estado actual del expediente, que desde el mes de diciembre tiene nuevo juez y ahora también, nuevo fiscal.
“Hay dos cuestiones muy graves y concatenadas por las cuales la investigación no avanza: por un lado, el paso del tiempo y la reiteración de medidas dilatorias, exigidas por los abogados defensores de los imputados y por otro lado, la inacción que ha primado de parte del Ministerio Público de la Acusación. La causa ya tuvo cuatro fiscales, y sólo uno de ellos realizó acusaciones concretas que fue el fiscal Roberto Nisnevich, que solicitó la elevación a juicio”, expresó Demiryi.
—¿Por qué creen que no se avanzó en la acusación de los responsables de la catástrofe?
—Creo que ésa es también una forma de garantizar la impunidad. No hay una decisión política, ni judicial de que los responsables vayan presos. Insisto en que ésta es una causa que ya está por cumplir 10 años y han pasado por el expediente cuatro fiscales, de los cuales sólo uno de ellos realizó imputaciones concretas a quienes en su momento eran funcionarios, Álvarez, Fratti y Berli, son los únicos tres que están procesados. Nadie nunca llamó a declarar a Carlos Reutemann. ¿Cómo se debe interpretar eso, no son los fiscales quienes tienen que defender los intereses públicos? Y como esta causa se rige por las normas del antiguo sistema procesal penal, nuestro rol como querellantes es mucho más limitado. Realmente, en estos casos la ciudadanía depende de la acción de los fiscales.
—Creo que ésa es también una forma de garantizar la impunidad. No hay una decisión política, ni judicial de que los responsables vayan presos. Insisto en que ésta es una causa que ya está por cumplir 10 años y han pasado por el expediente cuatro fiscales, de los cuales sólo uno de ellos realizó imputaciones concretas a quienes en su momento eran funcionarios, Álvarez, Fratti y Berli, son los únicos tres que están procesados. Nadie nunca llamó a declarar a Carlos Reutemann. ¿Cómo se debe interpretar eso, no son los fiscales quienes tienen que defender los intereses públicos? Y como esta causa se rige por las normas del antiguo sistema procesal penal, nuestro rol como querellantes es mucho más limitado. Realmente, en estos casos la ciudadanía depende de la acción de los fiscales.
“Cuando instruía la causa De la Torre como fiscal estaba Ricardo Favaretto. Él nunca presentó una prueba, es como que no estuviera trabajando. Eso te demuestra la incidencia del poder, del mismo Estado y del gobierno sobre la Justicia. (A mediados del 2006, Favaretto fue ascendido a juez correccional por el ex gobernador Jorge Obeid). Y, por otro lado, está el problema de los abogados de los acusados, que al no tener estrategias de defensa, lo único que pueden hacer es presentar maniobras dilatorias, medidas que retrasen los tiempos, y son abogados de mucho renombre en la sociedad santafesina.
Entonces, cuando se suman las dos cosas, la inacción de la fiscalía y las maniobras de la defensa, llegamos al panorama actual: una causa penal que ya lleva 10 años de tramitación y que está estancada.
Solamente hay tres imputados y no se ha llamado a declarar a los responsables políticos.
Estrago culposo agravado
La causa ahora quedó a cargo del juez de Sentencia, Gustavo Urdiales, y la fiscal Mariela Jiménez. “El 1 de marzo teníamos una nueva audiencia, para tratar de llegar a acuerdos con la defensa sobre la posibilidad de economizar algunas pruebas, y el 28 de febrero nos avisan que se suspendía porque el fiscal Gerardo Alesso (designado para la causa en diciembre) se había excusado y que fundamentaba la decisión en que él se había inundado en el 2003. Cada uno de estos contratiempos nos preocupan muchísimo porque es tiempo que se pierde. El expediente es sumamente voluminoso, son miles de fojas. Cada nuevo juez, o nuevo fiscal tiene que retomar de cero esa cantidad de información”.
La causa ahora quedó a cargo del juez de Sentencia, Gustavo Urdiales, y la fiscal Mariela Jiménez. “El 1 de marzo teníamos una nueva audiencia, para tratar de llegar a acuerdos con la defensa sobre la posibilidad de economizar algunas pruebas, y el 28 de febrero nos avisan que se suspendía porque el fiscal Gerardo Alesso (designado para la causa en diciembre) se había excusado y que fundamentaba la decisión en que él se había inundado en el 2003. Cada uno de estos contratiempos nos preocupan muchísimo porque es tiempo que se pierde. El expediente es sumamente voluminoso, son miles de fojas. Cada nuevo juez, o nuevo fiscal tiene que retomar de cero esa cantidad de información”.
— ¿Hay riesgo de prescripción?
— Sí, los plazos están corriendo y es una estrategia de los defensores y también del poder político jugar con la prescripción de la causa. Por eso hay tantas maniobras dilatorias y todas son permitidas. Claramente, no hay voluntad política de resolver las responsabilidades y el Poder Judicial no ha estado a la altura de las circunstancias.
—¿Existen pruebas suficientes para llevar adelante las acusaciones?
—Las pruebas existentes son abrumadoras. Solamente tomando en cuenta las pericias, queda claro que Reutemann tenía entre 24 y 48 horas para avisar a la gente que debía evacuar sus casas. Ya con esa omisión, se configura el estrago culposo agravado por las muertes. No nos podemos olvidar que en Santa Fe hubo muertos directos por la inundación y nadie habla de eso. Las referencias siempre son respecto de las pérdidas materiales, que son muchísimas. Pero además, murió gente y si eso no se investiga, se está demostrando un terrible desprecio a la vida de todos los ciudadanos.
Defensas abiertas
En la noche del domingo 27 de abril de 2003, hace casi 9 años, una copiosa lluvia que superó los 1.400 milímetros de agua caída, y una brecha abierta en las defensas del cordón oeste de la ciudad, fue el inicio del desastre hídrico más grave que sufrió la ciudad de Santa Fe en su historia. Dos días después, el martes 29, el agua del río Salado había cubierto un tercio de la ciudad, incluido el Hospital de Niños Orlando Alassia.
En la noche del domingo 27 de abril de 2003, hace casi 9 años, una copiosa lluvia que superó los 1.400 milímetros de agua caída, y una brecha abierta en las defensas del cordón oeste de la ciudad, fue el inicio del desastre hídrico más grave que sufrió la ciudad de Santa Fe en su historia. Dos días después, el martes 29, el agua del río Salado había cubierto un tercio de la ciudad, incluido el Hospital de Niños Orlando Alassia.
Los miles de evacuados, la cifra oficial de 23 muertos y la cantidad de víctimas fatales calculada por los organismos de derechos humanos que ascienden a más de 100, los 7,8 metros que creció el río Salado, las más de tres millones de hectáreas que quedaron bajo agua y los 200 millones de dólares que se estiman como pérdidas económicas son sólo algunos de los números que, como marcas, dejó la inundación.
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