Más de 30 familias recurrieron a
la Defensoría del Pueblo para pedir ayuda en su lucha por la
integración escolar de sus hijos discapacitados. La ley los avala y los
equipos terapéuticos aseguran que esos niños pueden cursar con
normalidad, sin embargo la resistencia de las instituciones todavía es
muy dura.
La Capital |
Chicos especiales que quieren ir a la escuela igual que los demás.
“La falta sensibilidad y de
capacitación docente son algunas de las barreras que todavía hay que
levantar. Aún persisten muchos mitos y miedos sobre lo que implica tener
a un niño con discapacidad en el aula”, explicó la responsable del área
en la Defensoría, Iris Pérez.
La mujer recibe desde hace dos años
los casos de padres desesperados por la educación de sus hijos que,
según los médicos, podrían asistir y aprender en una escuela común, pero
no los aceptan o les reducen el horario. La acumulación de episodios y
la denuncia formal de una madre desencadenó una resolución que emitió la
Defensoría a fines del año pasado.
El Defensor del Pueblo, Edgardo
Bistoletti, firmó una documento que aconseja al Ministerio de Educación
provincial a que “adopte todas las medidas de su competencia para
garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en los
establecimientos educativos de la provincia”. Según la funcionaria, la
resolución “facilitó el trabajo y logró un nexo con el ministerio”.
En efecto, desde esta oficina de
contralor de los poderes públicos actúan como vínculo entre los padres y
la cartera educativa, las directoras de escuelas y las docentes cuando
es necesario.
“En febrero comenzamos a mantener
reuniones con supervisores y jefes de supervisores, que nos atendieron
muy bien, y acordamos una consigna para trabajar este año. La consigna
fue: todos los niños en la escuela, todos los días, todas las horas; y
el Ministerio lo tomó como indicación”, destacó la responsable del área
de Discapacidad.
Se podría decir que se dio el primer
paso, pero los cambios de fondo no se produjeron, por eso las familias
siguen teniendo problemas para que se respete el derecho a la educación
que tienen los chiquitos con discapacidad, como síndorme de Down.
Menos horas. La letra de la ley es
clara. “No puede haber reducción de horarios para los chicos con
discapacidad” aseguró Pérez. Pero hay casos de padres que cuentan que
hace cuatro años la escuela les promete que se regularizará el cursado
de sus hijos y pasan los días, meses y años sin que se produzca cambio
alguno (ver aparte).
“Se podría hablar de horario
progresivo, pero no reducido”, subrayó Pérez, quien aclaró este punto a
los padres que recurrieron a la Defensoría para buscar un salvavidas a
su situación. "Tuvimos reuniones con funcionarios de Educación y quedó
claro que las escuelas no pueden proponer horarios reducidos", abundó la
funcionaria.
Pérez fue clara y explicó: "Reducir el
horario es achicar la posibilidad de aprender y darles menos contenidos;
eso no se puede hacer".
La realidad marca diversas situaciones.
No faltan escuelas donde rechazan, con distintas excusas, a chicos
discapacitados, ni tampoco directoras que no quieren integrar a chicos
Down, o aquellas que se alarman y no saben cómo manejar los casos.
Luego, en el aula, se ve cómo los
chicos son los que más rápido integran a su compañerito "diferente o
especial". "Los problemas, en cambio, se dan entre los adultos que son
los que tenemos los prejuicios y temores", remarcó Pérez. "Los grandes
tenemos que reconocer que un niño con discapacidad integrado es un
beneficio no sólo para él, sino también para el resto de los compañeros
que aprenden contenidos de la vida y sobre todo a ser mejores personas",
reflexionó.
En la búsqueda de soluciones, la
Defensoría atiende problemas puntuales, aunque también en 2010 organizó
la jornada "Educar para la diversidad". No obstante, por alguna razón no
asistió ningún maestro en representación de las escuelas. "Esto muestra
que algo está pasando. El Ministerio no envió a ningún docente" confesó
Pérez.
"Hay una política clara de querer
incluir a los niños, pero luego fallan los mecanismos de implementación
concretos" explicó la referente de la Defensoría, quien escuchó en más
de una oportunidad a maestros que pedían capacitación para trabajar con
niños integrados.
Más allá de las herramientas que
podrían darles, la realidad muestra que también faltan muchos cargos
para maestras especiales que puedan desarrollar la integración. Así las
cosas, desde febrero la Defensoría espera que el ministerio responda a
la solicitud presentada entonces para poder reunirse con la delegada
local de la cartera educativa provincial, Marta Díaz.
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