Los presidentes de todas las bancadas justicialistas de la Cámara de Diputados anunciaron en conferencia de prensa, que no volverán a ingresar al recinto ni a las comisiones hasta que el oficialismo garantice el quórum con sus propios legisladores."Hasta que el Frente Progresista no resuelva sus problemas internos y regularice su situación, nosotros no vamos a ingresar al recinto. Ellos (por los oficialistas) tienen mayoría en la Cámara y en todas las comisiones, por lo tanto, si quieren funcionar pueden hacerlo. Tienen que entender que el diálogo no es para tratar sólo las cosas que a ellos les interesan, sino para tratar todos los temas. Tenemos más de 250 pedidos de informes no respondidos por el Poder Ejecutivo”, se quejó el kirchnerista Luis Rubeo.
“Hasta que el Frente Progresista no resuelva sus problemas internos y regularice su situación, nosotros no vamos a ingresar al recinto. Ellos (por los oficialistas) tienen mayoría en la Cámara y en todas las comisiones, por lo tanto, si quieren funcionar pueden hacerlo. Tienen que entender que el diálogo no es para tratar sólo las cosas que a ellos les interesan, sino para tratar todos los temas. Tenemos más de 250 pedidos de informes no respondidos por el Poder Ejecutivo”, se quejó el kirchnerista Luis Rubeo.
Más de una docena de diputados se sentaron este mediodía frente a la prensa en las oficinas de Jorge Lagna para derramar las diferencias que tienen con el oficialismo. “No reglamentan las leyes que se originan en proyectos de la oposición y tienen 250 pedidos de informes votados y no contestados” fue la queja inicial. “Hasta diciembre es responsabilidad del oficialismo garantizar el funcionamiento de la Cámara; en diciembre será del justicialismo”, recordó Rubeo.
El legislador admitió que hubo conversaciones informales con el Frente Progresista durante estos meses, pero confesó que al día de hoy no prosperaron. “El diálogo se hace al menos de a dos -insistió-, y eso lo tendrá que entender el Poder Ejecutivo. Las conversaciones han quedado rotas”.
Los cargos judiciales
El obeidista Mario Lacava, en tanto, reconoció que una de las principales diferencias pasa por los cargos para la futura Justicia Penal. No en el número, que de 820 ya está en 611, sino en el destino. “Los cargos deben ser para el Poder Judicial y dentro de ello para el Ministerio Público y para el servicio de defensa; no para el Poder Ejecutivo. Quién designa al personal es una cuestión que deberán resolver entre el Ejecutivo y el Judicial, no es problema nuestro” señaló Lacava. Enseguida admitió que esto marca una seria diferencia con el oficialismo, que hasta el momento no pudo dictaminar con votos propios el asunto. “No hemos hablado con los ministros de la Corte” aclaró el mismo legislador ante una pregunta puntual.
Oscar Urruty (PPS) se quejó de la falta de respeto a la oposición y señaló que “la inclusión del presupuesto en la mesa de negociación fue lo que rompió la negociación”. El tema fue llevado anoche por el oficialismo y fue la gota que colmó el vaso para la oposición.
Silvia De Césaris dijo que la semana pasada dieron una muestra de buena voluntad al dar quórum para votar la intervención de la comuna de Hughes y Alberto Monti se quejó de que “quieren una cámara a su medida”.
La actitud del PJ es el corolario de una sucesión de tensiones que tornaron crítica la relación entre radicales y socialistas, y que complicó la situación interna de la coalición gobernante. Los vaivenes políticos a partir de los diferentes escenarios electorales -tanto a nivel provincial como nacional- profundizaron la brecha entre los principales aliados, y llegaron a obstaculizar la labor legislativa, prácticamente paralizada desde el pasado 1° de mayo.
Documento
En un documento que el PJ difundió de manera paralela a la conferencia, denunciaron “la escasa predisposición al diálogo” de parte del gobernador para debatir temas prioritarios y fijar políticas de Estado. Frente a ello, solicitaron que el Ejecutivo dé “urgentes respuestas a la ciudadanía” a una serie de puntos, como los niveles de inseguridad, el déficit fiscal de más de mil millones de pesos, los bajos niveles de inversión en obra pública, y la falta de seguridad vial. También reclamaron por la reglamentación de leyes sancionadas pero que no vigentes.
Finalmente le recomendaron al gobernador electo, Antonio Bonfatti, “realizar todos los esfuerzos que sean necesarios con el fin de evitar cometer los mismos errores incurridos por la presente gestión”.
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