Es el coronel Hernan Melitón Martínez procesado por el juez federal Carlos Vera Barros por la "privación ilegal de la libertad", tormentos agravados y robo agravado. En su indagatoria, aseguró que hacia "informes de oficina". Martínez se desempeñaba en Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe.
Rosario 12 |
Ya en 1984 un testigo clave dijo que al coronel Héctor Melitón Martínez le decían "Nolo" en los chupaderos de la dictadura y un preso común lo llamó "capitán Martínez" cuando operaba en la comisaría 4ª. En 2005, querellantes de lesa humanidad pidieron su detención y en 2009, tres víctimas lo denunciaron en el juicio al ex juez Víctor Brusa. Hace un mes que está preso en la cárcel de Las Flores, después de que el fiscal Walter Rodríguez apelara ante la Cámara Federal de Rosario para acelerar la causa. Esta semana, el juez federal Carlos Vera Barros lo procesó por la presunta "privación ilegal de la libertad" de los esposos Daniel García y Alba Sánchez y la psicóloga Andrea Trincheri, "tormentos agravados" a los tres y "robo agravado" a los García; ratificó la "prisión preventiva" del imputado y ordenó un embargo de sus bienes por un millón de pesos. En la indagatoria, Martínez había dicho que en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe sólo redactaba "informes de oficina", pero el juez no le creyó y reveló que su tarea no era "administrativa", sino que participaba en "interrogatorios" en centros clandestinos.
El 6 de diciembre de 1977 se recuerda por el llamado Operativo Escoba cuando grupos de tareas secuestraron en 24 horas a más de 100 militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) en todo el país. Trincheri militaba en el PCML y se había refugiado en Santa Fe, en la casa de los García. Ellos cayeron a la siesta, en una estación de servicio de Santo Tomé, pasaron por la comisaría 4ª y luego estuvieron secuestrados cinco meses en una quinta de San José del Rincón, a la que los torturadores llamaban "Borgia". Los dejaron en libertad a fines de mayo de 1978, pero Trincheri siguió vigilada hasta marzo o abril de 1979.
El juez Vera Barros dijo que Martínez operó en el Destacamento de Inteligencia 122 desde diciembre de 1975 hasta enero de 1980. Era jefe de Operaciones hasta que en marzo de 1977 ascendió a "jefe de la Segunda Sección -Ejecución-". García y Sánchez lo reconocieron como uno de los represores del "Borgia", donde "estuvo presente en los interrogatorios" que padecieron "con tormentos y vejámenes de todo tipo", agregó el magistrado. "Mientras duró la privación de su libertad, los García fueron despojados de sus bienes muebles e inmuebles (la casa y una camioneta F 100) por parte del grupo que los había detenido", agregó el juez.
En la acusación fiscal, ya en 2010, el Ministerio Público Fiscal había dicho que García, Sánchez y Trinchieri padecieron "las más diversas torturas" en sesiones de "picana eléctrica", "golpes" y "simulacros de fusilamiento". Y señaló a siete integrantes del "grupo de tareas" que operaba en el chupadero: "Nicolás Correa ("Tío"), Julio César Domínguez ("Potín"), Héctor Melitón Martínez ("Nolo"), Héctor Romeo Colombini ("Pollo") y los apodados "Tuli", "Gringo" y "Cucaracho", que aún no fueron identificados".
García y Sánchez recordaron que "Nolo" era "bajito, de cabello castaño, usaba un bigotito y vestía de civil". Y junto con "Potín" Domínguez, daba las "órdenes al resto" de los represores y "participaba en las torturas", explicó el juez.
Vera Barros citó también al testigo clave, Fermín de los Santos, quien en 1984 denunció a catorce represores del Destacamento de Inteligencia Militar que operaban en el circuito represivo de Santa Fe. Dijo que uno de ellos era el "capitán Martínez", al que "llamaban \'Nolo\' por su baja estatura". Recordó la "existencia de tres centros clandestinos", en las afueras de Santo Tomé, en Coronda y en San José del Rincón, donde él oficiaba como médico y "presenció torturas de muchos detenidos".
El juez dijo que Trinchieri "durante las torturas sufrió un desmayo y una vez que recuperó el conocimiento fue auscultada por un médico, quien le recomendó a sus captores que se detuvieran porque se iba a morir".
En esa línea, Vera Barros ponderó otra prueba. "Un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en cuyo fondo documental obran constancias de la actividad desplegada por Martínez, que no se limitaba a una actividad netamente administrativa, como sostuvo en su indagatoria, sino que lo muestra participando en distintos interrogatorios en la seccional 4ª, reconocido por las víctimas como centro de torturas" y en algunos casos "con personal a cargo".
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