Es que luego de cuatro años de la instrumentación del cepo cambiario, tras el categórico triunfo de la presidente Cristina Kirchner para iniciar su segundo período presidencial, el Banco Central se quedó casi sin reservas internacionales propias, la mayoría son prestadas o de extraños, como bonistas y depositantes privados en las entidades financieras y los resultados para la economía en los planos externo, fiscal, monetario, laboral y social son los peores de los 12 años del kirchnerismo.
A fines de octubre de 2011, cuando se anunció el cepo, la cotización del dólar en el mercado único era de $4,40 mientras que en el mercado libre y el implícito en las operaciones de contado con liqui en el mercado de capitales, era de $4,80, esto es con una brecha menor al 10 por ciento.
Pasados cuatro años el dólar oficial cotizó a $9,60, en tanto el contado con liqui se ubicó en $13,61 y el libre cerró octubre al filo de los $16, marcando un brecha del 64 por ciento.
Efectos sobre la economía
En tanto las reservas internacionales del BCRA que había llegado al récord de USD 52.647 al q de febrero de 2011 y se derrumbaron a USD 47.587 millones a fines de octubre de ese año, ahorra se achicaron en valores contables a USD 26.961 millones, con lo que volvió a niveles de casi diez años antes.
El resultado de la balanza comercial de 2011, diferencia entre exportaciones e importaciones, fue de un superávit de USD 10.300 millones, cuatro años después pasó a un déficit que con sólo nueve meses fue de USD 2000 millones, producto de la pérdida de competitividad cambiaria de la producción nacional, pese a que los precios internacionales se mantiene altos en una perspectiva histórica; y la falta de insumos importados en tiempo y forma para fabricar bienes de posterior venta al exterior; de ahí que se contrajera la inversión privada.
En el cuatrienio, la tasa de inflación medida por el INDEC pasó del 9,5% anual al 15% que se calcula para este año, mientras que la real, estimada por el consenso de las consultoras privadas se estacionó entre las más altas del planeta, con un rango de 25% al año.
Esas brechas, junto a la discrecionalidad en la aprobación de las ventas de divisas para la economía real como la producción automotriz, de electrónicos, minera, pero también al resto de los sectores, porque el 80% de las importaciones se vinculan con insumos para todo el espectro productivo, además de los servicios de salud e investigación; el sector inmobiliario y el turístico, fomentaron la fuga de capitales, y restaron capacidad de financiamiento en el exterior, más allá del determinado por la incapacidad de cerrar el capítulo del default de la deuda pública.
Por primera vez en la historia seis organimos como el BCRA, Comisión Nacional de Valores, PROCELAC, UIF, Gendarmería Nacional y la Policía Federal debieron unirse en la caza de quienes quisieran comprar libremente dólares, por considerarla una actividad ilegal.
Ventas autorizadas para ahorro
El comienzo de la aplicación del cepo se instrumentó con las resoluciones de la AFIP 3210 y 3212 del 31 de octubre de 2011 para poner en vigencia la comunicación A5239 del BCRA del 28 de octubre, por la que se creó el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias, para validar solicitudes de compra de divisas, las que se mantienen hasta ahora, pero lo más grave fue fue que se declaró ilegal a dólar en el mercado libre.
Luego siguieron la comunicación A5294, de marzo de 2012, que impidió el retiro de dólares de cuentas en pesos desde cajeros del exterior y a partir de julio la comunicación la A5318 que formalizó la prohibición de comprar dólares para atesoramiento, situación que se modificó luego de la devaluación del 24 de enero de 2014 pero limitado hasta USD 2.000 por mes y con un pago a cuenta de impuestos del 20% sobre el valor del dólar oficial y 35% para viajes al exterior, también acotado a unos USD 80 por estadía en el exterior y para el pago de los gastos con tarjeta fuera del país.
A esas acciones se sumaron decisiones no escritas, como las del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que indujo a los bancos y casas de cambio para que "contribuyeran a reducir la brecha cambiaria", a los importadores para estirar los pagos y a los exportadores para anticipar las liquidaciones de divisas; amén de limitar las autorizaciones de giros de dividendos al exterior por parte de las empresas extranjeras.
El rol de las DJAI
Con la aparición del cepo cambiario también se comenzó a obligar a los importadores a llenar una declaración jurada anticipada de necesidades de importación (DJAI), para racionalizar las ventas de divisas, se generaron medidas difusas y sostenido recorte de los cupos habilitados ad hoc.
Por el contrario, se mantuvo abierto el canal de la venta para ahorro y turismo, con cupos acotados por operación promedio autorizada, pero sin límite en el monto agregado, al punto que octubre de 2015 cerró con transacciones récord: casi 1.200.000 casos y monto también récord para un mes: USD 703 millones, acumulando una salida en menos de dos años de USD 8.548 millones.
Para sostener esa práctica populista de vender dólares para ahorro y racionalizar al extremo para la economía real, primero se acordó un canje de monedas con China por el equivalente a USD 11.000 millones en octubre de 2014 y ahora, en la última semana, se redujeron por mecanismos informales (llamados telefónicos y mensajes de texto por celular) los cupos a los importadores y compañías que prestan servicios en el exterior, como operadores turísticos y compañías aéreas de USD 150.000 a 75.000 por día, y se forzó a Fondos Comunes de Inversión y compañías de seguros a desprenderse de tenencias de bonos nominados en dólares, para intentar reducir la brecha cambiaria entre la paridad oficial y las alternativas contado con liqui y libre.
Todos esos mecanismos sólo contribuyeron a la peor sangría de reservas y destrucción de riqueza desde la aplicación del corralito bancario instrumentado por Domingo Cavallo en octubre de 2001.
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