El juez federal Reinaldo Rodríguez le atribuyó el delito de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas.
Diario UNO |
El juez Reinaldo Rodríguez procesó por tráfico de estupefacientes a Juan Carlos El Chueco Villalba, indicado como uno de los laderos del exsargento de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, Alejandro Aguja Agüero, que habría tenido una participación clave en hacer desaparecer parte del cargamento de 1.662 kilos de marihuana, que fue encontrado en un camión estacionado en un basural de Arroyo Leyes, el 2 de noviembre pasado.
Luego de ser detenido, a principios de junio de este año, Villalba reconoció en su indagatoria haber estado en el lugar donde se encontró el camión Iveco y en el momento en el que llegó la policía, aunque no reconoció haber cargado en su propio vehículo parte de la droga para hacerla desaparecer: “Cuando el camión pasa se ve que corta los cables. Nosotros salimos, vimos un bulto grande, que era el camión en el fondo del basural, nos metimos adentro porque llovía y no vimos a nadie. Hasta que llegó la policía, hasta ahí vimos. De ahí, nosotros nos pusimos a mirar porque llovía, y vimos venir policías en camionetas, hablando por radio y como al tiempo de pasar todo eso, agarré y me fui. Cuando yo voy saliendo, la señora Olivera me revisa la cabina del camión y adentro encuentra un colchón, metales, bolsas de envases de porrón que yo clasifico para vender”, le contó Villalba al juez.
Los datos que acercaron a los investigadores hasta El Chueco, fueron aportados por los testimonios de tres agentes que fueron los primeros en llegar al lugar del procedimiento de Arroyo Leyes aquel 2 de noviembre,
Ezequiel Zoratti, Claudia Rosana Moreira e Iván Duilio Papini, que constataron en el lugar además del famoso camión Iveco, que transportaba un contenedor rojo con la inscripción Hamburg Sud, en aquel basural ubicado al fondo de la calle 62, al costado de la ruta 1, otros dos vehículos: un camión Mercedes Benz 1114, con la cabina roja y un utilitario Peugeot Partner.
También vecinos del lugar, que lo conocen al Chueco, vieron cuando el camión de Villalba se iba del lugar y emprendía camino hacia el sur. La sospecha del fiscal Walter Rodríguez y que ahora corroboró el juez, es que en esa huida Villalba logró hacer desaparecer otra cuantiosa parte del cargamento.
Incluso, en las declaraciones de los agentes, varios de ellos indican que Agüero les pedía a los policías que no avisen a sus superiores de la existencia del segundo camión para negociar parte del botín: “Pará, pará, podemos arreglar esto, no llamés a nadie. Aflojen ese camión (por el Mercedes Benz) que con el otro les alcanza”, citó textual a Agüero el agente Papini. “Casi la totalidad de las declaraciones recabadas en autos, ya sea en calidad de testigos o imputados, refiere haber visto la noche de los acontecimientos el camión marca Mercedes Benz 1114 que el propio imputado en su indagatoria reconoció al serles exhibidas las fotografías del camión secuestrado para la causa”, detalló en su escrito el juez Rodríguez.
En diciembre pasado, el juez federal Reinaldo Rodríguez procesó a los tres policías detenidos por el caso. En su dictamen distribuyó las responsabilidades según los roles que ocupó cada uno de los imputados en el ingreso de la droga a la provincia, la desaparición de parte del cargamento y la fuga de uno de los imputados. El escrito del juez Rodríguez sindica a Alejandro El Aguja Agüero (cumplió funciones en la Sección Inteligencia de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones) por infracciones a la ley Nº 23.737, que sanciona la tenencia y tráfico de estupefacientes.
Agüero está acusado directamente de integrar la banda narco que trajo a Santa Fe el cargamento. En el artículo 5, la ley sanciona con pena de prisión de entre cuatro a 15 años a quien “comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte”.
Además, el juez consideró que en el caso de Agüero, la pena podría ser aumentada en un tercio del máximo a la mitad del mínimo (como lo prevé en el artículo 11º de la misma norma) porque en el hecho intervinieron tres o más personas que actuaron de manera organizada. Mientras tanto, el delito por el cual fueron procesados Cristian Hang (jefe de Orden Público,) y Martín Díaz (jefe de la 8ª Zona de Inspección) es el de encubrimiento agravado y falsificación de instrumento público.
Concretamente, el juez considera que hay pruebas suficientes para indicar que Hang estaba enterado de que Agüero había sido detenido por agentes de la comisaría de Arroyo Leyes como integrante de la banda y que no hizo nada para recapturarlo.
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