El fiscal general y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, resumió la dura agenda judicial que tendrá el próximo presidente, que incluye la crisis en el órgano que designa a los jueces.
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Lo cierto es que la Sala II en lo Contencioso Administrativo tiene una acción de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Abogados que se encuentra en autos para sentencia, un escenario que Sáenz fue contundente al analizar: "Si esta sala dice que es inconstitucional la conformación del Consejo por la falta de equilibrio, se cae todo como un castillo de naipes".
En entrevista con Infobae, Saénz indicó que el Gobierno busca poner a los jueces subrogantes en lugares estratégicos y señaló que tienen puesta la mira sobre uno de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Farah.
Sáenz evalúa el escenario, hace hincapié en la remoción de jueces que se viene sucediendo en los últimos meses y sostiene que "la intención del Gobierno es llegar a octubre sin que un tribunal diga que es inconstitucional el pacto con Irán y sin novedades desagradables en la causa Hotesur ".
-¿Qué opina de la remoción del juez Bonadío de la causa Hotesur?
Esto pasó ayer, recién se conocen los fundamentos pero no me sorprende. Lo venimos diciendo hace meses, van a hacer todo lo posible para crear tribunales a medida y remover a quienes quieran avanzar. Lo dijimos con la denuncia de Nisman, con el pacto con Irán y ahora con Hotesur. Lo que más impotencia e indignación me genera no es la acción política del gobierno, que aunque no la justifico podría entenderla: es la conducta de la gente de adentro del Poder Judicial. Acá hay funcionarios públicos que aceptan cargos o dictan resoluciones muy controvertidas, y otros muchos que no se involucran con este conflicto. Pero bueno, así están las cosas, los hombres y mujeres de la Justicia formamos parte de esta sociedad y somos su reflejo.
Acá hay funcionarios públicos que aceptan cargos o dictan resoluciones muy controvertidas, y otros muchos que no se involucran con este conflicto.
-¿Considera que el juez Daniel Rafecas será imparcial?
Me gustaría pensar que si, pero el archivo de la denuncia de Nisman realmente fue sorpresivo y difícil de entender para nosotros. El apartamiento de Bonadio fue sin dudas un nuevo avance del poder político sobre la Justicia.
Me gustaría pensar que si, pero el archivo de la denuncia de Nisman realmente fue sorpresivo y difícil de entender para nosotros. El apartamiento de Bonadio fue sin dudas un nuevo avance del poder político sobre la Justicia.
-¿Qué escenario atraviesa hoy el debate por las subrogancias?
En los últimos días parece como que hubiera un nuevo avance del Ejecutivo por sobre el Poder Judicial. Se sancionó una ley de subrogancias que les permite designar jueces subrogantes con mayoría simple del Consejo. Hay que recordar que este órgano con la reforma que propulsó la misma Cristina Kirchner cuando era senadora, pasó de 20 a 13 miembros, y para que se entienda el desequilibrio que hay actualmente en el Consejo hay que ver que lo integran tres senadores, tres diputados, un representantes del Ejecutivo y eso ya es la mayoría absoluta: quedan seis para repartir entre tres jueces, dos abogados y un representante de los académicos. En síntesis, que seis legisladores y un representante de Ejecutivo puedan dominar la mayoría del Consejo es directamente inconstitucional, porque la Constitución en el artículo 114 dice que el Consejo deberá preservar el equilibrio entre los estamentos.
-¿Entonces considera que la integración del Consejo no respeta la Constitución?
De hecho la Sala II en lo Contencioso Administrativo tiene una acción del Colegio de Abogados que inició hace años y que está en autos para sentencia. Si esta sala dice que es inconstitucional la conformación del Consejo por la falta de equilibrio, se cae todo como un castillo de naipes.
-¿De prosperar la acción que está en la Sala II, cómo continuaría adelante el Consejo?
Habría que determinar una ingeniería jurídica para ver cómo se aplica esa sentencia... ¿Se cierra el Consejo? ¿Se hace uno nuevo? ¿Son nulos los concursos celebrados en estos 8 años? Debería ser una medida hacia adelante, porque no se puede generar inseguridad jurídica. Estamos a las puertas de un cambio en el Consejo, porque ha llegado a un grado de crisis y de parálisis que ya no da para más; lo que sucede es que esta parálisis es muy funcional al Gobierno para seguir nombrando subrogantes.
-¿Cuál es su análisis al respecto?
Si se paraliza el Consejo, es decir que no consiguen de ninguna forma los dos tercios de sus miembros para nombrar la terna de un concurso, entonces se cierra el grifo del nombramiento de jueces, pero las vacantes se siguen incrementando ya que los jueces se jubilan, se retiran o se mueren, y entonces los subrogantes aumentan.
-¿Cómo se conforma la lista de subrogantes y qué garantías tienen?
El reciente fallo de la sala II de la Cámara Federal que declaró inconstitucional los artículos 1 y 2 de la ley apunta justamente al núcleo del conflicto. El artículo 1° establece que la ley se aplica en casos de licencia, suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier otro impedimento de tengan los jueces; es decir que es muy claro que debe existir el lugar libre para poner un subrogante. La nueva ley no autoriza a remover a un juez y poner a otro (como ocurrió con Cabral), lo que pasa es que no cumplen ni la ley que ellos mismos crean. El artículo 2° pone en paridad de condiciones a los jueces y a las listas de abogados conjueces para elegir un subrogante y esto es absolutamente inconstitucional. El tema de que un juez subrogue en otro juzgado debe ser algo excepcional, lo lógico es que cada juzgado tenga su juez de la Constitución, es decir, nombrado por concurso y con acuerdo del Senado. Los subrogantes antes cumplían una función específica para no suspender o paralizar el servicio de Justicia. Además este artículo 2° es el que establece que las designaciones de subrogantes se harán con la mayoría absoluta, es decir, siete miembros sobre un total de 13, los votos que tiene exactamente el oficialismo en el Consejo. La Asociación de Magistrados acaba de presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad que contempla estos argumentos y muchos más, de hecho ya hay como 15 pedidos de inconstitucionalidad para esta ley.
-El Consejo, en cierta forma, tiene una función política...
El problema vino con la conformación del Consejo. Este órgano tiene la función de medir la idoneidad. La designación de un juez es un acto complejo, en el que intervienen los tres Poderes del Estado, y tiene un componente político y lo tuvo siempre porque lo elegía el presidente y necesitaba acuerdo del Senado, lo que implicaba cierta negociación política. Eso sigue estando y además sucede también dentro del Consejo, y es por eso que debe ser equilibrado en cuanto a los estamentos. El núcleo del argumento del pedido de inconstitucionalidad de la Asociación es justamente que buscan nombrar subrogantes con una mayoría simple, en vez de la agravada de dos tercios, porque este mecanismo le saca la legitimidad política que le da a la terna ser aprobada por una mayoría donde están involucrados todos los estamentos. Esto hace que el suplente tenga menos legitimidad, porque no ha pasado por ningún control de idoneidad. Considero que la Corte va a expedirse sobre el tema antes de fin de año y nuestra esperanza es que declare inconstitucional la ley.
-¿Qué sucede entonces con el justiciable?
Acá aparece el papel que juega la garantía del juez natural. Veamos un ejemplo: no era una garantía de Cabral quedarse en la Cámara de Casación, la garantía era de todas las partes que intervienen en las causas donde Cabral tendría que haber dictado sentencia, que le sacan a un juez y le ponen a otro. Al justiciable le generan el problema de que le paralizan el expediente. Creo que la intención del Gobierno es llegar a octubre sin que un tribunal diga que es inconstitucional el pacto con Irán.
-¿Por qué tildan al tema de los subrogantes como una "avanzada" del Gobierno sobre el Poder Judicial?
Uno podría pensar que la intención del gobierno es arrasar con todos los subrogantes que hay y poner a gente afín a su pensamiento; sin embargo el Consejo está dando algunas señales -como lo hizo con la Cámara del Crimen- en donde la Comisión de Selección decidió respetar las subrogancias que se venían llevando adelante. Me parece que van a intentar poner subrogantes donde les interesa, en lugares estratégicos, como lo hicieron en Casación y como podría pasar por ejemplo con el juez Farah en cualquier momento, porque es titular en la Sala 2 de la Cámara Federal y subroga la Sala 1. En mi barrio dirían que Farah tiene todos los boletos para que lo corran: votó por declarar inconstitucional el pacto con Irán, votó antes y ahora en contra de apartar a Bonadío de Hotesur, y votó a favor de la validez de la denuncia de Nisman. Las cosas llegaron a un punto tal que Julián Álvarez en el último plenario del Consejo de la Magistratura dijo que los jueces tenían la sensación de que los estaban removiendo... Y la verdad justamente es que los están removiendo. Nos hizo acordar a la tristemente célebre "sensación de inseguridad"
-¿En qué argumentos se apoyó la remoción de Cabral?
Cabral era un juez de un tribunal oral, puesto a subrogar en la Cámara de Casación. La subrogancia de Cabral terminaba según la resolución por la que se lo designó, cuando se nombrara un nuevo juez por concurso en esa vocalía. Como su designación había sido muy discutida llegó a la Corte que la ratificó en esos términos. Lo que hizo el gobierno además de dictar una ley inconstitucional, es no aplicar ni la ley que dictaron que en ningún lado dice que se puede sacar a un subrogante para generar una vacante. Es ilegal el sistema de designación que prevé la ley, pero además la remoción de Cabral no tiene ninguna base jurídica.
-¿Piensa que las causas sobre las que iba a decidir Cabral hicieron que se llegara a su remoción?
No tengo dudas de que la remoción de Cabral obedece a su posición de no remover al juez Bonadio de la causa Hotesur, y al conocimiento que se había tenido de su voto en la causa del pacto con Irán. Se busca crear tribunales a medida en las causas que más preocupan al gobierno.
-¿Con qué escenario judicial se va a encontrar quien asuma el Gobierno en 2016?
El 11 de diciembre quien se siente en Balcarce 50, pasa a ser uno de los actores principales de todo este caos. El gobierno que venga se va a encontrar con la misma conformación del Consejo de la Magistratura que vemos hoy, salvo que tendrá la posibilidad de elegir un nuevo representante del Ejecutivo, esto no sería un dato menor porque podría modificar la mayoría simple, pero no llegaría a obtener la de los dos tercios.
Si a mí me consultan, haría hincapié en que deberían reformar el Consejo, y volver a una integración que respete el equilibrio que prevé la Constitución. Otro tema clave es la integración de la Corte: en este punto creo que la Corte tiene que ser de cinco miembros que además fue la última voluntad del Legislativo cuando fijó ese número. Es decir que por lo menos habrá que designar a uno. La ventaja del nuevo Gobierno es que va a tener la oportunidad de plantear el tema desde otro lugar, no como hoy se lo ve como una maniobra para asegurarse la impunidad. Se va a designar a un juez de la Corte que va a estar muchos años en el cargo, varias presidencias, entonces hay que elegirlo en otro clima político, de mayor consenso, sentarse a negociar desde otro lugar y demostrar que podemos volver a un escenario de mayor cordura y salir de la tensión que estamos viviendo. Insisto, el nuevo Gobierno va a tener que volver a las políticas de consenso, ya que además no sabemos cómo quedarán las mayorías legislativas después de las elecciones nacionales.
-¿Qué va a suceder con el Código Procesal Penal?
El tema de agenda para el próximo Gobierno, respecto del Código, refiere a un cuerpo normativo que ya está sancionado y donde el principio acusatorio tuvo consenso y está consolidado. Quien asuma el próximo mandato debería hacer que se implemente el Código en todo el fuero penal federal del país, lo antes posible. No hay razón suficiente que explique por qué se lo implementa en la Ciudad de Buenos Aires nada más. Si en marzo comienza en Capital, en un par de meses más debería estar en todo el país. Y en esta lista de temas también es clave la Ley del Ministerio Público, donde considero que hay que aclarar el tema de la asignación de los casos: porque pasamos de una modalidad de sorteo de causas y de turnos, a que sean los Fiscales Coordinadores de Distrito –designados directamente por la Procuradora General- quienes asignen los casos. En estos casos una vez más quien termina siendo perjudicado es el justiciable ya que le van a elegir el fiscal después de cometido el hecho, y eso será así para su bien o para su mal.
-Se cumplen seis meses de la muerte del fiscal Nisman y aún no se esclarece el caso...
Como fiscal de Cámara de la causa de la muerte de Nisman poco puedo decir de la investigación, no obstante hace tiempo que pienso que cada vez está más clara una de las dos hipótesis que se investigan.
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