"No nos echen, somos niños". Así decían los carteles realizados por los 28 niños del barrio, donde viven 83 personas, la mayoría de nacionalidad peruana. La medida, que iba a ejecutarse hoy, se suspendió por un recurso de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Rosario 12 |
Las veinte familias intimadas al desalojo por el juicio que les inició la empresa Belgrano Cargas ganaron algo de tiempo, pero no tranquilidad. El recurso interpuesto por la Defensoría de Niñez y Adolescencia ante el juez Alberto Bonino logró que éste suspendiera la medida que iba a ejecutar hoy, y la posponga para el martes 23, menos de dos semanas para que se garantice que los 28 niños que integran el grupo no sean expulsados a la intemperie. Se trata en su mayoría de familias de nacionalidad peruana, con ocupación fija, aunque en negro, y acogidas por las instituciones de ese rincón del barrio San Francisquito, junto a la trocha angosta y casi en desuso del ferrocarril, entre Cafferata y San Nicolás al 2700, junto al Mercado de Concentración.
Lo que pintaron grandes y chicos es elocuente: "No nos echen, somos niños que vamos a la escuela". "No me saquen de mi casa, es mi único hogar", ruegan los carteles que flanquean el acceso a esa cuadra interna, a medio metro en paralelo de la vía. A un lado, 19 casitas edificadas con vigas de cemento, bloques de teja y techo de chapa, y piso de cerámicos. Enfrente, una lonja de tierra que los chicos usan para jugar a la pelota. Los mayores la cercaron "para que no venga y se instale más gente que no conozcamos y se arruine el barrio", según explicó Claudio, un vecino solidarizado con el grupo intimado. Es que ahí todos se conocen, y en su mayoría migraron desde hace siete años por lo menos desde Cuzco, Arequipa y otras regiones peruanas. "Estamos acá porque es donde pudimos establecernos, y ojo que compramos las parcelas. Invertimos aquí para vivir mejor. Si tuviéramos plata hubiésemos ido al centro, pero es aquí donde pudimos instalarnos, y todo lo hicimos con nuestro esfuerzo, acá no hay subsidios, y tampoco lo queremos", asentaron con orgullosa humildad Concepción y tres vecinas más. Al otro lado de la puerta, John escuchó la charla comunitaria y dejó de estudiar sus apuntes de la Licenciatura en Enfermería para sumar argumentos: "Quizás no pagamos impuestos porque también trabajamos en negro, pero aportamos consumiendo. Si fuéramos malvivientes este lugar no sería como usted lo ve. Esto era un basural cuando llegamos. Somos pobres, pero decentes, y terminamos aquí aunque vinimos con expectativas de que sería mejor, pero todo es muy duro", dijo, manso pero firme. Como él, con 21 años, en esa cuadra habitan otros jóvenes, todos universitarios. "Es que allá en el Perú hay facultad, pero es para los ricos. Para nosotros es muy importante que nuestros hijos estudien, y vinimos para acompañarlos y para buscar un futuro mejor. No somos delincuentes, señor. Los más chicos van a la escuela de acá a la vuelta, nos apoya el cura, también el Centro de Salud nº9. Nos conectamos el agua potable, estamos tramitando las cloacas", contaron las mujeres.
A principios de agosto, el juez Bonino notificó a los Ejecutivos municipal y provincial, y a la jefatura de Unidad Regional II que iba a proceder al desalojo, dispuesto para hoy. "Nadie vino al barrio a comunicar una salida, una alternativa, y la gente está muy preocupada", Salvador Vera, que junto con Marcos y Aldana, participan de la ONG Casa de Todos. "No somos malandrines, no somos ociosos ni fumadores. Acá todos trabajamos, soy viuda, mis dos hijas estudian en la facultad y tengo un nieto de 7 años. No necesitamos subsidios del gobierno, no causamos gastos, nosotros pagamos por esto, algunos 5 mil, otros 10 mil pesos, compramos a un hombre, que ya no está más, y por eso hicimos nuestras casas con material noble. Tenemos miedo. No deben echarnos", relató de un tirón Concepción, peruana que hace siete años reside allí.
Otro vecino de la zona, Leandro, está solidarizado con la situación de este grupo que -enumeró- consta de 83 personas, 28 de las cuales son niños. "Todos trabajan, son gente de bien, construyeron sus viviendas, las mantienen limpias, tienen a sus hijos escolarizados, los jóvenes estudian arquitectura, ingeniería. La tierra es de la Municipalidad, cedida al Estado nacional para el trazado del tren. Deben ponerse de acuerdo aunque no sean del mismo signo político, porque se trata de la vida de 83 personas, un 85 por ciento de nacionalidad peruana", precisó el vecino.
La titular de la Defensoría Provincial de Niños y Adolescentes, Analía Colombo, presentó el miércoles en el juzgado un planteo para que se suspenda el desalojo hasta tanto no se garantice una vivienda digna para los casi 30 menores de edad que habitan en el sector intimado al desalojo. Por eso ayer Bonino concedió algunos días más de plazo, aunque no resolvió la cuestión de fondo.
Vera transmitió la extrañeza de las familias demandadas puesto que "la traza ferroviaria está ocupada en su totalidad, pero el juicio sólo recae sobre un grupo que ocupa sólo en una cuadra", expuso. Además, planteó, las viviendas a desalojar comparten línea de edificación "con otras viviendas de material, un consultorio odontológico habilitado y empresas". Otro dato curioso es que las vías atraviesan el predio del Mercado de Concentración de Productores, al punto de que los custodios de ese lugar deben abrir los portones cada vez que pasa un tren. Y lo cierto es que eso no sucede ni a menudo ni regularmente. El aspecto de los rieles lo connota. "Ahora hace como 2 o 3 meses que no pasa el tren", afirmaron.
En el barrio ahora marcan con rojo el martes 23, pero antes esperan una señal desde el Estado. "Pero la gente no tiene adónde ir, y si no se mudan serán declarados en rebeldía y ahí quedarán expuestos a que los saquen por la fuerza pública, y luego vengan las topadoras a tirar abajo las viviendas", señalaron.
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