Distintos partidos aseguraron que agotarán todas las instancias para impedir las leyes que promueve el Gobierno. Colegios de abogados plantearán la inconstitucionalidad
Crédito foto: DyN
Horas después de que el oficialismo consiguiera en la Cámara de Diputados aprobar los tres proyectos más resistidos del paquete enviado por el Poder Ejecutivo para “democratizar la Justicia”, dirigentes de distintas fuerzas anticiparon una ofensiva para frenar la reforma.
"Usaremos tratados internacionales para impedir la reforma judicial", prometióRoberto Lavagna ayer al visitar la carpa que instaló la oposición en la Plaza del Congreso para rechazar las medidas.
En tanto, el radicalismo anunció hoy que hará denuncias en organismos y tribunales internacionales y un amparo que declare la inconstitucionalidad de la regulación de las medidas cautelares.
"La UCR recurrirá a todas las instancias judiciales para defender la división de poderes, la independencia de la Justicia y para impedir que quede impune la vergonzante corrupción", explicó el titular del partido, Mario Barletta.
Desde esa fuerza indicaron que presentarán un "amparo de alcance general" que declare la inconstitucionalidad de la ley que regula las cautelares porque afecta los derechos humanos y que irán además a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU.
Por su parte, la diputada socialista Alicia Ciciliani dijo: “Vamos a agotar todos los recursos ante la Corte (Suprema)”. Como tantos otros legisladores, sostuvo que los proyectos “están viciados de inconstitucionalidad”.
También solicitará que la Justicia declare inconstitucional algunos proyectos laFederación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), entidad que agrupa a 80 colegios de abogados de todo el país.
El presidente de la FACA, Ricardo De Felipe, sostuvo que la organización "considera que las leyes a sancionarse vulneran a la Constitución Nacional y a los principios republicanos que enuncia".
Explicó que la reforma al Consejo de la Magistratura tiende a "agudizar la injerencia del sector político sobre el Poder Judicial y sobre el resto de los estamentos que componen el Consejo; y a obligar, además, a jueces, abogados y académicos a participar en listas de partidos políticos, contrariando así a la Carta Magna que sólo admite la elección popular para representantes de los órganos políticos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario