Lo confirmó el fiscal Covani. Parte de los depósitos judiciales fueron a tres abogados. Uno de ellos "devolvió" luego 550 mil pesos a la cuenta del Banco Municipal de Rosario.
La Capital |
El juzgado de Rosario donde se detectaron graves irregularidades con depósitos judiciales hizo al menos 56 movimientos de otros juzgados por una suma cercana al millón de pesos. Parte de ese monto fue a parar al pago de tres abogados y un martillero. Las maniobras, denunciadas por el Banco Municipal y que obligaron a la Corte a apartar de su cargo al juez y a su secretario, se realizaron desde mediados de 2010. Uno de los abogados implicados "devolvió" a la entidad 550 mil pesos.
El escándalo que se desató el jueves en los Tribunales cuando salió a la luz la decisión de la Corte de apartar de su cargo al juez civil y comercial Nº 17, Alejandro Pedro Martín, y a su secretario, Ricardo Lavaca, sigue retumbando en el ámbito judicial.
La suspensión de los funcionarios se resolvió tras un allanamiento a sus despachos, y el domicilio particular de Lavaca, y dos estudios jurídicos presuntamente implicados. La irregularidad fue denunciada por el Banco Municipal de Rosario, que detectó entre mediados de 2010 y agosto de 2012 movimientos impropios de dinero en cuentas judiciales con saldos inmovilizados.
El hecho motivó una investigación penal, a cargo de la jueza de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti, en un expediente que no tiene carátula, pero que puede sumar un abanico impensado de delitos que van de los económicos, hasta la asociación ilícita o el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal Nº 2, Carlos Covani, confirmó ayer a LaCapital que los movimientos sobre los que se trabaja para determinar si hubo irregularidades "son 56 embargos de cuentas de al menos 20 juzgados, casi todos civiles y comerciales".
En evidencia. Indicó además que el monto de dinero que se manipuló indebidamente, alcanza el millón 50 mil pesos. Y que llamó la atención que uno de los abogados "devolvió 550 mil pesos a la entidad, movimientos registrados entre octubre y noviembre pasado".
Respecto a la mecánica de la maniobra, Covani fue cauto. "Cuando en mayo de 2010 el Banco de Santa transfirió los fondos de la cuentas judiciales al Banco Municipal de Rosario, esa información pudo haber sido manipulada por varias personas. Ese tipo de manejos se puede realizar si se tiene el dato preciso de la cuenta que está inmovilizada", agregó el fiscal sobre un universo de dinero que muchas veces queda congelado por décadas, pero bajo custodia del Poder Judicial.
Además recordó que, si bien ya pidió la declaración indagatoria, a corto plazo no está previsto que se convoque a los implicados (tres abogados, un martillero, el juez Martín y su secretario Lavaca).
"Eso lo ordenará la jueza", aclaró."Hay que ver si el dinero estaba bien embargado y mal pagado, o al revés. También determinar si las causas eran inventadas, y si el juzgado tuvo complicidad en las maniobras de los abogados, que pudieron invocar conexidad (un antecedente anterior) para acumular los expedientes en el mismo juzgado y evitar el sorteo", agregó.
Protocolo. El fiscal confirmó que en el allanamiento realizado el miércoles por la noche en el despacho de Martín (no en su domicilio particular como trascendió), se secuestraron protocolos de causas y oficios, "y un pagaré de 50 mil pesos de un juicio ejecutivo, que fue el fundante de una de las causas".
Silencio oficial
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia se limitaron a responder que el Poder Ejecutivo “no interviene ni participa” de la investigación de la Corte Suprema de Justicia que derivó en el apartamiento de un juez provincial por presunta corrupción económica.
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