Es por una causa iniciada tras
el crimen de Pimpi Caminos: escuchas telefónicas ordenadas en el marco
de esa pesquisa revelaron que a cambio de dinero dos hermanos fueron
trasladados a un pabellón VIP.
Un sargento que en junio de 2010 prestaba servicio en la Alcaidía de
Jefatura, una de las personas que por entonces estaba detenida por el
homicidio de Roberto Pimpi Caminos, su madre y su novia deberán
enfrentar un juicio oral por el delito de cohecho. La investigación
había comenzado pocos días después del asesinato del ex jefe de la
barrabrava rojinegra, cuando una de las testigos de ese crimen recibió
una amenaza telefónica. Su denuncia motivó que el juez Javier
Beltramone, quien instruía la causa por la muerte de Caminos, ordenara
una serie de escuchas telefónicas que develaron una práctica común, y
por eso no menos escandalosa, sobre los beneficios que adquieren algunos
detenidos que tienen dinero para pagar mejores condiciones. En este
caso se trató del ingreso de un teléfono celular al penal de la Alcaidía
Mayor, donde entonces se encontraban alojados René y Lelio Ungaro, en
el marco de la pesquisa por el asesinato de Pimpi, causa por la cual el
primero fue sentenciado a 17 años de cárcel como autor material del
homicidio.
Ahora será Lelio, conocido como Chapita, de 33 años, quien deberá enfrentar un juicio oral y público junto a su novia, de nombre Melisa, y su madre Gladys, quienes serán juzgados por el delito de cohecho pasivo y el sargento Vlatko Stipetic, por cohecho activo.
El hecho ocurrió en los primeros días de junio de 2010, cuando una dotación de efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) se presentó en la Alcaidía Mayor de la UR II con una orden de allanamiento del juez de Instrucción Javier Beltramone, a fin de requisar el lugar de alojamiento de los hermanos René y Lelio Ungaro, imputados del homicidio de Pimpi, en busca de un celular desde el que habrían amenazado a una de las testigos de la causa.
Las autoridades de la Alcaidía demoraron el ingreso aduciendo que era horario de visitas y que los corredores colmados de familiares de presos podrían resultar riesgosos. Pero la negativa de entrada inmediata derivó en la detención del subjefe de esa dependencia, un comisario inspector que tiempo después recibió falta de mérito, y del sargento Vlatko Stipetic, que cumplía tareas en el penal que tiene entrada por avenida Francia al 5200.
Si bien al momento de la requisa no se halló el teléfono celular que buscaban, varios elementos probatorios, entre los que se cuentan escuchas telefónicas, determinaron –a entender del magistrado– que existió cohecho entre efectivos policiales y familiares de los internos que a cambio de dinero permitieron el ingreso del equipo telefónico.
Así, los policías fueron acusados en un primer momento de los delitos de cohecho activo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público (por la que el subjefe de la Alcaidía más tarde recibió falta de mérito), mientras que el mayor de los hermanos (Lelio, que fue sobreseído en el homicidio del Pimpi) fue procesado por cohecho pasivo simple, al igual que sus dos familiares.
Para el juez de la causa quedó probado en primera instancia que Chapita Ungaro junto a su novia y su madre ofrecían dinero para obtener favores ilegales dentro del penal policial, además de intentar direccionar la investigación en torno del crimen del Pimpi desde llamados telefónicos. Ayer, el fiscal de la causa Aníbal Vescovo elevó a juicio el expediente cuyo procesamiento había sido confirmado por la Cámara Penal.
“Tres lucas por los dos”
Entre las escuchas que figuran en la causa penal puede leerse que la mamá de los detenidos comenta en una comunicación que le piden “1.500 por cabeza” para pasarlos al pabellón 3 que es el denominado VIP. Más adelante se lee que son escuchadas conversaciones entre los detenidos y sus familiares, y que en una de las charlas uno de los internos pide le que digan al abogado “que me pase la 25”. Ese dato fue significativo para el juez Beltramone, que entendió que se trataba de un arma y decidió allanar el lugar. Los pesquisas buscaron un arma calibre 6.25 ya que en un allanamiento llevado a cabo en la casa de Chapita se hallaron balas de ese calibre. El arma no fue hallada en el lugar, pero eso no impidió que Chapita, junto a su novia, y su madre fuesen encausados por cohecho pasivo, mientras que el sargento de policía será juzgado por cohecho activo, porque si bien no se constató que hubiera cobrado dinero, eso quedó sugerido en las escuchas y en el hecho de que tras esos comentarios telefónicos los hermanos Ungaro fueron cambiados de pabellón.
Ahora será Lelio, conocido como Chapita, de 33 años, quien deberá enfrentar un juicio oral y público junto a su novia, de nombre Melisa, y su madre Gladys, quienes serán juzgados por el delito de cohecho pasivo y el sargento Vlatko Stipetic, por cohecho activo.
El hecho ocurrió en los primeros días de junio de 2010, cuando una dotación de efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) se presentó en la Alcaidía Mayor de la UR II con una orden de allanamiento del juez de Instrucción Javier Beltramone, a fin de requisar el lugar de alojamiento de los hermanos René y Lelio Ungaro, imputados del homicidio de Pimpi, en busca de un celular desde el que habrían amenazado a una de las testigos de la causa.
Las autoridades de la Alcaidía demoraron el ingreso aduciendo que era horario de visitas y que los corredores colmados de familiares de presos podrían resultar riesgosos. Pero la negativa de entrada inmediata derivó en la detención del subjefe de esa dependencia, un comisario inspector que tiempo después recibió falta de mérito, y del sargento Vlatko Stipetic, que cumplía tareas en el penal que tiene entrada por avenida Francia al 5200.
Si bien al momento de la requisa no se halló el teléfono celular que buscaban, varios elementos probatorios, entre los que se cuentan escuchas telefónicas, determinaron –a entender del magistrado– que existió cohecho entre efectivos policiales y familiares de los internos que a cambio de dinero permitieron el ingreso del equipo telefónico.
Así, los policías fueron acusados en un primer momento de los delitos de cohecho activo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público (por la que el subjefe de la Alcaidía más tarde recibió falta de mérito), mientras que el mayor de los hermanos (Lelio, que fue sobreseído en el homicidio del Pimpi) fue procesado por cohecho pasivo simple, al igual que sus dos familiares.
Para el juez de la causa quedó probado en primera instancia que Chapita Ungaro junto a su novia y su madre ofrecían dinero para obtener favores ilegales dentro del penal policial, además de intentar direccionar la investigación en torno del crimen del Pimpi desde llamados telefónicos. Ayer, el fiscal de la causa Aníbal Vescovo elevó a juicio el expediente cuyo procesamiento había sido confirmado por la Cámara Penal.
“Tres lucas por los dos”
Entre las escuchas que figuran en la causa penal puede leerse que la mamá de los detenidos comenta en una comunicación que le piden “1.500 por cabeza” para pasarlos al pabellón 3 que es el denominado VIP. Más adelante se lee que son escuchadas conversaciones entre los detenidos y sus familiares, y que en una de las charlas uno de los internos pide le que digan al abogado “que me pase la 25”. Ese dato fue significativo para el juez Beltramone, que entendió que se trataba de un arma y decidió allanar el lugar. Los pesquisas buscaron un arma calibre 6.25 ya que en un allanamiento llevado a cabo en la casa de Chapita se hallaron balas de ese calibre. El arma no fue hallada en el lugar, pero eso no impidió que Chapita, junto a su novia, y su madre fuesen encausados por cohecho pasivo, mientras que el sargento de policía será juzgado por cohecho activo, porque si bien no se constató que hubiera cobrado dinero, eso quedó sugerido en las escuchas y en el hecho de que tras esos comentarios telefónicos los hermanos Ungaro fueron cambiados de pabellón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario