Disponen el cambio de la mayoría de los comisarios de las seccionales rosarinas

La jefatura de la Unidad Regional II cambió también a los titulares de las diferentes brigadas de Unidades Especiales, una semana después de la asunción de nuevos jefes, en el marco de una investigación de complicidad con el narcotráfico.

 

La jefatura de la Unidad Regional II dispuso ayer el cambio de la mayoría de los comisarios a cargo de las seccionales del departamento Rosario y de las diferentes brigadas de Unidades Especiales, a una semana de que el Ministerio de Seguridad desplazara a Néstor Arizmendi y a Daniel Cabrera de esa conducción para reemplazarlos por Walter Miranda y Hernán Brest, con una investigación penal en curso sobre complicidad policial con el narcotráfico como contexto. "Queremos limpiar la imagen de la Policía, empezamos de cero", resumió el subjefe de la URII.

Según Brest, los cambios atañen a los jefes del 70 por ciento de las 34 comisarías y 25 subcomisarías en las que se divide el departamento, y también a las reparticiones contenidas en Agrupación de Unidades Especiales: Brigada de Investigaciones, Sustracción de Automotores, Homicidios, Seguridad Personal, Análisis Delictivo y Control de Agencias de Vigilancia. Leandro Corti, ministro de Seguridad, había anticipado este rumbo en vísperas del descabezamiento de la URII, en la decisión política de "dar señales hacia el interior de la fuerza" para tender a una depuración del personal involucrado en investigaciones penales --por la Justicia-? o administrativas --por la Dirección de Asuntos Internos?.
El primero en caer fue el jefe de la seccional 15ª, Abel Santana, comprometido en la investigación del triple crimen de villa Moreno. Testimonios colectados por el juez Juan Andrés Donnola insinúan su presunta connivencia con el principal acusado, Sergio El Quemado Rodríguez. Luego, familiares de las víctimas de esos homicidios acusaron al personal de la comisaría de proteger a parientes y allegados de otro involucrado en el caso, Ezequiel Villalba, y de permitir amenazas y agresiones por parte de ese clan. Por tanto, una de las primeras medidas que tomó la nueva jefatura fue sacar a Santana de esa comisaría y ponerlo a disposición de División Personal, lo que en buen romance significa "guardarlo en el freezer". En su lugar fue designado el comisario Marcelo Gómez.
El lunes pasado, vecinos de barrio Ludueña quemaron una precaria casa de Garzón y Tupac Amaru, y un centro comunitario de Olavarría y Pasaje 1, señalados como quioscos de drogas. Y acusaron al personal de la comisaría 12ª de tolerar ese delito a cambio de coima. Por lo tanto, el jefe de esa seccional situada en Pedro Lino Funes 212 bis, José Brunelli, siguió en la lista de comisarios relevados.
Consultado por Rosario/12, Brest se abstuvo de opinar sobre hechos puntuales y se limitó a decir: "Por esta clase de cosas estamos acá". Pero aclaró que "la mayoría del personal policial trabaja bien, honestamente, preocupado por su familia y su trabajo. Los que equivocan el camino son pocos y acá todo se sabe". El subjefe explicó que la renovación de comisarios consiste en una rotación de destinos para "desactivar el acostumbramiento, las rutinas, la automatización del trabajo en cada zona y evitar la posibilidad de que el personal se contamine" con las economías delictivas que existen en cada jurisdicción de la mayor departamental santafesina, donde revistan más de 5000 policías.
La otra gran área de la URII, Agrupación Cuerpos, no será sometida a cambios por ahora. Es la que engloba al Comando Radioeléctrico, Brigada de Orden Urbana y Cuerpo de Guardia de Infantería, por citar las principales que marcan la presencia policial cotidiana en la calle.
En este marco, la Policía difundió ayer la noticia de un allanamiento realizado en una vivienda de Pasaje 1357 al 2100 (Superí a esa altura), donde la Dirección de Prevención y Control de Adicciones secuestró tres kilos de cocaína y 700 gramos de marihuana. Tras ello, un hombre de 49 años, el supuesto dealer, quedó detenido.
En tanto, aquella denuncia mediática, proferida por vecinos de Ludueña en su momento de furia, no cayó en saco roto y por esta vez la Justicia decidió actuar de oficio. Ayer el fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, reveló que ordenó investigar si es cierto que el personal de la comisaría de barrio Ludueña coimeaba a los vendedores de droga atacados el lunes por el vecindario. Lo que empujó al jefe de los fiscales a poner la lupa en la seccional 12ª, entre otras, es la pesquisa iniciada a partir de una denuncia anónima recibida a fines de febrero, en la que se involucra a una docena de oficiales en circuitos de recaudación ilegal para hacer la vista gorda con narcotraficantes, ladrones de autos y desarmaderos.
Además de eso, la Dirección de Asuntos Internos tiene abiertas 197 investigaciones administrativas sobre corrupción policial en las diversas unidades santafesinas. De esas, 46 corresponden a sospechas de enriquecimiento ilícito en la que están involucrados altos jefes de la fuerza, y 24 refieren actos de complicidad con el narcotráfico. Desde 2006, Asuntos Internos cerró 7 expedientes y los presentó a la Justicia para que inicie la correspondiente causa penal. Hasta ahora, no hay ni siquiera un solo policía procesado.
Camporini dijo que instruyó a la fiscalía en turno "para que investigue el apodo de un policía que concurriría a buscar dinero al lugar". Y deslizó: "No puedo decir que haya complicidad, pero sí que no saben lo que pasa en su jurisdicción a pesar de que todos los vecinos lo saben. O tengo que pensar que son inútiles, o son corruptos y están en connivencia con la venta de drogas".
Ayer, por Radio Dos, Camporini dijo: "Preocupa que la policía esté involucrada con la droga, aunque no es la mayoría de la fuerza". Como responsable de dirigir la tarea de los fiscales penales en Rosario opinó que la corrupción policial con la venta de estupefacientes "conmueve por los estragos que hace la droga, al producir y generar violencia, muertes". Y relacionó esa situación directamente con la curva ascendente de número de homicidios en Rosario. "Entre 2010 y 2011 hay un incremento del 40 por ciento, razón de más para preocuparse si el personal policial está involucrado" en uno de los factores desencadenantes.
Por último, el fiscal de Cámara tendió un puente hacia el Ejecutivo, desde donde bulle un reclamo latente de colaboración judicial. "El ministro de Seguridad está demostrando compromiso en devolver la credibilidad a la fuerza", concluyó.