La intendenta electa Mónica Fein irá fuerte contra las protestas sociales que impidan el libre tránsito vehicular y "cerquen" la ciudad una vez que asuma su función. Con esta premisa, la inminente jefa municipal arremetió contra las manifestaciones que conllevan "hechos de violencia que no se justifican" cuando apuntan al gobierno nacional.
Para evitar nuevos conflictos, se refirió a la necesidad de trabajar en conjunto con la Justicia y la provincia en la búsqueda de mecanismos que eviten la crisis producida por los cortes. En este punto, pidió diálogo, "pero no con una parte que no escuche", según afirmó en referencia a las organizaciones barriales. Directa, Fein dijo que "hay algunas agrupaciones que en forma periódica y para reclamar a la Nación generan acciones que llevan a una crisis a toda la ciudad". Acto seguido, emitió un juicio valorativo: "No lo comparto; el municipio se ha presentado a la Justicia", dijo en referencia a las últimas expresiones de reclamo que llevaron al extremo la conviviencia ciudadana ante pedidos insatisfechos cuya llave sólo tiene la administración de Cristina Fernández. El miércoles último, Ovidio Lagos y Montevideo fue el escenario de un episodio tenso. Un grupo de manifestantes fue hasta la Secretaría de Servicios Públicos en busca de una respuesta al pedido para que los carreros y los cirujas puedan trabajar con la basura en los barrios. De golpe, en medio de una interrupción de tránsito, un taxista (molesto por el corte) insultó a una mujer quien, según enfatizaron otros choferes, respondió y los ánimos se caldearon. Así, y siempre en base al relato de los manifestantes, el taxista tomó un arma de fuego y golpeó a la militante con la culata. Al conductor también lo acusaron de agredir a otra mujer (que terminó con un corte en el rostro) y a una menor de 14 años, tras lo cual huyó del macrocentro con el parabrisas del auto dañado a raíz de la trifulca. Los referentes barriales amenazaron con un acampe por tiempo indeterminado que finalmente se desactivó. Aquella jornada había comenzado pasadas las 10 cuando la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y otros colectivos encararon marchas y cortes en distintos sectores de la ciudad y se concentraron frente a la delegación del Ministerio de Desarrollo Social nacional (San Lorenzo al 1000), entre otros sitios. "Esto es como poner a la ciudad un cerco para que no se pueda ingresar; debemos generar junto a la provincia y la Justica acciones comunes y ponernos de acuerdo para evitar estas cuestiones. No justifico ningún hecho de violencia, pero claramente es necesario hallar alternativas que impidan o que modifiquen estas cuestiones cuando se obstruye la circulación que es indispensable para la vida cotidiana", repitió Fein. —¿Cómo va a trabajar en su gestión? —Creo que (el intendente Miguel) Lifschitz ha sido uno de los pocos que ha pedido la intervención judicial siendo muy claro en su posición. Tenemos que ponernos en sintonía sobre qué queremos hacer. Hay que evitar una confrontación de vecinos contra vecinos y, a la vez, respetar la protesta social. Seguramente vamos a trabajar sobre los mecanismos más adecuados para lograr que Rosario siga funcionando sobre todo cuando no está en nuestras manos resolver las problemáticas nacionales. En este sentido, la intendenta electa se mostró permeable al diálogo, pero dejó traslucir que los acuerdos en las mesas de negociación no siempre se cumplen o lo hace sólo una parte. "Las agrupaciones tienen que entender que las autoridades democráticas deben lograr el funcionamiento de toda la ciudad; si esto no se consigue, el diálogo es de sordos", remató. La plaza de la toma y las disputas verbales El polémico acampe de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que se desactivó el pasado 2 de septiembre después de 50 días originó, mientras se suscitaba, una serie de encontronazos verbales entre el intendente Miguel Lifschitz y el responsable de esa organización social, Eduardo Delmonte. Además, hubo una controversial incumbencia de la Justicia luego de que el municipio pidiera su intervención. “Es inaceptable que se utilice al ciudadano común como rehén”, dijo Lifschitz el 3 de agosto cuando la protesta estaba en plena ebullición. En aquella oportunidad, el jefe municipal opinó que la Justicia “cuenta con herramientas que van desde citar a los referentes del acampe hasta obligar a una mediación para buscar una solución al conflicto”, Por esos días, Delmonte también se manifestó con contundencia. “La idea de penalizar a los pobres es reaccionaria y nunca condujo a nada”, afirmó acerca de la presentación en Tribunales que el Ejecutivo local había hecho. Claro que en aquel entonces todavía permanecía latente el desalojo de militantes de la CCC de terrenos de la empresa Ledesma en Jujuy, que terminó con la muerte de cuatro personas. “No pretendemos que se reprima como ocurrió allí, no lo estamos solicitando y creemos que no es el mecanismo. Hay que buscar otras herramientas judiciales”, afirmó Lifschitz en aquella oportunidad. Y también se refirió a la decisión de la jueza Correccional Delia Paleari de analizar si los responsables de la manifestación social incurrieron en faltas como el entorpecimiento del tránsito. “Al parecer, la magistrada no considera delito el corte de calle, pero sí pide seguir investigando a los autores políticos del acampe”, indicó el intendente. No obstante, Paleari desmintió a través de un comunicado que haya dicho que el acampe en la plaza Pringles no configuraba un delito, y señaló que se abocó al posible “impedimento de la movilidad de transporte y vehículos en ese lugar”.
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