Es por la denuncia sobre un recibo de pensión. El jefe comunal sospecha de una maniobra.
recibo - ley 5110
El presidente comunal de Santa Teresa, Rodolfo Giraudo, ordenó una investigación interna para determinar si se fraguó la firma de una beneficiaria de las pensiones 5.110, quien asegura en una denuncia penal que alguien falseó su rúbrica para cobrar 945 pesos correspondientes al haber de junio más el aguinaldo. El mandatario deslindó responsabilidad de la gestión, y hasta apuntó a su antecesor y sucesor, sobre quien pesa una investigación que desarrolla la Justicia.
La mujer en cuestión, Elvira Reina Stella Sedo, y su marido y apoderado, Osvaldo Dionisio Benavidez, asentaron en su presentación a la Fiscalía de Villa Constitución que en julio se dirigieron a la comuna para percibir el dinero, pero “nos dijeron que no podíamos cobrar todavía porque no habían mandado nada, y que volviéramos después de las elecciones”, señala el texto de la denuncia en donde además aseguran que al mes siguiente sólo les pagaron el ingreso de julio, y cuando reclamaron el de junio le habrían dicho que ya estaba cobrado.
Según los denunciantes, en la delegación en Villa Constitución de la Caja de Pensiones Sociales de la provincia, a donde la comuna remite los comprobantes de pago firmados por los beneficiarios, está el suyo pero con una firma falsa. Por ello, se dirigieron a la Fiscalía para que se investigue y pida explicaciones al responsable de la comuna. En este sentido, Giraudo aseguró que si bien hasta el momento no recibió ninguna citación a declarar, se va a presentar espontáneamente para ponerse “a disposición de la Justicia porque quiero que esto se aclare”.
No fueron a cobrar. En respuesta específica a las acusaciones, dijo que “tanto la beneficiaria como su marido no se presentaron en ningún momento a cobrar el mes de junio, tal como lo aseguran en la denuncia, y nadie les dijo que volvieran después de las elecciones”, afirmó a La Capital, exhibiendo un sobre con 945 pesos y el comprobante de pago que el beneficiario debería tener en caso de haber retirado el dinero de ese mes.
No fueron a cobrar. En respuesta específica a las acusaciones, dijo que “tanto la beneficiaria como su marido no se presentaron en ningún momento a cobrar el mes de junio, tal como lo aseguran en la denuncia, y nadie les dijo que volvieran después de las elecciones”, afirmó a La Capital, exhibiendo un sobre con 945 pesos y el comprobante de pago que el beneficiario debería tener en caso de haber retirado el dinero de ese mes.
“El comprobante de pago que tiene la Caja de Pensiones fue enviado por la empleada comunal a cargo de las pensiones, pero ella asegura que lo remitió en blanco, sin otra firma más que la mía, y para evitar que se corte el beneficio y darle tiempo al beneficiario para que vaya a cobrar”, explicó Giraudo, y disparó: Ahora habrá que determinar a través de una investigación interna cómo, cuándo y dónde se manipuló el papel que está en la Caja, lo cual es las claras un manejo político para ensuciar esta gestión”.
“No es casual”. Para el jefe comunal, “esta maniobra no es casual”. El la atribuye a un hecho que por estos días se desarrolla en Santa Teresa: desde la semana pasada un perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la provincia realiza una investigación por supuestas irregularidades durante la gestión comunal de 2007 a 2009 presidida por el intendente electo, Gustavo Calabró, quien en los últimos comicios ganó a Giraudo por tres votos.
Y el actual mandatario no duda que su antecesor y futuro sucesor “intenta contrarrestar el impacto en la población de esta denuncia en la que interviene el Juzgado de Instrucción de Villa Constitución, que surgió de una auditoría realizada entre marzo y octubre de 2010, porque el balance de la gestión anterior no cerraba. Con estos resultados, se radicó una exposición en la Fiscalía, que la elevó en denuncia por presunta infracción al artículo 248 del código penal (abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público)”.
Luego de nueve meses, el Juzgado a cargo de Rubén Bissio ordenó la pericia, que se estima llevará al menos un mes y medio de trabajo, y a partir del dictamen del perito y demás acciones que determine el magistrado, la Fiscalía será la encargada de determinar el grado de responsabilidad de Calabró y su entonces gabinete.
Entre otras irregularidades, trascendió que la auditoría realizada al inicio de la actual gestión (y que derivó en una denuncia) arrojó un serio desfasaje económico; supuesta cesión gratuita de terrenos fiscales y malversación de fondos públicos, entre otras anomalías. De las acciones complementarias que determine Bissio para ampliar la investigación y de los tiempos que demanden dependerá la asunción y continuidad de la próxima gestión comunal de Santa Teresa.
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