“El gobierno no debe dejarse llevar por supuestas soluciones mágicas. El prohibir la publicación de anuncios es una medida que sólo logra criminalizar nuestra actividad”.
Así comienza el documento difundido hoy por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar).
La entidad nucleada en la Central de Trabajadores Argentinos advierte en el texto que “es sólo a través de la regulación del trabajo sexual, que se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes mafias instaladas en nuestro país”.
Expone que “la lucha contra la trata de personas es un tema profundo y complejo. Lo sabemos, porque la Asociación de Mujeres Meretrices camina desde hace quince años toda la Argentina.
“Nosotras, las integrantes de Ammar no somos tratadas, no somos obligadas, no somos secuestradas ni nos sentimos más víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales”, exponen.
Tras aclarar que “repudiamos terminantemente la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual de niños y niñas”, Ammar celebra que haya políticas de Estado pero advierte que “la prohibición de publicitar avisos de trabajo sexual no sólo no acabará con la trata de personas con fines de explotación sexual, sino que esta medida cercena el derecho de nosotras, las trabajadoras autónomas, de publicitar nuestros servicios”.
Otro análisis
“No desconocemos que detrás de muchas de las publicidades se esconden casos de trata. Pero no podemos dejar de decir que muchas otras vienen de una fuente de trabajo legítima como es el nuestro”.
Expone la entidad que la creación de una Oficina de Monitoreo de publicación de Avisos para el trabajo sexual es importante, “pero no para monitorear su existencia, sino para detectar casos de trata de personas con fines de explotación sexual”.
“El error en el enfoque no es gratuito, pues deja libre el campo de acción para aquellos que lucran, delinquiendo y aprovechándose del infortunio ajeno. Tapar el problema no es una solución, mucho menos si conlleva la triste consecuencia de seguir avasallando los derechos de miles de personas que hacemos de la oferta de servicios sexuales por propia voluntad, nuestra forma de vida”.
Advierte que “el problema no son las formas de trabajo, sino la estigmatización y falta de reconocimiento de derechos”. Y concluye recordando que la entidad pidió en vano reuniones con el jefe de Gabinete y con legisladores, en su intento por regular el trabajo sexual en el país.
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