El Concejo intervino y los Barrios pagarán menos por las cloacas-EN LA CIUDAD DE ROSARIO

Los ediles opositores votaron las modificaciones correspondientes para que los vecinos de Azcuénaga y Bella Vista no sufran incrementos de hasta el 700 por ciento en obras de desagües. El oficialismo pedía la vuelta a comisión del expediente.

 

En la última sesión, previa al receso invernal, el Concejo Municipal aprobó ayer la modificación al programa integrador de desagües cloacales, un proyecto de ordenanza presentado para que las obras que están en ejecución en los barrios Azcuénaga y Bella Vista Oeste se rijan por la ley provincial 11.220. En las gradas, los vecinos celebraron la rectificación, ya que en los últimos meses habían recibido facturas con aumentos sorpresivos de un 300 y hasta un 700 por ciento. "Los vecinos merecen que se rectifique este error que se ha cometido en la cláusula transitoria de la ordenanza 8539, y que se les respete el derecho adquirido a pagar el cargo de infraestructura estipulado por la ley", indicó la concejala Daniela León (UCR), una de las autoras de la iniciativa. Además, el cuerpo aprobó un proyecto de decreto encomendando al Departamento Ejecutivo la creación de una Mesa de Diálogo y Consenso en relación al conflicto laboral en la secretaría de Promoción Social. El Ejecutivo deberá enviar los resultados al Concejo en un plazo de 45 días. Pasado el mediodía, y luego que finalizara la reunión entre los titulares de los bloques en la comisión de Labor Parlamentaria, las gradas del Palacio Vasallo se poblaron de un lado con los vecinos de los barrios Azcuénaga y Bella Vista; y del otro, con los trabajadores precarizados de Promoción Social que llevan dos meses sin actividad y un mes de acampe frente al Palacio de los Leones. Ataviados con máscaras blancas, y portando banderas solicitando "Políticas Públicas serias" y "Basta de Trabajo en negro", los trabajadores aguardaban que se tratara sobre tablas una iniciativa del concejal Edgardo Falcón (PS) para darle una solución al conflicto laboral que paralizó el funcionamiento de 25 de los 33 Centros Territoriales de Referencia (ex Crecer) de la ciudad. Con la ausencia del edil radical Jorge Boasso, y ante la negativa del concejal del ARI, Oscar Greppi, para que el expediente para tratar la modificación de la ordenanza al programa integrador de desagües cloacales vuelva a comisión como pretendían los 9 concejales socialistas y el aliado radical Gonzalo del Cerro; los 11 concejales opositores tuvieron que esperar que pasaran tres pedidos de prórroga, hasta que el oficialismo finalmente dio el quórum necesario para comenzar la última sesión del cuerpo antes del receso invernal. La concejala Daniela León (UCR), una de las autoras del proyecto para que se rectifique la ordenanza 8.539 aprobada el 17 de junio de 2010, en la que se establece al Banco Municipal de Rosario Mandatos y Negocios SA como fiduciario, para que sigan afectadas a la ley provincial 11.220 que facultaba a la empresa Aguas Santafesinas SA para cobrarle a los usuarios el cargo de infraestructura, cuya finalidad es la de recuperar un porcentaje de la inversión realizada, pidió el adelantamiento del tema. Luego de explicar que originalmente el monto a abonar por los vecinos en concepto de cargo por infraestructura sería de 233 pesos como mínimo, y de 1.165 pesos como máximo; la inclusión de estos vecinos por parte del municipio en los alcances de la ordenanza aprobada el año pasado, representa "sin lugar a dudas un aumento de un 300 por ciento y hasta un 700 por ciento" en los cargos a pagar, la concejala León dijo que su propuesta apuntaba al "marco jurídico, defendiendo el derecho de los vecinos para que se respeta la vigencia de la ley 1120 porque el fideicomiso no les realizó las obras de cloacas, sino que fueron realizadas enteramente por la provincia de Santa Fe". Al argumentar la postura del socialismo, el concejal Aldo Gómez dijo que si no era posible que el expediente volviera a la comisión de Servicios Públicos, el bloque pediría abstenerse de votar, como finalmente lo hicieron. "Desde el punto de vista jurídico, necesitamos un dictamen que sea justo, equitativo y legal", indicó el edil socialista, quien consideró que la aprobación de la ordenanza el año pasado no "fue un error".