No habla español. Nunca fue a la escuela. Vive junto a su familia wichí –madre, padre y nueve hermanos- en Alto de la Sierra, una localidad del norte de Salta que limita con Bolivia y Paraguay. Como otros dos de sus hermanos, sufre una discapacidad mental de la que no se tienen muchas precisiones, salvo que le genera convulsiones. En noviembre, con 12 años de edad, fue víctima de una violación colectiva por parte de ocho hombres ajenos a su comunidad indígena.
La niña –de la que se prefiere preservar su identidad- está internada en el Hospital Público Materno Infantil de la capital provincial a la espera de que este viernes le practiquen una intervención para interrumpir su embarazo de seis meses. El mes pasado, cuando le hicieron la primera ecografía descubrieron que el feto era anencefálico y que no había posibilidades de sobrevida.
El delegado provincial del Inadi y ex Defensor del Pueblo, Álvaro Ulloa, habló con Infobae después de visitarla en el hospital donde está internada. "La denuncia que voy a presentar apunta a que se trató de una discriminación sistémica. No es que 'alguien' se equivocó. No hubo un error de un médico, o un error de un Ministerio. Hubo una política estatal que generó esta situación".
"Nunca fue al colegio, tampoco su madre. Viven a 70 kilómetros de Santa Victoria Oeste, que es el municipio de referencia. No tienen cloacas, ni agua potable. Es un lugar tremendamente pobre, con muy pocos puestos de trabajo y mucha asistencia social", relató Ulloa.
Después de conversar durante varios días con Francisca, la madre de la niña, el delegado del Inadi constató que la menor no recibía –a diferencia de sus otros dos hermanos- ningún tipo de pensión por discapacidad. Tampoco cobraba la Asignación Universal por Hijo, según Francisca, porque nadie de la Anses se acercó a su vivienda. En ese cuadro, después de hacer la denuncia en la policía y de que fuera enviada al hospital para una revisión médica, la niña y su familia no presentaron ninguna petición para que reciba anticoncepción de emergencia o que acceda al derecho al aborto no punible contemplado en el artículo 86 del Código Penal.
Esta práctica, aunque está mediada por un protocolo que en Salta es uno de los más obstaculizadores del país, contempla el derecho de las mujeres a acceder a un aborto cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre, en caso de violaciones, o cuando la mujer "es idiota o demente".
"Los padres denuncian la violación, pero nunca más nadie se acercó. No tuvo ni tiene abogados, no accedió a la pastilla del día después, no la informaron sobre su derecho al aborto no punible, no le hicieron una cámara Gessel porque no había ningún traductor de wichí en toda la provincia... La salud pública no existió y el Estado tampoco", explicó la abogada Mónica Menini, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Menini hizo una petición para poder representar a la menor, pero para lograr el poder necesita que el cacique de la comunidad dé su permiso. Quieren pedir el resarcimiento por el daño que sufrió: "El Estado debería haber actuado y no actuó, y ahora tiene que haber una reparación económica", dijo a Infobae.
Además, según ella, la intervención a la que deberá someterse ahora puede conllevar algún riesgo para la menor por tratarse de un embarazo avanzado, y porque padece una afección pulmonar, además de que podría estar desnutrida.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) presentaron el jueves una carta a las máximas autoridades del país en materia de Derechos Humanos, asuntos indígenas, y derechos de las mujeres para que intervengan en el caso.
Además de denunciar un desconocimiento de las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud, violencia de género, acceso al aborto y una total negación de justicia, el escrito presentado apunta al hecho de que el ataque ocurrió dentro del territorio ancestral de una comunidad indígena, por parte de un grupo de hombres ajenos a la misma.
"Desde hace varias décadas, Lhaka Honhat lucha para que se reconozca plenamente la propiedad comunitaria de las comunidades, situación que ha motivado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya en 1998. Actualmente, las comunidades (...) continúan a la espera de recuperar definitivamente la totalidad de su territorio ancestral, lo que incluye el traslado de las familias criollas a otros territorios designados para tal efecto", dice la carta.
La intervención a la menor, que se espera que sea una cesárea para reducir al mínimo los riesgos para su vida, coincide con el primer aniversario de la gigantesca movilización conocida como #NiUnaMenos que reclamó en todo el país contra la violencia de género, y que vuelve a poner el tema en agenda para que se terminen los abusos como el que sufrió la niña wichí.
Por: Sofía Benavides / Infobae
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