Los indígenas murieron en medio de la represión de marchas y bloqueos del cuarto día de paro que realiza la cumbre indígena, campesina, étnica y popular por tiempo indefinido.
Télam |
Según los cabildos de la zona norte del Cauca, en el sector de El Rosal, por los lados de la población de Caldono, dos miembros de la Guardia Indígena perdieron la vida en medio de los disturbios que se han registrado en la zona como consecuencia del paro.
Uno de ellos fue identificado como Gersaín Cerón, perteneciente al resguardo Las Mercedes, según los indígenas tiene el impacto de una cápsula de gas en el pecho; el otro indígena que perdió la vida en los mismos hechos fue identificado como Marco Aurelio Diaz, sus compañeros dijeron que tenía dos impactos de arma de fuego, reportó el diario bogotano El Tiempo.
"Lamentamos profundamente este episodio. Estamos tratando de constatar que sucedió.
Lamentamos obviamente la muerte de cualquier colombiano. Hemos pedido un informe a las autoridades al respecto. El defensor regional del pueblo se traslada al sitio de la situación", dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
En el sector de Monterilla, en el corregimiento de Mondomo, perteneciente al municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca, también se registraron fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y personal del Escuadrón Antidisturbios (Esmad).
El pasado lunes, cuando se iniciaban las movilizaciones del paro agrario, en el corregimiento La Delfina, en Buenaventura, un joven líder indígena murió atropellado por una tanqueta de la Esmad.
En medio de esa tensión continúa en La María la revisión, entre tres ministros y dirigentes campesinos e indígenas, de los acuerdos del 2014, cuyo incumplimiento dio origen a la minga (asamblea y protesta) indígena que tiene paralizado desde el lunes el flujo automotor por la Panamericana que comunica a Cali con el sur del país y otras rutas.
En tanto, el presiente Santos reconoció, citado por el diario El Espectador, que "hoy hay gente protestando porque no les ha llegado alguno de los recursos, alguno de los proyectos; tienen el derecho de protestar", pero aprovechó la oportunidad para rechazar los actos de violencia que se registraron ayer en la Panamericana tras la represión para liberar los bloqueos de esa estratégica ruta.
"Colombia tiene una deuda con el campo, lo hemos tenido descuidado y por eso nos propusimos cambiarlo a través de iniciativas y políticas, entre ellas, el proceso de paz", agregó el mandatario.
Hace dos años, la Cumbre Agraria -que reúne a movimientos sociales de indígenas, campesinos, afrodescendientes y otros- protagonizó un fuerte paro nacional exigiendo mejoras para el sector agrícola, afectado por los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por el gobierno colombiano, principalmente con Estados Unidos y Europa.
"No se ha cumplido ni el 50 por ciento de los acuerdos mínimos de la minga de 2014", dicen las 13 organizaciones sociales que lideran la nueva protesta y aseguran que no se levantara hasta que el gobierno cumpla lo prometido en cuanto a los puntos mínimos, ya que los temas de fondo hacen al modelo económico que el gobierno no parece dispuesto a modificar y que, tanto con la minería, como la agroindustria, afecta a las comunidades indígenas y campesinas.
Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, organización que participa de las protestas, dijo querer que "en conjunto con el gobierno hagamos un estudio para resolver conflictos territoriales, no sólo entre comunidades, sino también con el sector industrial del país".
"La postura del gobierno es que el modelo no es negociable, pero le estamos pidiendo cosas básicas como, por ejemplo, que cumpla que no haya minería en páramos" campesinos, agrega.
Otro escollo de la negociación es el tema de la ley Zidres (Zonas de Inversión para el Desarrollo Rural, Económico y Social). Según la minga, ésta persigue fortalecer la agroindustria, la entrega de baldíos a multinacionales y no a los campesinos.
"Pedimos derogar la ley Zidres, que se fortalezca la economía campesina y que los territorios baldíos sean entregados a las comunidades. Está en juego la soberanía alimentaria del país", concluye.
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