La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes presentó un pedido de adhesión a la ley nacional para el abordaje de la conflictividad en los ámbitos educativos. Una herramienta importante.
.Diario UNO |
Las situaciones de violencia y conflictividad en el ámbito escolar requieren la realización de acciones concretas para promover ambientes seguros para los chicos. Es por ello que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes propuso que Santa Fe sea la pionera en la nueva ley de convivencia escolar adhiriendo a la ley nacional sobre la temática.
La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo, explicó que la ley nacional se destaca por “su enfoque preventivo y mirada integral sobre la temática”. Además detalló que la misma tiene “una mirada positiva respecto del abordaje de la problemática de referencia realizando un aporte a la convivencia”.
Es por eso que, el miércoles, Colombo y Luciano Leiva –defensor adjunto del pueblo–presentaron ante los diputados Luis Rubeo, presidente de la Cámara, José Tessa, Patricia Gazcué, Oscar Urruty, Germán Mastrocola, Alicia Gutiérrez, Federico Reutemann, Verónica Benas, Inés Bertero, Griselda Tessio y Rosario Cristiani una propuesta para adherir a la ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
“De esa manera la provincia de Santa Fe sería pionera en adherir a la legislación y eso iría en consonancia con las anteriores legislaciones aprobadas en materia de niñez y adolescencia”, sostuvo la defensora.
La iniciativa fue recibida de forma positiva por todos los legisladores que dijeron “compartir la misma mirada y los mismos objetivos planteados por la Defensoría en relación a abordar la problemática desde una perspectiva integral”.
El panorama santafesino
La Defensoría aportó datos sobre las situaciones en las que intervinieron en 2012 y 2013. Allí marcaron que, después del hogar, los ámbitos institucionales son los espacios en los que más afectados ven sus derechos las chicas y los chicos.
La Defensoría aportó datos sobre las situaciones en las que intervinieron en 2012 y 2013. Allí marcaron que, después del hogar, los ámbitos institucionales son los espacios en los que más afectados ven sus derechos las chicas y los chicos.
En el caso de la capital provincial, las situaciones de violencia en el entorno familiar representaron el 81 por ciento de los hechos violentos que afectaron a niñas y niños; el porcentaje restante corresponde a violencias en entornos institucionales. “Las situaciones de violencia en ámbitos institucionales ocurrieron casi en su totalidad en centros educativos, y se trató de agresiones entre los propios niños o adolescentes; en porcentajes mucho menores la violencia fue ejercida por un adulto referente de la institución”, explicaron desde la Defensoría.
Y agregaron que “es importante problematizar el hecho de que la violencia entre pares tenga lugar casi exclusivamente en el ámbito escolar y situar adecuadamente las responsabilidades de los actores intervinientes y de la escuela para contar con más herramientas para trabajar el problema desde una perspectiva integral y conjunta”.
Por lo tanto, destacaron que el camino más adecuado para enfrentar el tema está en “contar con «un marco legislativo que refiera a la convivencia mostrando una mirada positiva respecto del abordaje de la problemática de referencia con una mirada positiva como es el aporte a la convivencia»; la cultura del buen trato y el respeto a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, que involucran a toda la comunidad, pero donde la escuela tiene un rol histórico fundamental en la transmisión de valores colectivos”.
Los objetivos
La normativa es una herramienta más para enfrentar las situaciones de vulneración de derechos que enfrenta un importante número de niñas, niños y adolescentes en la escuela. En ese sentido, la ley reafirma, entre otros, los principios de “respeto y aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación, la resolución no violenta de conflictos, la utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los problemas de convivencia, el respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la enseñanza socializadora de las instituciones educativas, la contextualización de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según las perspectivas de los actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley, el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo ante situaciones de transgresión a las normas establecidas”. Y entre sus objetivos está el garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica.
La normativa es una herramienta más para enfrentar las situaciones de vulneración de derechos que enfrenta un importante número de niñas, niños y adolescentes en la escuela. En ese sentido, la ley reafirma, entre otros, los principios de “respeto y aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación, la resolución no violenta de conflictos, la utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los problemas de convivencia, el respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la enseñanza socializadora de las instituciones educativas, la contextualización de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según las perspectivas de los actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley, el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo ante situaciones de transgresión a las normas establecidas”. Y entre sus objetivos está el garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica.
Al respecto, Colombo destacó que “la legislación establece las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial”.
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