La decisión de suspender un allanamiento en una causa por lavado de dinero a partir de un llamado telefónico de un funcionario nacional generó un ríspido debate en el Consejo de la Magistratura. Finalmente el juez Norberto Oyarbide zafó de las denuncias.
DyN
El Consejo de la Magistratura, con el voto del kirchnerismo, citó hoy al juez Norberto Oyarbide para que voluntariamente, incluso por escrito, dé explicaciones ante las denuncias por suspender un allanamiento a una mutual luego de recibir el llamado de un funcionario, mientras desde la oposición acusaron al oficialismo de “encubrir” al magistrado.
La citación de Oyarbide fue votada por los cinco consejeros kirchneristas -Eduardo De Pedro, Julián Álvarez, Carlos Moreno, Ada Iturrez y Manuel Urriza-, en tanto que Alejandro Fargosi y el senador radical Mario Cimadevilla se habían inclinado por una convocatoria por el artículo 20, una suerte de declaración indagatoria si se tratara de un juicio penal. En tanto, el juez Mario Fera se abstuvo de tomar posición.
El caso generó un duro cruce entre Cimadevilla y los representantes del Frente para la Victoria. “¿Por qué lo encubren?, son una vergüenza”, espetó Cimadevilla, a lo que Moreno replicó: “Ustedes quieren circo y ya lo tuvieron, respetemos las garantías del debido proceso”.
Oyarbide fue citado por el artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación que le permitirá hacer un descargo voluntario por escrito de las acusaciones en su contra, designar abogado y proponer medidas de prueba.
“Una vez más, el voto ‘K’ se impuso para demorar la investigación sobre el irregular accionar de Oyarbide excusándose en formalismos. Es claro que el único objetivo es protegerlo, dilatando su juicio político y su suspensión”, sostuvo Fargosi, quien planteó suspender al juez pero la propuesta no fue acompañada.
A pedido
El juez suspendió el 19 de diciembre pasado un allanamiento que había ordenado a la mutual Propyme por presunto lavado de dinero, tras recibir un llamado del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi, segundo del secretario Carlos Zannini.
El hecho le valió cuatro denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura y dos penales que se tramitan en los Tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.
Oyarbide había archivado en 2012 una denuncia contra Liuzzi por presunto enriquecimiento ilícito, sobre la cual el fiscal Patricio Evers pidió que se reactive y que el juez se aparte del expediente.
En la misma causa, Oyarbide había sobreseído a Liuzzi por negociaciones incompatibles con la función pública.
Durante los últimos días, funcionarios del gobierno nacional, como el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, avalaron a Liuzzi.
Incluso, los funcionarios pusieron en duda si existió el llamado del número dos de Zannini y mencionaron posibles “operaciones” políticas.
La existencia del llamado de Liuzzi fue confirmada por el propio juez, mientras Guillermo Greppi, responsable de la mutual, dijo que había llamado a Liuzzi para que lo ayudara a suspender el allanamiento pues, según denunció, la policía estaba maltratando al personal y le había pedido coimas para dejar sin efecto el procedimiento.
El juez federal Luis Rodríguez tiene en sus manos el expediente por este caso y la Fiscalía le pidió que investigue a los policías acusados de pedir sobornos pero también al juez Oyarbide por su actitud, que también fue denunciada por legisladores opositores.
Asimismo, el fiscal Patricio Evers pidió recientemente que se reabra una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Liuzzi, que había sido cerrada justamente por Oyarbide.
“Doble estándar”
El fiscal José María Campagnoli, suspendido en sus funciones por presunto mal desempeño a partir de un caso donde aparecía involucrado el empresario kirchnerista Lázaro Báez, afirmó estar “azorado” por el “doble estándar” del Consejo de la Magistratura en los casos de los jueces Claudio Bonadio y Norberto Oyarbide. “Estoy azorado por ver la manera en que se maneja la Justicia y cómo en algunos casos hay un doble estándar tan nítido, de apretar el acelerador cuando es un enemigo, un opositor o cuando lo ponen como opositor -como es mi caso-, y en otros, la lentitud y la invitación a decir lo que (Oyarbide) quiera”, planteó. En diálogo con radio Mitre, Campagnoli remarcó que “sin investigaciones independientes, no se puede luchar contra la corrupción”. Campagnoli fue suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, que podría destituirlo en un jury que tiene plazo hasta junio para realizarse. Consultado sobre la “causa final” de esa medida, contestó: “El detonante fue el caso Báez y cuestiones que vincularon al hermano de la ministra de Seguridad (Cecilia Rodríguez), que le dieron la aceleración final, pero también la existencia de un equipo de trabajo eficaz para luchar contra mafias, que es algo que incomoda”.
El Consejo de la Magistratura, con el voto del kirchnerismo, citó hoy al juez Norberto Oyarbide para que voluntariamente, incluso por escrito, dé explicaciones ante las denuncias por suspender un allanamiento a una mutual luego de recibir el llamado de un funcionario, mientras desde la oposición acusaron al oficialismo de “encubrir” al magistrado.
La citación de Oyarbide fue votada por los cinco consejeros kirchneristas -Eduardo De Pedro, Julián Álvarez, Carlos Moreno, Ada Iturrez y Manuel Urriza-, en tanto que Alejandro Fargosi y el senador radical Mario Cimadevilla se habían inclinado por una convocatoria por el artículo 20, una suerte de declaración indagatoria si se tratara de un juicio penal. En tanto, el juez Mario Fera se abstuvo de tomar posición.
El caso generó un duro cruce entre Cimadevilla y los representantes del Frente para la Victoria. “¿Por qué lo encubren?, son una vergüenza”, espetó Cimadevilla, a lo que Moreno replicó: “Ustedes quieren circo y ya lo tuvieron, respetemos las garantías del debido proceso”.
Oyarbide fue citado por el artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación que le permitirá hacer un descargo voluntario por escrito de las acusaciones en su contra, designar abogado y proponer medidas de prueba.
“Una vez más, el voto ‘K’ se impuso para demorar la investigación sobre el irregular accionar de Oyarbide excusándose en formalismos. Es claro que el único objetivo es protegerlo, dilatando su juicio político y su suspensión”, sostuvo Fargosi, quien planteó suspender al juez pero la propuesta no fue acompañada.
A pedido
El juez suspendió el 19 de diciembre pasado un allanamiento que había ordenado a la mutual Propyme por presunto lavado de dinero, tras recibir un llamado del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi, segundo del secretario Carlos Zannini.
El hecho le valió cuatro denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura y dos penales que se tramitan en los Tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.
Oyarbide había archivado en 2012 una denuncia contra Liuzzi por presunto enriquecimiento ilícito, sobre la cual el fiscal Patricio Evers pidió que se reactive y que el juez se aparte del expediente.
En la misma causa, Oyarbide había sobreseído a Liuzzi por negociaciones incompatibles con la función pública.
Durante los últimos días, funcionarios del gobierno nacional, como el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, avalaron a Liuzzi.
Incluso, los funcionarios pusieron en duda si existió el llamado del número dos de Zannini y mencionaron posibles “operaciones” políticas.
La existencia del llamado de Liuzzi fue confirmada por el propio juez, mientras Guillermo Greppi, responsable de la mutual, dijo que había llamado a Liuzzi para que lo ayudara a suspender el allanamiento pues, según denunció, la policía estaba maltratando al personal y le había pedido coimas para dejar sin efecto el procedimiento.
El juez federal Luis Rodríguez tiene en sus manos el expediente por este caso y la Fiscalía le pidió que investigue a los policías acusados de pedir sobornos pero también al juez Oyarbide por su actitud, que también fue denunciada por legisladores opositores.
Asimismo, el fiscal Patricio Evers pidió recientemente que se reabra una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Liuzzi, que había sido cerrada justamente por Oyarbide.
“Doble estándar”
El fiscal José María Campagnoli, suspendido en sus funciones por presunto mal desempeño a partir de un caso donde aparecía involucrado el empresario kirchnerista Lázaro Báez, afirmó estar “azorado” por el “doble estándar” del Consejo de la Magistratura en los casos de los jueces Claudio Bonadio y Norberto Oyarbide. “Estoy azorado por ver la manera en que se maneja la Justicia y cómo en algunos casos hay un doble estándar tan nítido, de apretar el acelerador cuando es un enemigo, un opositor o cuando lo ponen como opositor -como es mi caso-, y en otros, la lentitud y la invitación a decir lo que (Oyarbide) quiera”, planteó. En diálogo con radio Mitre, Campagnoli remarcó que “sin investigaciones independientes, no se puede luchar contra la corrupción”. Campagnoli fue suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, que podría destituirlo en un jury que tiene plazo hasta junio para realizarse. Consultado sobre la “causa final” de esa medida, contestó: “El detonante fue el caso Báez y cuestiones que vincularon al hermano de la ministra de Seguridad (Cecilia Rodríguez), que le dieron la aceleración final, pero también la existencia de un equipo de trabajo eficaz para luchar contra mafias, que es algo que incomoda”.
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