Para el rubro personal del Poder Judicial, la provincia había asignado mil millones de pesos en 2013. Pero como consecuencia de los incrementos salariales, debió sumar otros 318 millones. El año pasado la suba fue del 33%. En febrero de 2014, los ministros de la Corte con más antigüedad cobraron 103 mil pesos de bolsillo.
Los aumentos salariales a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial el año pasado demandaron una erogación extra de 318 millones de pesos. Para pagarlos, el Poder Ejecutivo debió conceder dos ampliaciones presupuestarias: una de 148 millones de pesos para los salarios hasta noviembre, y otra de 170 millones para cancelar sueldos de diciembre y aguinaldos. Esos movimientos financieros fueron plasmados en el decreto Nº 4.153 del 2 de diciembre de 2013, ad referéndum de la Legislatura, y acaba de ser enviado a las Cámaras para su tratamiento en extraordinarias.
Los aumentos -siempre bonificables y remunerativos- para jueces y empleados del sector imputables al ejercicio 2013 superaron el 30%: 5% a partir del 1º de noviembre de 2012 y 5% a partir del 1º de enero de 2013, en ambos casos, no acumulativos; 10% a partir del 1º de marzo de 2013 y otro 10% desde el 1º de julio de 2013. Si se tiene en cuenta que todos los incrementos -excepto los dos primeros- fueron acumulativos, es decir, sobre las bases ya actualizadas, el aumento total fue del 33%. Y no se contempla allí una última suba del 5% aprobada en diciembre de 2013, pero imputable al ejercicio 2014.
Sueldos máximos
Las mejoras salariales, en todos los casos, fueron consecuencia de la denominada Ley de Enganche -Nº 11.196-, que obliga a la provincia -una vez que la Corte provincial dicta sus propias acordadas- a trasladar las mejoras otorgadas por la Nación al sector.
Así, el Ejecutivo debió aumentar en 318 millones de pesos el presupuesto para el rubro personal del Poder Judicial, que en 2013 ya tenía asignados 1.086.000.000 pesos. Según datos de enero de 2014, dicho ítem incluía 3.482 cargos ocupados.
A partir de la política salarial de 2013, que obligó a conceder las dos ampliaciones presupuestarias, más el 10% autorizado en diciembre e imputado a 2014, los sueldos de los seis ministros de la Corte Suprema provincial treparon a cifras que oscilan entre los 88 mil y 103 mil pesos mensuales. Ésos son los importes netos que -según pudo chequear El Litoral- figuran en los recibos correspondientes a febrero de 2014. La diferencia en las remuneraciones depende de la antigüedad de los ministros; dicho ítem representa entre el 40 y 50 por ciento del salario total.
El auxilio
En los considerandos del decreto 4.153, que ahora deberán analizar los legisladores, se justifica la ampliación presupuestaria otorgada por el Ejecutivo asegurando que el gobierno debió “acudir en auxilio” del Poder Judicial para garantizar el pago de salarios. Y advierte que dichas ampliaciones se realizaron “en detrimento de otros compromisos asumidos (...) para otras acciones de gobierno”, por lo que en el mismo acto reclama la “necesaria restitución” de los fondos a la administración provincial.
En diálogo con El Litoral, el subsecretario de Hacienda de la provincia, Pablo Gorban, explicó que es necesario contar con el aval de la Legislatura porque las erogaciones se afrontaron con “ahorros acumulados” de la provincia y no, por ejemplo, con una mayor recaudación.
El decreto también incluye el registro presupuestario de 175 millones de pesos que la Nación retuvo de la coparticipación el año pasado a partir de una deuda contraída por la ex Dipos.
“La provincia había sido garante de la ex prestataria del servicio para un préstamo que había concedido el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa) a través del Programa Nacional de Optimización, Rehabilitación y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal (Pronapac). Pero ese préstamo no lo pagó la Dipos y tampoco la ex Aguas Provinciales. Por lo tanto, nos ejecutaron la garantía por 32 millones de dólares”, precisó.
Gorban dijo que esa erogación fue “afrontada financieramente” y registrada desde el punto de vista presupuestario a través del decreto que ahora está en la Legislatura.
>>> 3.482 cargos ocupados posee el Poder Judicial, según datos del 31 de enero de 2014.
>>> 1.418 millones de pesos terminó siendo el gasto total para el rubro personal en el ejercicio 2013.
Otro aumento autorizado
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamó ayer al gobierno de Cristina Fernández que le envíe más dinero para hacer frente al aumento salarial de los empleados judiciales. En una carta elevada al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, todos los jueces del máximo tribunal reclamaron el envío de 810 millones de pesos: 110 millones para la Corte y 700 millones para el Consejo de la Magistratura. Según se precisó, el incremento de sueldos será del 10 por ciento para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial a partir del 1º de marzo de este año.
En agosto pasado, la Corte fijó su presupuesto en 3.200 millones de pesos para 2014, mientras que en septiembre el Consejo de la Magistratura estimó esa cifra en 8.728 millones de pesos. Ambas cantidades implicaron un aumento del 35% respecto del año anterior.
El artículo 114 de la Constitución Nacional delega la “administración de los recursos y la ejecución del presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia” al Consejo de la Magistratura, pero hasta el año pasado era la Corte Suprema la que ejercía la administración del presupuesto judicial de hecho y delegaba al organismo fondos para el pago de sueldos y para su funcionamiento. En febrero pasado, en el primer acuerdo del año, la Corte hizo saber que dejaría de financiar al Consejo de la Magistratura.
Este nuevo aumento del 10% a partir del 1º de marzo, autorizado por la Corte nacional, también será trasladado -una vez que la Corte provincial lo apruebe y en función de la Ley de Enganche- a los jueces y trabajadores judiciales santafesinos.
Los aumentos -siempre bonificables y remunerativos- para jueces y empleados del sector imputables al ejercicio 2013 superaron el 30%: 5% a partir del 1º de noviembre de 2012 y 5% a partir del 1º de enero de 2013, en ambos casos, no acumulativos; 10% a partir del 1º de marzo de 2013 y otro 10% desde el 1º de julio de 2013. Si se tiene en cuenta que todos los incrementos -excepto los dos primeros- fueron acumulativos, es decir, sobre las bases ya actualizadas, el aumento total fue del 33%. Y no se contempla allí una última suba del 5% aprobada en diciembre de 2013, pero imputable al ejercicio 2014.
Sueldos máximos
Las mejoras salariales, en todos los casos, fueron consecuencia de la denominada Ley de Enganche -Nº 11.196-, que obliga a la provincia -una vez que la Corte provincial dicta sus propias acordadas- a trasladar las mejoras otorgadas por la Nación al sector.
Así, el Ejecutivo debió aumentar en 318 millones de pesos el presupuesto para el rubro personal del Poder Judicial, que en 2013 ya tenía asignados 1.086.000.000 pesos. Según datos de enero de 2014, dicho ítem incluía 3.482 cargos ocupados.
A partir de la política salarial de 2013, que obligó a conceder las dos ampliaciones presupuestarias, más el 10% autorizado en diciembre e imputado a 2014, los sueldos de los seis ministros de la Corte Suprema provincial treparon a cifras que oscilan entre los 88 mil y 103 mil pesos mensuales. Ésos son los importes netos que -según pudo chequear El Litoral- figuran en los recibos correspondientes a febrero de 2014. La diferencia en las remuneraciones depende de la antigüedad de los ministros; dicho ítem representa entre el 40 y 50 por ciento del salario total.
El auxilio
En los considerandos del decreto 4.153, que ahora deberán analizar los legisladores, se justifica la ampliación presupuestaria otorgada por el Ejecutivo asegurando que el gobierno debió “acudir en auxilio” del Poder Judicial para garantizar el pago de salarios. Y advierte que dichas ampliaciones se realizaron “en detrimento de otros compromisos asumidos (...) para otras acciones de gobierno”, por lo que en el mismo acto reclama la “necesaria restitución” de los fondos a la administración provincial.
En diálogo con El Litoral, el subsecretario de Hacienda de la provincia, Pablo Gorban, explicó que es necesario contar con el aval de la Legislatura porque las erogaciones se afrontaron con “ahorros acumulados” de la provincia y no, por ejemplo, con una mayor recaudación.
El decreto también incluye el registro presupuestario de 175 millones de pesos que la Nación retuvo de la coparticipación el año pasado a partir de una deuda contraída por la ex Dipos.
“La provincia había sido garante de la ex prestataria del servicio para un préstamo que había concedido el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa) a través del Programa Nacional de Optimización, Rehabilitación y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal (Pronapac). Pero ese préstamo no lo pagó la Dipos y tampoco la ex Aguas Provinciales. Por lo tanto, nos ejecutaron la garantía por 32 millones de dólares”, precisó.
Gorban dijo que esa erogación fue “afrontada financieramente” y registrada desde el punto de vista presupuestario a través del decreto que ahora está en la Legislatura.
>>> 3.482 cargos ocupados posee el Poder Judicial, según datos del 31 de enero de 2014.
>>> 1.418 millones de pesos terminó siendo el gasto total para el rubro personal en el ejercicio 2013.
Otro aumento autorizado
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamó ayer al gobierno de Cristina Fernández que le envíe más dinero para hacer frente al aumento salarial de los empleados judiciales. En una carta elevada al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, todos los jueces del máximo tribunal reclamaron el envío de 810 millones de pesos: 110 millones para la Corte y 700 millones para el Consejo de la Magistratura. Según se precisó, el incremento de sueldos será del 10 por ciento para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial a partir del 1º de marzo de este año.
En agosto pasado, la Corte fijó su presupuesto en 3.200 millones de pesos para 2014, mientras que en septiembre el Consejo de la Magistratura estimó esa cifra en 8.728 millones de pesos. Ambas cantidades implicaron un aumento del 35% respecto del año anterior.
El artículo 114 de la Constitución Nacional delega la “administración de los recursos y la ejecución del presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia” al Consejo de la Magistratura, pero hasta el año pasado era la Corte Suprema la que ejercía la administración del presupuesto judicial de hecho y delegaba al organismo fondos para el pago de sueldos y para su funcionamiento. En febrero pasado, en el primer acuerdo del año, la Corte hizo saber que dejaría de financiar al Consejo de la Magistratura.
Este nuevo aumento del 10% a partir del 1º de marzo, autorizado por la Corte nacional, también será trasladado -una vez que la Corte provincial lo apruebe y en función de la Ley de Enganche- a los jueces y trabajadores judiciales santafesinos.
EL LITORAL.
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