El Gobierno aplica un ajuste para reducir el déficit fiscal con emisión monetaria y vuelve a emitir deuda tras seis años
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está haciendo lo que se resistía a acometer en los siete años anteriores. En lo que va de 2014 ha devaluado el peso, sincerado las estadísticas públicas, ha pactado la indemnización a Repsol por la expropiación del 51% de YPF, ha iniciado las negociaciones formales por la deuda impaga desde 2001 con los países desarrollados del Club de París, ha permitido que el Banco Central elevara los tipos de interés y este jueves ha anunciado un recorte del 20% de las subvenciones de las tarifas de gas y agua potable en Buenos Aires, que para la mayoría de los usuarios estaban congeladas desde la crisis argentina de 2002. Con esta última medida, el Ejecutivo pretende reducir un déficit fiscal que se ha ido expandiendo de la mano de esos subsidios y que hasta ahora era financiado con emisión monetaria del Banco Central, y el consiguiente impacto en la inflación (32%). También con la intención de reducir la impresión de dinero, el Gobierno argentino emitió este mismo jueves deuda en los mercados por primera vez en seis años.
"Esto no tiene nada que ver con un tarifazo", dijo Fernández este jueves en un discurso difundido por cadena nacional de radio y televisión. La tarifa del gas aumentará entre 100% y 284%, mientras que la de agua se elevará entre el 70% y el 400%. Las diferencias en los incrementos serán según sean barrios de clases alta, media o baja. El Gobierno argentino, que se define como "nacional y popular", excluirá del recorte de subvenciones y del consiguiente ajuste de tarifas a los parados, los trabajadores informales con hijos menores de 18 años y los jubilados que cobran la pensión mínima, entre otras personas de bajos recursos. "Yo me siento un poco la madre del país, la madre de todos los argentinos y realmente es muy grande el esfuerzo que estamos haciendo", ahondó la presidenta.
El aumento de tarifas de gas y agua, que se venía retrasando desde hace años, impactará en un primer momento en el índice de precios al consumidor (IPC), pero la contracción fiscal que supone en términos de subvenciones reduciría la actividad económica y a la vez contribuiría a bajar la inflación en el mediano plazo. Las tarifas eran bajas en Buenos Aires. Por mes, una familia de clase media pagaba 1,85 dólares por el servicio de agua. Ahora abonará menos de 5,60. En cambio, en las provincias las tarifas duplicaban o triplicaban las de los porteños y los habitantes de la periferia.
El recorte de tarifas afectará a hogares y comercios, pero no a las industrias, de modo de fomentar su producción. Además, los usuarios que reduzcan su consumo de gas recibirán descuentos. Argentina ha perdido el autoabastecimiento energético en 2011 e importa cada vez más gas y combustibles. Esas compras externas contribuyen a la escasez de divisas que sufre el país desde aquel año y que ha derivado en la devaluación del peso de enero pasado. Analistas esperan que más adelante el Gobierno de Fernández también reduzca las subvenciones a la energía eléctrica. La presidenta ha justificado las alzas de tarifas por el imperativo de "equidad": que paguen más quienes han mejorado su situación económica respecto de la crisis de 2002. La palabra "ajuste" nunca había sido parte del diccionario kirchnerista, pero ahora ocurre en los hechos.
Además, el Ejecutivo de Cristina Fernández ha tomado este miércoles otra medida inédita desde 2008. El Gobierno argentino además se resistía a endeudarse en los últimos años. Es que desde la manipulación estadística iniciada en 2007 y finalizada recientemente la prima de riesgo argentina ha sido alta y por tanto no podía acceder a los mercados internacionales de deuda con bajos tipos de interés, como otros países latinoamericanos, incluida la vecina Bolivia. Esta situación obligó al Estado argentino a un saludable desendeudamiento, con lo que el pasivo neto descendió a niveles inferiores al 20% del PIB, pero fue a costa de financiar el déficit fiscal con emisión de dinero. Es así que el Gobierno ha decidido este viernes volver a colocar títulos en el mercado por primera vez desde 2008. Lo hará en pesos y en el mercado local. Todos estos giros de política económico han sido aplicado por Axel Kicillof, el economista neokeynesiano acusado de marxista que asumió el cargo de ministro de Economía en noviembre pasado. También ha sido clave el nuevo presidente del Banco Central, Juan Carlos Fabrega. Los cambios han respondido a una situación económica deteriorada.
DIARIO EL PAIS DE ESPAÑA.
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