El escándalo del allanamiento a una financiera que frenó el magistrado tuvo derivaciones penales, con la medida dispuesta por un fiscal. El kirchnerismo viene frenando el procedimiento en su contra en el Consejo de la Magistratura.
De la redacción de El Litoral
DyN
El juez federal Norberto Oyarbide y el subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi, fueron imputados penalmente y comenzarán a ser investigados por el allanamiento a una financiera que el magistrado frenó luego de recibir un llamado del funcionario.
El fiscal federal Ramiro González, que imputó a Oyarbide y Liuzzi, impulsó una denuncia que presentaron diputados de la UCR por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento. El fiscal le solicitó al juez Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa, entre ellas el organigrama de funcionarios de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Carlos Zannini, y los teléfonos que cada uno tiene asignados.
Ocurre que Oyarbide reconoció que el 19 de diciembre, Liuzzi lo llamó para decirle que se estaban cometiendo irregularidades en el allanamiento que había ordenado en la mutual Propyme, propiedad de Guillermo Greppi, tras lo cual suspendió el procedimiento. Greppi llamó a varias personas hasta dar con Liuzzi, amigo suyo, a quien le aseguró que en el procedimiento la policía estaba maltratando al personal y pidiendo coimas.
El juez dijo que lo hizo ante “tan confiable fuente” que le había brindado la información, por lo que recibió duras críticas y cuatro pedidos de juicio político por presunto mal desempeño.
“Es llamativo que un magistrado reciba llamados telefónicos de funcionarios del Poder Ejecutivo en donde se le hacen sugerencias sobre una causa judicial. La receptividad por parte del Dr. Oyarbide presupone un trato previo ya que, de lo contrario, no se explica cómo el juez confió plenamente en la veracidad del autor del llamado y no supuso que podría ser un impostor”, sostiene la denuncia de los dirigentes radicales que dio impulso a la investigación.
La denuncia fue presentada por los diputados Manuel Garrido y Mario Negri y por el senador José Cano. Oyarbide había tramitado en 2012 una causa contra Liuzzi por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública que archivó, la cual se negó a reabrir recientemente ante el pedido del fiscal Patricio Evers.
El fiscal González también solicitó copia del sumario administrativo que se inició por las irregularidades en el allanamiento y copia de todas las causas penales que se tramitaron contra Liuzzi.
El fiscal González y el juez Rodríguez también tienen a su cargo la investigación de los oficiales de la Policía Federal que hicieron el allanamiento en Propyme -de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc)- a los que Greppi acusó de pedir 300 mil dólares en nombre del juez para no hacer el procedimiento.
En esa causa, el fiscal amplió la investigación e imputó hoy a 19 oficiales de la Difoc, de quienes solicitó todos sus legajos y las entradas y salidas de llamadas de sus celulares.
En cuanto al proceso sobre Oyarbide en el Consejo de la Magistratura, los consejeros pertenecientes al kirchnerismo lograron frenar una citación directa al juez que requirieron sus colegas opositores y en cambio le dieron la oportunidad de hacer un descargo por escrito.
DyN
El juez federal Norberto Oyarbide y el subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi, fueron imputados penalmente y comenzarán a ser investigados por el allanamiento a una financiera que el magistrado frenó luego de recibir un llamado del funcionario.
El fiscal federal Ramiro González, que imputó a Oyarbide y Liuzzi, impulsó una denuncia que presentaron diputados de la UCR por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento. El fiscal le solicitó al juez Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa, entre ellas el organigrama de funcionarios de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Carlos Zannini, y los teléfonos que cada uno tiene asignados.
Ocurre que Oyarbide reconoció que el 19 de diciembre, Liuzzi lo llamó para decirle que se estaban cometiendo irregularidades en el allanamiento que había ordenado en la mutual Propyme, propiedad de Guillermo Greppi, tras lo cual suspendió el procedimiento. Greppi llamó a varias personas hasta dar con Liuzzi, amigo suyo, a quien le aseguró que en el procedimiento la policía estaba maltratando al personal y pidiendo coimas.
El juez dijo que lo hizo ante “tan confiable fuente” que le había brindado la información, por lo que recibió duras críticas y cuatro pedidos de juicio político por presunto mal desempeño.
“Es llamativo que un magistrado reciba llamados telefónicos de funcionarios del Poder Ejecutivo en donde se le hacen sugerencias sobre una causa judicial. La receptividad por parte del Dr. Oyarbide presupone un trato previo ya que, de lo contrario, no se explica cómo el juez confió plenamente en la veracidad del autor del llamado y no supuso que podría ser un impostor”, sostiene la denuncia de los dirigentes radicales que dio impulso a la investigación.
La denuncia fue presentada por los diputados Manuel Garrido y Mario Negri y por el senador José Cano. Oyarbide había tramitado en 2012 una causa contra Liuzzi por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública que archivó, la cual se negó a reabrir recientemente ante el pedido del fiscal Patricio Evers.
El fiscal González también solicitó copia del sumario administrativo que se inició por las irregularidades en el allanamiento y copia de todas las causas penales que se tramitaron contra Liuzzi.
El fiscal González y el juez Rodríguez también tienen a su cargo la investigación de los oficiales de la Policía Federal que hicieron el allanamiento en Propyme -de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc)- a los que Greppi acusó de pedir 300 mil dólares en nombre del juez para no hacer el procedimiento.
En esa causa, el fiscal amplió la investigación e imputó hoy a 19 oficiales de la Difoc, de quienes solicitó todos sus legajos y las entradas y salidas de llamadas de sus celulares.
En cuanto al proceso sobre Oyarbide en el Consejo de la Magistratura, los consejeros pertenecientes al kirchnerismo lograron frenar una citación directa al juez que requirieron sus colegas opositores y en cambio le dieron la oportunidad de hacer un descargo por escrito.
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